Hace aproximadamente un año la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunto debido a la necesidad de adaptación de las Ordenanzas Municipales a la nueva Legislación General de Subvenciones impuesta por el Gobierno central llevo a cabo múltiples modificaciones en las mismas. Entre ellas se encontraba la Ordenanza de prestaciones económicas de necesidades básicas en materia de servicios sociales. El objetivo de esta  debería de ser la prevención de situaciones de riesgo o de exclusión social y la atención a las necesidades básicas y de emergencia social de la ciudadanía. Hablamos de ayudas para poder garantizar los derechos más básicos de todo ser humano: comer, dormir bajo un techo o poder hacer uso de la medicación necesaria, entre otros.

Ya anunciamos y denunciamos como esta «necesidad» de cambios en la legislación supuso el pretexto para que el PP intentara rehacer una Ordenanza a su medida, bajó valores alejados de lo social, vinculados a un modelo asistencial, discriminatorio y caritativo. Las modificaciones que se introdujeron aunque maquilladas bajo el lenguaje manipulador propio al que nos tienen acostumbradas, eran verdaderamente insustanciales, ridículas y poco significativas aún más si cabe en la alarmante situación social por la que pasamos los ciudadanos y ciudadanas en esta época histórica plagada de corrupción y estafa ( en su vocabulario; llamase Crisis).

Impedimos tras el debate en comisiones y en el pleno del Ayuntamiento algunas de sus pretensiones como era la de establecer tres años de empadronamiento para poder acceder a cualquier ayuda de extrema necesidad. Sin embargo la Ordenanza tenía y sigue tiendo cantidad de aspectos por los que entiendo que no cumple con el objetivo de la misma; ayudar en casos de necesidad básica. Explicamos hasta la saciedad que entendíamos por necesidades básicas, hicimos propuestas y advertimos que dicha Ordenanza no iba a dar cobertura a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas. Sin embargo, salió adelante sin nuestro apoyo pero con el asentimiento y abstención de otros grupos políticos.

Ahora vuelve al debate Municipal, parece ser que desde Esquerra Unida teníamos razón. La Ordenanza no esta adaptada, no cubre las necesidades sociales de todas y todos y debe ser revisada. Un claro ejemplo práctico es el de nuestra vecina Loly Carrasquilla (la dependiente que ha estado prácticamente dos meses acampada en la Plaza de la Virgen en Valencia protestando y luchando por los derechos de los Discapacitados y Dependientes). Según la Ordenanza, Loly mujer dependiente, con una pensión de alrededor de 700 euros y un hijo en paro no puede recibir ninguna ayuda social puesto que con semejante pensión puede vivir tranquilamente con su hijo, pagando su alquiler, sus gastos farmacéuticos… ¿Verdaderamente creen ustedes que una familia de estas características con 700 euros mensuales, no es susceptible de tener alguna necesidad básica sin cubrir?.

La Ordenanza vuelve a la palestra; nosotros somos fieles a nuestras peticiones. Entre ellas; consideramos que no debe de establecerse el criterio de empadronamiento como recurso discriminador debido al carácter de las ayudas. Entendemos a su vez que el criterio económico establecido es insuficiente y deja fuera a gran cantidad de familias. Que una Unidad familiar para poder obtener ayudas tenga que recibir menos de 452 euros mensuales (85% del IPREM) es un criterio claramente no adaptado a la situación actual, en la cual cada vez ganamos menos, tenemos menos derechos y el coste de la vida sube disparatadamente. Establecer la edad como criterio para recibir subvenciones de trasporte o ayudas técnicas tampoco es un criterio acertado. Quizá una persona con cuarenta  años pueda tener más necesidad y menos recursos que una de 65 a la que si se le otorgaría la ayuda.  
Pese a todo ello la solución y el debate debe ir mucho más allá de crear una buena Ordenanza de Prestaciones sociales económicas. Hay que llegar al fondo del problema. Prevenir y garantizar que nadie tenga que llegar a vivir este tipo de situaciones. Hay que apostar por cubrir las necesidades básicas y garantizar los derechos sociales, para no tener que recurrir a ayudas de emergencia social, hoy tan generalizadas en la sociedad. Y ello solo podrá conseguirse desde un modelo garante de los derechos sociales y no desde un modelo asistencial.

Esta es la línea del PP, recortar derechos hasta el extremo y posteriormente manipular alardeando de políticas sociales que recurren a la limosna y la caridad. Ayudas de la extrema necesidad, que no son más que parches que se despegan continuamente, heridas que se cierran y abren sin perspectivas de mejora.