En el número 768 de este periódico bajo el título El Malecón es público, expuse algunos de los aspectos legales de esa afirmación. Ahora, partiendo de este caso, quisiera valorar los aspectos morales y sociales de este conflicto entre la empresa PROSAGUNSA, la Demarcación de Costas dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Sagunto y extenderlo a otros casos para visualizar parte de lo que está ocurriendo en nuestro país. El litigio en concreto tiene su momento culminante a raíz de la sorprendente sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que, anulando la del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Valencia, falla sobre la propiedad de los terrenos del Malecón y lo hace en los siguientes términos: Se declara la titularidad dominical de la actora (PROSAGUNSA) sobre la finca registral 37.075 (El Malecón),…, como bien de titularidad privada desde la Real Orden de 11-8-1902… Es decir, desde el mismo día que se publica la concesión a la Compañía Minera de Sierra Menera de Sota y Aznar, cuando la finca en cuestión ni existía, pues el Malecón se formó íntegramente, como atestigua la cartografía del siglo XIX y principios del XX, por los depósitos de arenas que debido a las corrientes marinas se fueron acumulando en la cara norte del puerto, fenómeno que continúa en la actualidad y que, como contrapartida, produjo, y sigue produciendo, una regresión mayor en la cara sur. En la zona del Grau Vell se pueden observar instalaciones militares de la guerra civil, tales como nidos de ametralladoras, a casi cien metros mar adentro. O sea que todo lo ganado en el norte se pierde por el sur.
Un ejemplo de este fenómeno lo hemos podido comprobar desde sus inicios a raíz de la construcción de Puerto Siles, en pocos meses en la cara norte se fueron acumulando arenas y en la zona sur una parte importante de la playa de El Puerto desapareció y quedó convertida en un pedregal, obligando a obras de recuperación.
Pues bien la CMSM vendió El Malecón a PROSAGUNSA, junto a tres fincas más, los antiguos terrenos de la CMSM, incluida la antigua escuela de aprendices, por la escandalosa cifra de 33 millones de pesetas, según consta en el registro de la propiedad, con lo que haciendo una sencilla operación aritmética, a grosso modo El Malecón lo adquirió por poco más de 8 millones de las antiguas pesetas unos 50.000€. Pueden ustedes hacer las cábalas y sacar las conclusiones que consideren sobre esta operación inmobiliaria
Por estos mismos terrenos PROSAGUNSA le ha puesto una demanda al ayuntamiento, es decir a todos nosotros, pues quiere que se los expropie, por importe de 100.000.000€. Vuelvan a coger la calculadora y comprueben que lo que pretende es multiplicar por 2.000 (por dos mil) el valor de compra. ¿Que ha hecho la empresa para revalorizar estos terrenos?
Absolutamente nada productivo, pleitear y esperar a encontrar un juzgado adecuado y a alguien con poder ejecutivo que le permita saquear la hacienda municipal, es decir nuestros bolsillos.¿Es esto legal?, según la Constitución no, pues su artículo 47 dice que los poderes públicos establecerán las normas pertinentes, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir su especulación. Pero dichas normas pertinentes nunca se establecieron y en la práctica el valor que prevalece es el especulativo.
Hay muchos otros casos similares en nuestro municipio de especulación pura y dura, entre ellos la Plaza Angel Perales o la zona verde del Borde Sur de El Puerto, que nos han costado millonadas.
Pero la especulación del suelo no es la única forma de atracar al erario público, recientemente están saliendo a la luz multitud de casos de corrupción, en uno de los últimos se señala que alguna empresa daba "mordidas" a cambio de contratos públicos, a los que luego bajo diversos subterfugios se le permitía aumentar el precio de la contratación en un modesto 20%, y digo modesto porque en nuestro municipio hemos visto como se multiplicaba el valor de algunas adjudicaciones, por ejemplo la rehabilitación del mercado de Sagunto que se adjudicó por unos 28 millones de pesetas, terminó costando más de 120 millones, y otro tanto ocurrió con la rehabilitación del edificio de la Lira Saguntina, esta práctica es sistemática.
Con ello no quiero decir que en estos casos hubiera mordidas por medio, solo quiero señalar los procedimientos de saqueo de lo público. Si esto ocurre a nivel de pequeñas contrataciones, podemos imaginarnos lo que ocurrirá a nivel de las grandes obras.
Estos no son los únicos métodos de meterle mano a lo público, otra forma es no cumplir con las obligaciones urbanísticas. Quiero señalar entre ellas la que adquirió SIDMED, con nuestro pueblo a raíz de la construcción de la IV Planta, por ley y por sentencia judicial debía dar al municipio 300.000 m2 de zona verde y 130.000 m2 de equipamientos, deportivos, escolares etc. todo se ha esfumado.
Tienen muchos más procedimientos. Pero ahora extiendan estos casos municipales al resto del estado y podremos hacernos una idea del nivel de latrocinio imperante en nuestro país y para mantenerlo e incluso aumentarlo por algún sitio hay que recortar...¡las pensiones, el sistema de pensiones es insostenible!, nos dicen.
Ramón García Ortín
