Dentro de la política de destrucción del Estado de Derecho con que nos está apretando el Gobierno de Rajoy desde que alcanzó el poder, engañando al electorado con unas promesas que ha incumplido sistemáticamente, el último paso, por ahora, ha sido imponer a los ciudadanos el pago de unas tasas como requisito previo a que puedan defender sus derechos ante los Juzgados. No se trata de unas tasas asumibles o testimoniales, sino que se trata de una clara cortapisa económica para crear una barrera entre los ricos y todos los demás, de tal forma que uno de los poderes del Estado, el poder judicial, quede, en la práctica, sólo al servicio de la clase más pudiente.
Hasta ahora existían las tasas, unas aplicables a todos los ciudadanos —salvo los que gozasen del beneficio de justicia gratuita— y otras aplicables sólo a las grandes empresas, aquellas que facturasen más de ocho millones de euros anuales. Por supuesto, las cuantías de las primeras eran moderadas. Así, para presentar un recurso ante el propio juez que había dictado una resolución que se consideraba errónea, la tasa era de 25 euros y si se tenía que apelar ante la Audiencia Provincial, era de 50 euros. Ahora, por obra y gracia del ministro Ruiz-Gallardón, con la dirección del Presidente del Gobierno y la complicidad de todos y cada uno de los diputados y senadores del Partido Popular, amparados en su mayoría absoluta, todo el mundo al que no le hayan concedido el beneficio de justicia gratuita, esto es, todas aquellas familias que tengan ingresos superiores a los 1.283 euros mensuales, deberán pagar las tasas, si es que quieren defender sus derechos, ya que la Ley aprobada por el PP no distingue si se trata de una persona que tenga un salario de 1.400 euros al mes o si se trata de un banco que gane 200.000 euros a la hora, todos pagarán lo mismo.
¿Qué tasas se deberán pagar?
La Ley 10/2012, conocida en el mundillo judicial como «El tasazón de Gallardón», establece una cantidad fija y otra variable. La suma de ambas es la tasa que se deberá pagar si se quiere que la Justicia (salvo en orden penal, en que por ahora no se establecen) ampare tu derecho, tasa que se pagará en todas las instancias por las que pueda pasar el procedimiento. Veamos algunos ejemplos:
— Usted alquila una vivienda de su propiedad, valorada en 90.000 euros, por 300 euros mensuales. El inquilino no le paga y al cabo de 5 meses, cuando ya le debe 1.500 euros, usted decide recuperar la vivienda para lo que debe instar un procedimiento judicial. Para ver la puerta de los juzgados, previamente habrá tenido que pasar por caja y pagar 607,5 euros. Pero si por cualquier circunstancia debe presentar apelación ante la Audiencia Provincial, prepare otros 1.257,5 euros más.
— Recibe una multa del Ayuntamiento, por ejemplo de las ilegales que aplica el de Sagunto por la ORA, le reclaman 30 euros, pues bien, para reclamar y hacer valer su derecho, tendrá que pasar por caja antes de presentar el recurso contencioso administrativo y pagar 200,15 euros. — Supongamos que como consecuencia de un incendio causado por negligencia de su vecino, a usted se le han causado daños por valor de 200.000 euros, entre la pérdida de su vivienda y de todo lo que tenía en su interior. Reclamarlos, si a usted no le dan la razón ni en el Juzgado de primera instancia ni en la Audiencia Provincial y termina ganando en el Tribunal Supremo, le habrá costado pagar unas tasas de 5.300 euros. Y ejemplos más sangrantes se pueden dar, como puedan ser los 14.000 euros que puede llegar a tener que pagar, agotando todos los recursos, quien quiera verse resarcido económicamente por una paraplejía que le han causado en un accidente.
El Artículo 24 de la Constitución Española establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, pero es evidente que el Gobierno del Partido Popular no concede el calificativo de ‘personas’ a quienes no sean de clase pudiente pues, de un plumazo y hasta que el Tribunal Constitucional no eche atrás al tasazón, la capacidad económica va a ser lo determinante para poder ejercer el derecho de acudir a los Juzgados.
