El informe presentado al Consejo Escolar Valenciano sobre el arreglo escolar, redactado por la Conselleria de Educación, para el próximo curso 2013/2014, valida la ampliación de ratios en todos los niveles de la enseñanza (30 alumnos/as en primaria, 35 en secundaria y más de 42 en bachiller), lo que desde mi punto de vista vuelve a conllevar un nuevo ataque a la escuela rural y la escuela pública sin precedentes para todos aquellos que la defendemos.



 

Estas instrucciones, que vienen en ese informe, van a suponer un agravio muy importante para el modelo de enseñanza ya que va a empeorar la calidad educativa de los centros educativos valencianos, y con ello, los de nuestra comarca, además: comportará la imposibilidad de atender la diversidad, traduciéndose esto en mayores dificultades para mejorar las habilidades sociales y personales del alumnado, lo que supondrá un abandono de los alumnos con necesidad de refuerzo y ayuda complementaria y  significará más problemas de convivencia y violencia escolar y por consiguiente  se traducirá en peores resultados académicos de los alumnos y más fracaso escolar.

 

Asimismo las conclusiones que se pueden sacar de este informe es que si lleva a término, sus resultados imposibilitarán la integración de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales y con toda probabilidad dificultará la aplicación de los programas plurilingües iniciando lo que puede ser el deterioro de la escuela pública.

 Además de las circunstancias anteriores, esta modificación de las ratios en los centros incompletos supone un ataque a la escuela rural, y en nuestras comarcas del Camp de Morvedre y Alto Palancia, tenemos bastantes. 

 

En la escuela rural incompleta, un alumno tiene los mismos derechos que en la escuela completa, cada unidad, cada grupo, supone un mayor servicio para la comunidad, para el pueblo. En la escuela rural, la escuela es núcleo de convivencia, factor de supervivencia para un pueblo, una escuela es la vida de un pueblo, la biblioteca, la sede cultural, el núcleo que aglutina las inquietudes de futuro y de presente.

 Además estas instrucciones van a  generar una gran inseguridad para el profesorado, unos trabajadores que ya han visto reducido su sueldo, modificadas sus condiciones laborales y que ahora puede verse desplazado y forzado a tener que ir a trabajar a muchos kilómetros de su lugar de trabajo actual.



 

Por todo ello, como docente, como persona que está defendiendo la escuela pública, estoy en contra de estas instrucciones y espero que la administración educativa se vuelva a sentar y dialogue con las organizaciones sindicales y sociales para llegar a acuerdos que beneficien y no perjudiquen a la escuela pública, retirando el Real Decreto Ley 14/2012 del 20 de abril, y la Orden 19/2012 que desarrolla su aplicación, así como las instrucciones que conllevan el informe presentado al Consejo Escolar Valenciano y que no ha tenido el apoyo ni de la organizaciones sindicales, ni de los padres.