El Ministerio de Educación ha sometido a proceso de información pública tres textos que continúan la senda de desmantelamiento de la universidad pública iniciada en 2012.
Proyecto de Real Decreto relativo a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Plantea reducir los grados de 240 a 180 créditos (3 años en lugar de 4) sin que se hayan evaluado los que comenzaron a implantarse en 2007 en el marco del Plan Bolonia. Este cambio irá acompañado de modificaciones en los máster, que pasarán a ser de 120 créditos (dos años).
Si tenemos en cuenta los elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio, estas transformaciones reforzarán el sesgo clasista en el acceso a la educación superior y, a la postre, darán lugar a una reducción significativa del número de estudiantes matriculados en el sistema universitario español.
Además, la reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado tendrá un impacto directo en el empleo y provocará una grave pérdida de puestos de trabajo de personal docente e investigador y de administración y servicios.
Proyecto de Real Decreto que aborda el sistema de acreditación del profesorado funcionario, requisito imprescindible para el acceso y la promoción en la función docente. No solo no se subsanan los actuales problemas del actual sistema, sino que, además, es contrario a los principios recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 20.2, en relación a la evaluación del desempeño (transparencia, objetividad, imparcialidad, no discriminación). La propuesta ministerial es menos objetiva, transparente e imparcial que la actual y continúa minusvalorando la actividad docente. De aprobarse sin modificaciones sustanciales, endurecerá el proceso de acreditaciones y dificultará el acceso y la promoción del PDI.
Proyecto de Real Decreto sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios. Está inspirado en la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, y como queda patente en su preámbulo, trata a los centros universitarios como un producto más de este. Dice literalmente que pretende “crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes, en favor de la creación de empleo y de crecimiento, y en beneficio último de los consumidores y usuarios, que tendrán un mayor acceso a productos y servicios de calidad”.
Para ello suprime la necesidad de tener en cuenta la programación general de la educación superior vinculada a la población escolar y, aunque mantiene la obligatoriedad de impartir un mínimo de ocho títulos, elimina la exigencia de que haya al menos una titulación de ciencias experimentales o estudios técnicos, y suprime muchos de los requisitos mínimos establecidos en el Real Decreto de 1991.
Esto supone flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 32, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
Ximo Estal Secretario General de CCOO de Enseñanza
del Camp de Morvedre y Alto Palancia