Pocas veces una Ley había tenido una respuesta tan contundente desde todos los sectores: Juntas y asociaciones de jueces, de secretarios judiciales, fiscales, sindicatos, Colegios de Abogados y Procuradores, asociaciones de consumidores, partidos políticos, salvo el PP, y hasta el propio Consejo General del Poder Judicial se han pronunciado en contra de este abuso, tachando la Ley de inconstitucional, injusta e inmoral. Pero el Partido Popular se ha enrocado, envalentonado con su mayoría absoluta, con la satisfacción del Sr. Ruíz-Gallardón de haber tocado de muerte al último recurso civilizado que le queda a los ciudadanos para defender sus derechos. Ya veremos qué ocurre dentro de unos meses cuando tanto descontento que están sembrando en sólo doce aciagos meses confluya en la misma calle. Si pensaba el Gobierno que cerrando la puerta de acceso a la Justicia iba a evitar que los ya afectados por la destrucción de la educación, la sanidad pública o de los servicios sociales se quedaran callados, creo que se han equivocado. Todos los estamentos de la administración de justicia han saltado al unísono y ya vemos acciones como la de facilitar a los ciudadanos fórmulas que permitan financiar las tasas, jueces que, como el de lo Social de Benidorm, publican un acuerdo señalando que en su juzgado no se cobrarán las tasas por ir contra la Constitución y el Tratado de la Unión Europea. Incluso, Colegios de Abogados que en estrecha colaboración con las Juntas de Jueces, han elaborado modelos para recurrir, ante los propios jueces, la aplicación de las tasas y acciones simbólicas, como la de los Colegios de Abogados de Canarias, que han declarado a Ruiz Gallardón persona non grata y le prohíben la entrada a todas sus dependencias.
En definitiva, el mundo de la justicia anda revuelto y le ha salido contestatario a este ministro que antes iba de ‘progre’ y ahora se ha quitado la careta, mostrando su lado oscuro. La sociedad española está acostumbrada a muchos padecimientos y sacrificios, pero cuando estos gobernantes, llegados al poder con una engañifa promesa electoral, no cesan en su objetivo de destruir empleo, de eliminar la riqueza nacional, de privar de enseñanza a quien no pueda pagársela, de dejar la sanidad convertida en un negocio privado en el que primen los beneficios empresariales frente a la salud de los usuarios y, por último, de convertir la justicia en una artículo de lujo, evitando que los ciudadanos reclamen contra, entre otros, los bancos y las aseguradoras, la cosa va mal, muy mal y, al final, por algún sitio tendrá que reventar.
Lograr una Constitución democrática costó mucho esfuerzos y sacrificios a sucesivas generaciones de españoles como para que ahora vengan éstos mercantilistas iluminados y quieran eliminar de un plumazo todos los derechos que contiene. Por ello, aunque el «tasazón de Gallardón» sea una Ley, tenemos que recordar lo que dijo Montesquieu: «Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa».
Hasta ahora existían las tasas, unas aplicables a todos los ciudadanos —salvo los que gozasen del beneficio de justicia gratuita— y otras aplicables sólo a las grandes empresas, aquellas que facturasen más de ocho millones de euros anuales. Por supuesto, las cuantías de las primeras eran moderadas. Así, para presentar un recurso ante el propio juez que había dictado una resolución que se consideraba errónea, la tasa era de 25 euros y si se tenía que apelar ante la Audiencia Provincial, era de 50 euros. Ahora, por obra y gracia del ministro Ruiz-Gallardón, con la dirección del Presidente del Gobierno y la complicidad de todos y cada uno de los diputados y senadores del Partido Popular, amparados en su mayoría absoluta, todo el mundo al que no le hayan concedido el beneficio de justicia gratuita, esto es, todas aquellas familias que tengan ingresos superiores a los 1.283 euros mensuales, deberán pagar las tasas, si es que quieren defender sus derechos, ya que la Ley aprobada por el PP no distingue si se trata de una persona que tenga un salario de 1.400 euros al mes o si se trata de un banco que gane 200.000 euros a la hora, todos pagarán lo mismo.
¿Qué tasas se deberán pagar?
La Ley 10/2012, conocida en el mundillo judicial como «El tasazón de Gallardón», establece una cantidad fija y otra variable. La suma de ambas es la tasa que se deberá pagar si se quiere que la Justicia (salvo en orden penal, en que por ahora no se establecen) ampare tu derecho, tasa que se pagará en todas las instancias por las que pueda pasar el procedimiento. Veamos algunos ejemplos:
— Usted alquila una vivienda de su propiedad, valorada en 90.000 euros, por 300 euros mensuales. El inquilino no le paga y al cabo de 5 meses, cuando ya le debe 1.500 euros, usted decide recuperar la vivienda para lo que debe instar un procedimiento judicial. Para ver la puerta de los juzgados, previamente habrá tenido que pasar por caja y pagar 607,5 euros. Pero si por cualquier circunstancia debe presentar apelación ante la Audiencia Provincial, prepare otros 1.257,5 euros más.
