Las centrales sindicales de CCOO, UGT y CGT hemos organizado la 2ª MANIFESTACIÓN POR EL EMPLEO, LA INDUSTRIA, EL COMERCIO LOCAL, LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, prevista para el próximo 24 de Julio, a las 20 horas, que trascurrirá desde la Rotonda Ramón de la Sota, Avenida 9 de Octubre, finalizando en la Tenencia de Alcaldía.

 

Al igual que el año pasado, esta actuación nace de una ciudadanía que no puede ni quiere permanecer impasibles frente una crisis cuyas causas y efectos resultan asimétricos e hipócritas. Mientras se exime de responsabilidades a la estructura empresarial, basándose en un modelo productivo agotado y una gestión financiera especulativa, se pretende invertir las responsabilidades y culpar a las víctimas, trabajadores y ciudadanía, al conducir las soluciones hacia la reducción de derechos y prestaciones sociales, mediante recortes, reformas laborales y el acelerado desmantelamiento del Estado de Bienestar: la sanidad, la educación o la Administración Pública, que se ven seriamente afectados por el incremento de tasas o fórmulas de copago y de reducción, hasta el extremo de que cada vez más se está cuestionando el acceso suficiente y universal a estos derechos. Este desmantelamiento del Estado Social se aprecia en otros muchos aspectos, tales como la  atención a las personas dependientes, la falta de interés hacia la formación, la investigación, la cultura, el medio ambiente, las políticas de igualdad, el atentado constante a los derechos laborales básicos, etc.

 

Todo ello lo justifican mediante falsos argumentos que presentan como necesario lo que no lo es. Se oculta, por ejemplo, la reducción constante de la tributación sobre las rentas altas y las rentas de capital, se oculta que sería posible una acción concertada contra el fraude y los paraísos fiscales, se oculta que sería posible imponer una tasa a las transacciones de capital… Se oculta, en definitiva, el desigual trato que supone conceder una amnistía fiscal muy generosa en momentos en los que hacen falta recursos y en los que la mayoría de las personas, generalmente de rentas medias y bajas, han pagado rigurosamente sus impuestos. Pero, sobre todo, se pretende que ignoremos que los recursos que supuestamente faltan sí que existen y se utilizan ampliamente para tapar la crisis financiera sin dar explicaciones sobre la misma, sin buscar donde está el dinero supuestamente perdido y, lo que es más grave, pretendiendo no exigir ninguna responsabilidad por lo ocurrido.

 

En comarcas como la nuestra, donde el desempleo alcanza dimensiones dramáticas, tanto en términos globales, con casi 10.000 personas desempleadas, como generacionales, con más de la mitad de jóvenes sin trabajo ni apenas perspectivas, se constata cómo las sucesivas reformas laborales se hacen, no para hacer más flexibles y modernas a nuestras empresas, sino simplemente para reducir los costes del trabajo, con la consiguiente regresión de derechos laborales. Se flexibiliza el despido, se crean contratos cada vez más precarios, se desprecia la negociación colectiva, dejando sin eficacia los convenios tras su denuncia en un corto período de tiempo y remitiendo a una negociación en la empresa que resulta prácticamente imposible en la mayoría de los casos, dado el predomino en nuestro país de las pequeñas empresas, en las que el empleador no tiene interlocutores que contrarresten su poder, por lo que acabará imponiendo unilateralmente las condiciones de trabajo, lo que constituye, en definitiva, el objetivo último de una reforma orientada a desregular las relaciones laborales y debilitar las funciones representativas y de interlocución del sindicalismo.

 

Corremos el peligro de que casos como el de TK GALMED se repitan en otras empresas. Si bien es cierto que su anuncio de cierre se basa en una estrategia empresarial, es más cierto todavía que la legislación laboral española ha propiciado y facilitado que las grandes multinacionales puedan llevar a cabo este tipo de deslocalización de la producción, beneficiando a regiones en detrimento de otras como nuestra comarca, marcadamente industrial y que significará un fuerte golpe en nuestro sector económico.  

 

Otra política es posible, una que fomente la negociación colectiva como sistema de gobierno de las relaciones laborales. Es posible una política que atienda a los problemas reales de nuestras empresas, promoviendo la innovación, recuperando el crédito, impulsando el consumo y la inversión y no pretendiendo falsamente competir por la simple reducción de costes salariales. Es posible una política que defienda nuestros derechos sociales básicos; el sistema de protección social, la vivienda, la sanidad, la educación, como servicios públicos universales y de calidad. Es posible ofrecer un horizonte a la población joven, garantizar la seguridad a nuestras personas mayores, atender a las personas dependientes.

 

Por eso queremos alzar nuestra voz en defensa del Estado Social, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de nuestros derechos constitucionales, en defensa de un Derecho del Trabajo que proteja a quienes trabajan pues para eso nació, generando unas relaciones laborales más igualitarias, en defensa de unas políticas justas, de una salida social a la crisis.