Desde el pleno municipal de 27 julio de 2006, en que se aprueba la privatización de la gestión del agua potable y alcantarillado de Sagunto, a través de una empresa mixta con capital mayoritario del Ayuntamiento de Sagunto, hasta enero de 2009, donde se constituye la sociedad, Aigües de Sagunt, transcurren dos años y medio, donde los ediles partidarios de la privatización recurren a todo tipo de subterfugios para tratar de convencer a la ciudadanía de las bondades de la gestión privada del agua municipal.
El argumento más repetitivo que utilizaban los concejales favorables a la creación de una empresa mixta para la explotación del servicio de aguas, era el de que la gestión pública que venía realizando el consistorio con sus funcionarios, «era un desastre», y con la privatización iba a mejorar, lo que permitiría mantener o incluso rebajar lo que pagábamos los ciudadanos en el recibo del agua y alcantarillado. Se olvidaron de mencionar, que si el servicio de aguas del Ayuntamiento no funcionaba todo lo correctamente que debería, en ningún caso era imputable al trabajo de los funcionarios, ya que la responsabilidad íntegra era de los gestores municipales, en primer lugar de los alcaldes de turno, en segundo lugar de los distintos concejales delegados de Aguas, y finalmente del resto de concejales que formaban parte de los diversos equipos de gobierno municipales que permitieron con su mala gestión, y eso que cobraban todos los meses, que se llegara a estos extremos.
Llegados a este punto, se planteaban dos posibilidades, una, la de poner como responsable de aguas a un concejal capaz de trabajar para que el servicio fuera mejorando, y los beneficios recayeran en los vecinos, y, otra, por la que finalmente optaron la mayoría de concejales de distintos signos políticos: PP, PSOE y BLOC, por privatizar el servicio, con la constitución de una empresa mixta, Aigües de Sagunt, de manera que los responsables políticos se ahorraban trabajo y quebraderos de cabeza, y parte de los beneficios se le daban a un socio capitalista. Y ahí comienza la historia...
Antecedentes
El capitalista, Aguas de Valencia, se hace con un 49% del capital social de la nueva empresa, a la que se le da una concesión de 25 años, aportando una cantidad de1.715.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Sagunto adquiere el 51% a través de aportaciones no dinerarias —derecho concesional—. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sagunto, es propietario absoluto, de las instalaciones y redes, tanto de agua potable como de alcantarillado, que las pone a disposición de la nueva empresa Aigües de Sagunt, por lo cual, según consta en el pliego de condiciones que regirá el concurso público para la selección de un socio privado, en orden a la constitución de una sociedad mixta destinada a la gestión de los servicios correspondientes al ciclo integral del agua en este municipio, «se establece un canon inicial a percibir por el Ayuntamiento de 12.534.672 euros, que será ofertado por el licitador que resulte adjudicatario del concurso, en concepto de contraprestación por el uso de los bienes públicos afectos al servicio y demás ventajas inherentes a la exclusividad en la prestación de dicho servicio».
El capitalista, Aguas de Valencia, se hace con un 49% del capital social de la nueva empresa, a la que se le da una concesión de 25 años, aportando una cantidad de1.715.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Sagunto adquiere el 51% a través de aportaciones no dinerarias —derecho concesional—. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sagunto, es propietario absoluto, de las instalaciones y redes, tanto de agua potable como de alcantarillado, que las pone a disposición de la nueva empresa Aigües de Sagunt, por lo cual, según consta en el pliego de condiciones que regirá el concurso público para la selección de un socio privado, en orden a la constitución de una sociedad mixta destinada a la gestión de los servicios correspondientes al ciclo integral del agua en este municipio, «se establece un canon inicial a percibir por el Ayuntamiento de 12.534.672 euros, que será ofertado por el licitador que resulte adjudicatario del concurso, en concepto de contraprestación por el uso de los bienes públicos afectos al servicio y demás ventajas inherentes a la exclusividad en la prestación de dicho servicio».
El engaño
Cuando parecía claro que el asunto estaba solucionado, el socio capitalista denuncia que esos más de 12 millones entregados al Ayuntamiento, no eran gratuitos por entrar a formar parte de la nueva sociedad mixta, sino que deben ser pagados por la nueva empresa. Y ahí empiezan un sinfín de informes jurídicos, ninguno vinculante para el Ayuntamiento, incluído el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, por cierto, según el informe jurídico del Secretario general municipal: «Cabe señalar a favor del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, que fue el propio Ayuntamiento de Sagunto quien en su solicitud de dictamen le facilitó la premisa que le indujo al error. De acuerdo con la normativa vigente la cuantificación de la contraprestación puede ser establecida siguiendo diversos métodos y reglas legalmente previstos e incluso sería igualmente posible no establecer ninguna contraprestación con el objeto de hacer menos gravosa la prestación del servicio» que concluyen, según el citado informe del Secretario General Municipal de 21.01.2009: «Finalmente, cabe informar que la contraprestación constituye un coste del servicio para el propio sujeto pasivo de la misma (empresa mixta) a incluir entre sus gastos variables (que junto con los gastos fijos, beneficio del contratista y otros gastos variables, determinan la tarifa del servicio, de acuerdo con las participaciones sociales».
Cuando parecía claro que el asunto estaba solucionado, el socio capitalista denuncia que esos más de 12 millones entregados al Ayuntamiento, no eran gratuitos por entrar a formar parte de la nueva sociedad mixta, sino que deben ser pagados por la nueva empresa. Y ahí empiezan un sinfín de informes jurídicos, ninguno vinculante para el Ayuntamiento, incluído el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, por cierto, según el informe jurídico del Secretario general municipal: «Cabe señalar a favor del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, que fue el propio Ayuntamiento de Sagunto quien en su solicitud de dictamen le facilitó la premisa que le indujo al error. De acuerdo con la normativa vigente la cuantificación de la contraprestación puede ser establecida siguiendo diversos métodos y reglas legalmente previstos e incluso sería igualmente posible no establecer ninguna contraprestación con el objeto de hacer menos gravosa la prestación del servicio» que concluyen, según el citado informe del Secretario General Municipal de 21.01.2009: «Finalmente, cabe informar que la contraprestación constituye un coste del servicio para el propio sujeto pasivo de la misma (empresa mixta) a incluir entre sus gastos variables (que junto con los gastos fijos, beneficio del contratista y otros gastos variables, determinan la tarifa del servicio, de acuerdo con las participaciones sociales».
Es decir, que se llegó a la conclusión de que el canon que en su día pagó el socio capitalista al Ayuntamiento, debe ser abonado por la nueva empresa mixta, Aigües de Sagunt, pero como ésta no dispone de capital propio para devolver los más de 12,5 millones de euros a Aguas de Valencia, solamente quedaban dos soluciones, que fuera el Ayuntamiento de Sagunto, que los cobró en su día, el que los devolviera a Aguas de Valencia, y a partir de ahí, se buscara la fórmula para que la empresa mixta fuera pagando el canon establecido de sus beneficios anuales, y otra, que al parecer es por la que han optado, que sea la empresa mixta la que devuelva esos más de 12 millones de euros al socio capitalista, mediante cuotas anuales, correspondientes a la parte de capital más intereses, durante 25 años.
Llegados a este punto, conviene que reflexionemos sobre la situación creada, dejando en el aire las siguientes preguntas: ¿Por qué el Ayuntamiento de Sagunto, tenía tanto interés en privatizar el servicio del Agua, si no ha podido demostrar que el servicio ofrecido por la empresa privada sea mejor y más barato que cuando era municipal? ¿Qué interés tenía el Ayuntamiento en exigir que un socio capitalista le anticipara 12.500.000 euros, si después había que devolverlos con intereses, a través del aumento del precio del agua pagado por los ciudadanos, si tal y como dice el Secretario General del Ayuntamiento, era posible no establecer ninguna contraprestación para hacer menos gravosa la prestación del servicio?
Conclusión
Esta rocambolesca actuación municipal para la creación de una empresa mixta, con el fin de privatizar el servicio de agua, nunca demostrada objetivamente su necesidad, ha servido para que los dirigentes municipales, mediante un sistema torticero, encontraran a un socio financiero, que le anticipara al Ayuntamiento 12,5 millones de euros para gastos municipales, que tendrán que devolver los vecinos, con sus correspondientes intereses. De esta manera, el socio capitalista, con una aportación inicial de 1.715.000 euros, tendrá derecho a recibir el 49% de los beneficios que genere la empresa mixta durante los 25 años que dura la concesión.
Esta rocambolesca actuación municipal para la creación de una empresa mixta, con el fin de privatizar el servicio de agua, nunca demostrada objetivamente su necesidad, ha servido para que los dirigentes municipales, mediante un sistema torticero, encontraran a un socio financiero, que le anticipara al Ayuntamiento 12,5 millones de euros para gastos municipales, que tendrán que devolver los vecinos, con sus correspondientes intereses. De esta manera, el socio capitalista, con una aportación inicial de 1.715.000 euros, tendrá derecho a recibir el 49% de los beneficios que genere la empresa mixta durante los 25 años que dura la concesión.
Lo que demuestra mayormente la irresponsabilidad de la actuación municipal, es que al final serán los contribuyentes los que tendrán que pagar, a través del aumento del precio del recibo del agua, el canon de más de 12,5 millones de euros por la utilización de los bienes públicos afectos al servicio, que ya eran del Ayuntamiento y, por tanto, ya habían pagado los ciudadanos.
Sin aplicar el susodicho canon, no obligatorio, el Ayuntamiento no hubiese ingresado ese dinero, pero los vecinos nos hubiésemos ahorrado el aumento del recibo del agua.
MIGUEL ALMOR MARZAL