— Recibe una multa del Ayuntamiento, por ejemplo de las ilegales que aplica el de Sagunto por la ORA, le reclaman 30 euros, pues bien, para reclamar y hacer valer su derecho, tendrá que pasar por caja antes de presentar el recurso contencioso administrativo y pagar 200,15 euros. — Supongamos que como consecuencia de un incendio causado por negligencia de su vecino, a usted se le han causado daños por valor de 200.000 euros, entre la pérdida de su vivienda y de todo lo que tenía en su interior. Reclamarlos, si a usted no le dan la razón ni en el Juzgado de primera instancia ni en la Audiencia Provincial y termina ganando en el Tribunal Supremo, le habrá costado pagar unas tasas de 5.300 euros. Y ejemplos más sangrantes se pueden dar, como puedan ser los 14.000 euros que puede llegar a tener que pagar, agotando todos los recursos, quien quiera verse resarcido económicamente por una paraplejía que le han causado en un accidente.
El Artículo 24 de la Constitución Española establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, pero es evidente que el Gobierno del Partido Popular no concede el calificativo de ‘personas’ a quienes no sean de clase pudiente pues, de un plumazo y hasta que el Tribunal Constitucional no eche atrás al tasazón, la capacidad económica va a ser lo determinante para poder ejercer el derecho de acudir a los Juzgados.
Pocas veces una Ley había tenido una respuesta tan contundente desde todos los sectores: Juntas y asociaciones de jueces, de secretarios judiciales, fiscales, sindicatos, Colegios de Abogados y Procuradores, asociaciones de consumidores, partidos políticos, salvo el PP, y hasta el propio Consejo General del Poder Judicial se han pronunciado en contra de este abuso, tachando la Ley de inconstitucional, injusta e inmoral. Pero el Partido Popular se ha enrocado, envalentonado con su mayoría absoluta, con la satisfacción del Sr. Ruíz-Gallardón de haber tocado de muerte al último recurso civilizado que le queda a los ciudadanos para defender sus derechos. Ya veremos qué ocurre dentro de unos meses cuando tanto descontento que están sembrando en sólo doce aciagos meses confluya en la misma calle. Si pensaba el Gobierno que cerrando la puerta de acceso a la Justicia iba a evitar que los ya afectados por la destrucción de la educación, la sanidad pública o de los servicios sociales se quedaran callados, creo que se han equivocado. Todos los estamentos de la administración de justicia han saltado al unísono y ya vemos acciones como la de facilitar a los ciudadanos fórmulas que permitan financiar las tasas, jueces que, como el de lo Social de Benidorm, publican un acuerdo señalando que en su juzgado no se cobrarán las tasas por ir contra la Constitución y el Tratado de la Unión Europea. Incluso, Colegios de Abogados que en estrecha colaboración con las Juntas de Jueces, han elaborado modelos para recurrir, ante los propios jueces, la aplicación de las tasas y acciones simbólicas, como la de los Colegios de Abogados de Canarias, que han declarado a Ruiz Gallardón persona non grata y le prohíben la entrada a todas sus dependencias.
En definitiva, el mundo de la justicia anda revuelto y le ha salido contestatario a este ministro que antes iba de ‘progre’ y ahora se ha quitado la careta, mostrando su lado oscuro. La sociedad española está acostumbrada a muchos padecimientos y sacrificios, pero cuando estos gobernantes, llegados al poder con una engañifa promesa electoral, no cesan en su objetivo de destruir empleo, de eliminar la riqueza nacional, de privar de enseñanza a quien no pueda pagársela, de dejar la sanidad convertida en un negocio privado en el que primen los beneficios empresariales frente a la salud de los usuarios y, por último, de convertir la justicia en una artículo de lujo, evitando que los ciudadanos reclamen contra, entre otros, los bancos y las aseguradoras, la cosa va mal, muy mal y, al final, por algún sitio tendrá que reventar.
Lograr una Constitución democrática costó mucho esfuerzos y sacrificios a sucesivas generaciones de españoles como para que ahora vengan éstos mercantilistas iluminados y quieran eliminar de un plumazo todos los derechos que contiene. Por ello, aunque el «tasazón de Gallardón» sea una Ley, tenemos que recordar lo que dijo Montesquieu: «Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa».
Eduardo Alberola Royuela es abogado,
socio del despacho AOS asociados SLP.
socio del despacho AOS asociados SLP.
