Clínicas dentales que blanquean algo más que los dientes, bancos que dan un trato “muy particular” al dinero con que trabajan, policías antidisturbios protagonizando altercados callejeros… El guión de esta semana, más aún si lo unimos al de semanas anteriores, alcanza un nivel de degradación que supone la constatación definitiva de la locura de escenario en que hemos convertido a este país llamado España.
La locura, por repetición, puede aparentar que algún día alcanzará el grado de normalidad suficiente como para dejar de parecer algo anecdótico y convertirse en una lamentable costumbre social. Llevamos ya muchas semanas con un goteo, diario e incesante, de desfiles de detenciones por la UCO o la UDEF, los cuales generan una sensación creciente de inseguridad y de falta de credibilidad en el sistema que debe regir la pacífica convivencia ciudadana.
Si a esto añadimos el cruce de declaraciones políticas y acusaciones públicas que se produce en cada uno de estos casos, el desconcierto de la opinión pública es creciente y generalizado. Un claro ejemplo lo hemos tenido esta semana con el “escrache” sufrido por el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Su decisión de eliminar los grupos antidisturbios provocó que fuesen los propios agentes quienes increparan, en plena calle, al concejal con un abanico de insultos e improperios que parecen poco adecuados a los encargados de la seguridad ciudadana.
Cada uno es libre de pensar si la decisión de eliminar los grupos antidisturbios es o no lógica. A mi juicio no lo es porque no son, en sí mismos y como algunos han querido hacer ver, una limitación a la libertad de expresión sino a los excesos que, por mal uso, alguien pueda llevar a cabo en la interpretación de esta libertad constitucional.
Son esos malos usos los que llevan a que la libertad de expresión supere sus límites, que deben estar situados allá donde empiezan los derechos de los demás.Todos, y digo todos, tenemos derecho a circular libremente, a proteger nuestra intimidad, nuestro domicilio y nuestra integridad física y la de nuestra familia, y es función de los poderes públicos y de las fuerzas de seguridad proteger ese derecho individual que todos tenemos.
Los “escraches” resultan condenables vengan de donde vengan y los haga quien los haga. Carece, por tanto, de cualquier lógica que, quienes antes los justificaban, ahora los criminalicen, pero también que quienes antes los condenaban, ahora hagan por entenderlos. Esa lectura distinta que se hace de las mismas actuaciones, según sea quien la protagonice, resta credibilidad a quienes asisten, como espectadores, al lamentable espectáculo político que llevamos viviendo desde hace ya demasiado tiempo.
La violencia, sea verbal o física, es condenable en todos los casos. Hay suficientes cauces legales para expresar nuestra disconformidad con las decisiones que nos afectan y abordar en plena calle, o en su casa, a un cargo público, no figura en ese listado. La cordura y la sensatez nos deben llevar a todos a condenar este tipo de actuaciones. Y si sirven para que quien antes las justificaron entiendan ahora qué suponen y qué efectos producen, mejor que mejor.
Va siendo momento de dejar de mirar solo las siglas a la hora de interpretar según qué actuaciones para poner por delante la cordura, la ética y el sentido común, de dejar las palabras, más aún cuando su único objetivo es el cruce de acusaciones, y pasar a los hechos, que es lo que realmente reclama la ciudadanía. No es solo nuestro prestigio el que está en juego. Es nuestro futuro y el de nuestros hijos y, con esas cosas, no se puede jugar.
Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites
