La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora este 8 de marzo vuelve a llenar las calles de todo el mundo con movilizaciones en defensa de las conquistas igualitarias logradas en las ultimas décadas, reivindicando para las mujeres el derecho al empleo, pero también por el derecho a la salud sexual y reproductiva y al aborto, luchando contra la violencia hacia las mujeres y contra los recortes a los servicios públicos.
Este 2013 es el quinto año de la mayor crisis económica y financiera desde los años treinta del pasado siglo, caracterizada por una destrucción de empleo sin precedentes en España, con consecuencias particularmente graves para las mujeres, a quienes afecta directamente con la pérdida y la precarización de sus puestos de trabajo (cerca de 2.800.000 de mujeres no encuentran empleo en nuestro país), e indirectamente, a través de los recortes presupuestarios en los servicios públicos. Por ello, es indispensable aplicar la dimensión de la igualdad de género a la hora de hacer frente a esta crisis.
Estos efectos laborales y económicos están repercutiendo de forma desigual en hombres y mujeres en materia de empleo y protección social. Para las mujeres, el paro ya tenía carácter estructural con anterioridad, por lo que las desempleadas acceden, en general, a menos prestaciones. Si a ello añadimos las consecuencias a largo plazo debido a sus trayectorias profesionales discontinuas, motivadas por la necesidad de atender al trabajo de cuidados, con empleos precarios, incluso informales, mal remunerados, a tiempo parcial impuesto, es obvio que eleva su exposición a una jubilación en riesgo de pobreza o de exclusión social.
La crisis está aumentado el empobrecimiento de la población, con mayor incidencia en las mujeres, que se enfrentan con mucha frecuencia a numerosas dificultades: familias monomaternales, con trabas para tener una vivienda, asumiendo la responsabilidad de personas a su cargo; mujeres mayores que no son admitidas en el mercado de trabajo... Situaciones que les abocan a aceptar un trabajo informal y mal remunerado, para escapar de la crisis.

Durante estos largos cinco años de crisis, la brecha entre mujeres y hombres en la sociedad, en la economía, en la política y en la cultura, está ampliando cada vez más sus márgenes. Esto ha puesto en alerta a instituciones en todo el mundo, por ser la principal señal de alarma del aumento de la desigualdad social global. A mayor brecha de género, mayor riesgo de desigualdad social y mayor amenaza de fractura social.

Los recortes a nuestro precario modelo de bienestar conducen inequívocamente a que los servicios y atenciones que el Estado debiera proporcionar sean remitidos por la vía de los hechos al entorno familiar, con unas destinatarias consignadas de antemano: las mujeres. Nuestro Estado, sin financiación, prestaciones y servicios suficientes y eficientes para la atención y cuidados, «requiere del protagonismo de las mujeres en el desempeño de trabajos no retribuidos». La destrucción de servicios y empleos públicos implica una doble penalización para las mujeres: porque son ellas las que más salen del empleo público y porque son ellas quienes van a realizarlos servicios que deja de prestar el Estado.
La sanidad, la educación, los servicios sociales, han de ser garantizados por el Estado para que la ciudadanía, hombres y mujeres, no renuncie al derecho al empleo, a la participación sindical, política, económica y cultural.

La salida de la crisis no debe encontrar apoyos en el trabajo informal sin derechos, ni en el subempleo, ni en la segregación ocupacional y sectorial para pagar menos por trabajos de igual valor, ni en el contrato a tiempo parcial con menores salarios y prestaciones, ni en el empleo del hogar y de cuidados sin equidad en derechos y obligaciones.
La dimensión de la igualdad de género ha de ser integrada de forma explícita y global en las decisiones que se adopten para salir de la crisis: igualdad de oportunidades al empleo con derechos, a percibir un salario igual por trabajos de igual valor, a estar libre de acoso sexual y por razón de sexo en el desempeño laboral.

Es decir, que las mujeres no estén «predestinadas» a sectores y ocupaciones con bajos salarios, a ser «empleadas a tiempo-parcial/paro parcial».

En la salida a la crisis han de reforzarse los baluartes legales de igualdad alcanzados en España mediante el diálogo social: la lucha contra la violencia de género, la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida, el derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho al aborto.