El PP está aprovechando su mayoría absoluta para cambiar el modelo social en nuestro país, aplicando la agenda de la llamada «modernización conservadora». En educación, estas políticas se han articulado en torno a los recortes presupuestarios y a las propuestas de contrarreforma educativa. Ya conocemos la que afecta a la enseñanza no universitaria, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria e intuimos los parámetros que van a informar los cambios normativos en universidad, a través del informe de la comisión de expertos y de las decisiones que ha ido tomando el Gobierno.
Los Recortes
Las comunidades autónomas gobernadas por la derecha han venido practicando recortes en educación al menos desde el año 2009. Madrid, Cataluña, País Valenciano, Murcia… han sido pioneras en la aplicación de recortes y en la implementación de políticas de abandono de la educación y de la enseñanza pública, de quiebra de la equidad y de la igualdad de oportunidades, mercantilizadoras… a las que han ido sumándose paulatinamente el resto, algunas con gran decisión como es el caso de Castilla la Mancha. El decreto Wert de abril de 2012 vino a dar carta de naturaleza a los recortes para el conjunto del Estado. Este decreto suponía, para la educación no universitaria, el incremento del horario lectivo del profesorado, el incremento generalizado de las ratio, restricciones en la cobertura de las bajas del profesorado y retrasos en la implantación de nuevos ciclos de FP en un momento en que miles de jóvenes trataban de volver al sistema educativo en demanda de mayor formación ante la falta de expectativas de empleo. En la educación superior también se incrementaba la carga lectiva del profesorado, se instaba a las universidades a conseguir el equilibrio presupuestario, facultaba a los gobiernos regionales para intervenir las cuentas de las universidades en el caso de que los gastos superasen a los ingresos e introducía un importante incremento de las tasas, mucho más duro para segundas matrículas y posteriores, en la perspectiva de trasladar a los usuarios una parte cada vez mayor del coste real del servicio. Hay que señalar que esta última circunstancia se producía en un momento de drástica reducción del número de becas y de la paulatina pérdida de su perfil compensatorio en favor de criterios vinculados a los resultados académicos.
En las últimas semanas hemos conocido un borrador de decreto para regular las becas que profundiza en la dirección anunciada. Parte de la consolidación del recorte que ha sufrido la partida de becas en los últimos años y divide la cuantía de las becas en una parte fija y una variable. La parte fija sufre una drástica reducción respecto al monto actual mientras la parte variable pasa a depender de la disponibilidad presupuestaria, de la renta familiar y de las calificaciones académicas. En resumen, se reduce la cuantía de las becas y su carácter compensador.
Las comunidades autónomas gobernadas por la derecha han venido practicando recortes en educación al menos desde el año 2009. Madrid, Cataluña, País Valenciano, Murcia… han sido pioneras en la aplicación de recortes y en la implementación de políticas de abandono de la educación y de la enseñanza pública, de quiebra de la equidad y de la igualdad de oportunidades, mercantilizadoras… a las que han ido sumándose paulatinamente el resto, algunas con gran decisión como es el caso de Castilla la Mancha. El decreto Wert de abril de 2012 vino a dar carta de naturaleza a los recortes para el conjunto del Estado. Este decreto suponía, para la educación no universitaria, el incremento del horario lectivo del profesorado, el incremento generalizado de las ratio, restricciones en la cobertura de las bajas del profesorado y retrasos en la implantación de nuevos ciclos de FP en un momento en que miles de jóvenes trataban de volver al sistema educativo en demanda de mayor formación ante la falta de expectativas de empleo. En la educación superior también se incrementaba la carga lectiva del profesorado, se instaba a las universidades a conseguir el equilibrio presupuestario, facultaba a los gobiernos regionales para intervenir las cuentas de las universidades en el caso de que los gastos superasen a los ingresos e introducía un importante incremento de las tasas, mucho más duro para segundas matrículas y posteriores, en la perspectiva de trasladar a los usuarios una parte cada vez mayor del coste real del servicio. Hay que señalar que esta última circunstancia se producía en un momento de drástica reducción del número de becas y de la paulatina pérdida de su perfil compensatorio en favor de criterios vinculados a los resultados académicos.
En las últimas semanas hemos conocido un borrador de decreto para regular las becas que profundiza en la dirección anunciada. Parte de la consolidación del recorte que ha sufrido la partida de becas en los últimos años y divide la cuantía de las becas en una parte fija y una variable. La parte fija sufre una drástica reducción respecto al monto actual mientras la parte variable pasa a depender de la disponibilidad presupuestaria, de la renta familiar y de las calificaciones académicas. En resumen, se reduce la cuantía de las becas y su carácter compensador.
Los recortes has supuesto la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector educativo (62.000, según el estudio comparativo del capítulo I de los presupuestos de educación de las CCAA entre el año 2009 y el 2013) desde la educación infantil a la universidad, en alguna de las cuales se han puesto en marcha ERE.
La pérdida de empleo ha afectado tanto al profesorado como al PAS. Los recortes también han aparejado el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores/as del sector, que han visto incrementadas las horas lectivas y la jornada laboral, la ratio de alumnos/aula, todo ello acompañado de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Pero no podemos obviar que los recortes también han ocasionado el empeoramiento de la calidad de la enseñanza y de la pérdida de equidad en nuestro sistema educativo. De la mano de los recortes se han reducido sustancialmente los desdobles, los refuerzos, la atención al alumnado con asignaturas pendientes, las horas de tutoría, las actividades extraescolares y complementarias…
En resumen, muchas de las medidas de atención a la diversidad que desplegaba el sistema educativo se han volatilizado, generando una pérdida de calidad para todo el alumnado y un retroceso significativo en la atención al alumnado con mayores dificultades.
También en la educación superior son visibles los efectos de los recortes en términos de quiebra de la igualdad de oportunidades. La subida de las tasas universitarias, junto con el recorte de becas está impidiendo la incorporación a la universidad del estudiantado con menos recursos económicos y provocando el abandono de quienes los habían iniciado y tienen problemas para hacer frente al incremento de los precios públicos. Se constata la reducción del número de alumnos matriculados, así como la reducción del número de créditos de los que el alumnado se matricula. En las últimas semanas asistimos a las dificultades de miles de alumnos para atender al segundo plazo de la matrícula de este curso.
Como consecuencia de los recortes la educación ha perdido 6.000 millones de euros y nuestro gasto educativo medido en porcentaje del PIB que había alcanzado el 5,1% en 2009 (todavía por debajo de la media europea que estaba en el 5,4%) ha retrocedido hasta el 4,7% en 2012 y podría seguir descendiendo dado que el Gobierno ha comprometido, en el escenario de consolidación fiscal planteado, llegar en 2015 al 3,9%.
Los recortes dieron lugar a una convocatoria de huelga el 22 de mayo de 2012 y están a la base de las propuestas de reforma educativa que los convierten en estructurales. Por tanto, recortes y contrarreformas educativas son dos caras de la misma moneda y expresiones de la misma política.
Ximo Estal es Secretario comarcal de Enseñanza de CC.OO.
