Una de las grandes conquistas de los trabajadores/as a lo largo de los últimos siglos fue la seguridad social. La seguridad social no fue un regalo, fue el fruto de muchas y duras luchas del movimiento obrero de muchos países y durante y muchos años. Uno de los elementos fundamentales de la misma son las pensiones de jubilación.

 

Como norma general, los trabajadores/as dejan de percibir su salario una parte del valor de su trabajo y la misma se ingresa en una “ caja común” de la que un día, al envejecer o al no poder trabajar, percibirá una pensión que le permita vivir hasta el final de sus días

 

Hasta que esto ocurrió, los trabajadores se veían obligados a trabajar hasta el último día de vida o a depender de los posibles ahorros que hubiesen podido guardar, cosa normalmente difícil, o a depender de sus hijos o familiares.

 

Aunque una buena parte de los funcionarios públicos están incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, en España la gran mayoría de los trabajadores/as están incluidos/as o afiliados/as en el Régimen General de la Seguridad Social.

 

La base del Régimen General de la Seguridad Social es la cotización; cuanto más cantidad y más tiempo se cotiza, más derecho o mayor pensión se tiene, con unos topes máximos y unos mínimos que pueden ser muy significativos. Las pensiones en el Régimen General de la Seguridad Social se calculan a partir de las cuantías de las cotizaciones de los últimos años, que a su vez están relacionadas con el salario del trabajador/a. La Seguridad Social que abona las pensiones de los trabajadores/as integrados en el Régimen General de la Seguridad Social es un organismo autónomo del Estado, aunque sus reglas las establezca el estado, y se nutre de las cotizaciones sociales.

 

Con la Ley 27/2011 se ha realizado la última reforma de las pensiones fruto del diálogo social; se logró reconducir las propuestas del gobierno de entonces, de forma que la pretensión de un retraso generalizado en la edad de jubilación se transformó, por las propuestas sindicales, en un sistema flexible de acceso a la jubilación. Este sistema permite poder jubilarse con 65 años o más de la mitad de los trabajadores/as, así como seguir accediendo a jubilaciones anticipadas ( desde los 63 años) o parciales. El siguiente gobierno del PP se saltó el diálogo social y utilizando el recurso del Real Decreto Ley para situaciones de urgencia, impuso una nueva reforma de las pensiones de forma unilateral. Con el Real Decreto de Ley 5/2013 que endureció los requisitos y recortó las prestaciones en las jubilaciones anticipada y parcial.

 

No le parecía suficiente al gobierno de Mariano Rajoy que, a continuación, y ese mismo año en diciembre, con la ley 23/2013 estableció dos factores que recortarán en el futuro las pensiones: el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.

 

El Factor Sostenibilidad está revisto que comience a aplicarse en el año 2019, pero el índice de Revalorización de Pensiones ya afecta desde 2014.

 

El Índice de Revalorización de las Pensiones se viene aplicando desde 2014, como he indicado, esto indica que todos/as los pensionistas han visto y verán como sus pensiones no tendrán una revalorización automática cada mes de enero de acuerdo con la subida de precios prevista para ese año , el denominado IPC, y en 2017 no habrá recuperación del poder adquisitivo perdido si finalmente el IPC de 2016 supera ese escuálido porcentaje de subida del 0,25%. El IRP no es más que el disfraz numérico de la voluntad del actual Gobierno en funciones de recortar todas las pensiones. La subida de las pensiones será, de nuevo, del 0,25%.

 

Con la aprobación de esta ley, sin consenso alguno, el Gobierno en funciones actualmente del PP, ha roto con un compromiso básico aceptado por todos/as desde 1995, el de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Instauró una formula que, de no corregirse, traerá ineludiblemente una pérdida muy significativa del mismo. El Gobierno está extendiendo a los pensionistas las políticas de empobrecimiento de toda la población.

 

Desde CCOO vamos a defender que el sistema de pensiones debe intentar garantizar a todos/as los trabajadores/as jubilados una pensión sustitutiva del salario suficiente, que mantenga el poder de compra a lo largo del período en que se es pensionista.

 

Las medidas que nos imponen no lo garantizan. Su aplicación y otras nuevas medidas que pueden aparecer pueden significar en 15 años una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones entre un 12% y un 28%, según la evolución económica.
CCOO exige que se abra un debate sobre los ingresos del sistema de Seguridad Social y que se afronten los retos de las pensiones desde alternativas distintas a la de la reducción progresiva del poder adquisitivo de los pensionistas.

Ximo Estal Lizondo
Maestro jubilado, pensionista y sindicalista de CCOO del Camp de Morvedre