La confluencia de la aprobación de la Ley 27/2013 de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local que Reforma la Ley Local en vigor desde 1985 y la de la Ley de Seguridad Privada que sustituirá a la vigente desde 1992, pone negro sobre blanco las verdaderas intenciones de ambas normas y al descubierto la «Hoja de Ruta» del Gobierno Rajoy para beneficiar a las empresas privadas de seguridad y convertir el ámbito público en un ámbito de negocio.

Es necesario advertir a la ciudadanía sobre la situación que se va a generar a partir de la aprobación de ambas leyes. Durante meses, CCOO ha venido denunciando que resultaba muy sospechoso que se eliminaran entre las competencias municipales en vigor desde 1985, las relativas a la seguridad en espacios públicos y ordenación del tráfico. Por otra parte, se limita la protección del medio ambiente al casco urbano de los municipios, entre otras decisiones que se han aprobado por la mayoría absoluta del PP y que publica la ley 27/2013.

Ahora con la ley en el Senado de la nueva Ley de Seguridad Privada se confirman las sospechas que venía denunciando CCOO. La nueva norma ya no considera la Seguridad Privada subordinada a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la define como «corresponsable» de la seguridad, lo que lleva implícito según palabras de Márquez de la Rubia, portavoz de Grupo Popular en la Comisión Parlamentaria: «la conveniencia y la necesidad de estimular la cooperación público-privada en este ámbito» y «la apertura del campo de actuación de las empresas, que nosotros —y debo decirlo aquí— el Grupo Parlamentario Popular apoyamos de forma entusiasta».

En palabras del Ministro Jorge Fernández, los garantes de la seguridad ciudadana ya no son en exclusiva los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Pública como expresa la Constitución, ahora la seguridad privada también garantiza «la seguridad de nuestros ciudadanos como condición previa para que puedan ejercer libre y pacíficamente los derechos que la Constitución y nuestras leyes les otorgan» (diario de sesiones).

Para CCOO el riesgo de una deriva privatizadora está servido. La pérdida de negocio (un 8% en 2012) de la empresas de seguridad privada a las que están muy vinculados nuestros dirigentes, está detrás de las modificaciones legales innecesarias como las que estamos viviendo. Tal y como ellos saben, retirar policía pública implica dejar el campo libre al mercado y al negocio, como algún presidente de Asociación de Comerciantes ha puesto en evidencia que tendrán que pagar los impuestos y además contratar seguridad privada.

La posibilidad de que partes de la ciudad, perfectamente perimetradas sean patrulladas, vigiladas por seguridad privada sin que pueda el ayuntamiento oponerse (con la nueva Ley de Régimen Local ya no es competente) y que dependa directamente de la autorización gubernativa, nos retrotrae a la época de los Gobernadores Civiles.