Las intervenciónes de la secretaria general Intecomarcal, Begoña Cortijo y Paco Molina, trataron sobre el Acuerdo Social y Económico para el «Crecimiento, el Empleo y la Garantía de las Pensiones que las centrales sindicales, el Gobierno y la patronal firmamos el pasado 2 de febrero, en el cual se ha conseguido corregir las propuestas iniciales del Gobierno».
Sobre el sistema de pensiones, destacan en un comunicado, la «eliminación de la obligatoriedad de los 67 años, manteniendo los 65 como edad de jubilación ordinaria», con una horquilla de flexibilidad que va desde los 61 a los 67 años y «posibilitando la jubilación voluntaria a partir de 63». Asimismo señalan que se ha mantenido «el mínimo de 15 años para acceder a una pensión contributiva, se ha ampliado el cálculo a 25 años y se ha reordenado la escala de cálculo de 35 a 37 años para el acceso al 100% de la pensión».
Aseguran desde la Unión Intercomarcal que se «han mejorado» las carreras de cotización de las personas más vulnerables (hasta dos años de cotización para aquellas personas que hayan interrumpido su vida laboral por nacimiento o adopción y para jóvenes que hayan participado en programas de formación). Añaden que se ha conseguido, a través de la regulación de coeficientes, establecer «reducción en la edad de jubilación» para los trabajos penosos, tóxicos o peligrosos, manteniendo la «jubilación parcial anticipada» y se han mejorado los incentivos para el retraso voluntario.
Por otro lado, afirman desde CC.OO. que se ha conseguido la integración de los Regímenes Especiales Agrario, de Empleados de Hogar y se «han mejorado las Bases de Cotización del Régimen de Autónomos. Y por fin se ha conseguido la financiación con cargo a los presupuesto del Estado de los complementos que se añaden a las pensiones contributivas para alcanzar los mínimos y que afectan sobre todo a pensiones de viudedad y empleados/as de hogar».
El acuerdo social y económico, según este sindicato, también contempla «compromisos que afectan a la protección social» de aquellas personas que más están sufriendo la crisis, los desempleados que ya han agotado todas las prestaciones, para los que se ha recuperado la ayuda de 400 euros e incluye materias como las políticas activas de empleo cuya finalidad es mejorar el mercado de trabajo y la empleabilidad de las personas desempleadas, informan desde este sindicato. Asi como «políticas industriales, energéticas y de innovación, que responden a la necesidad del cambio en nuestro modelo productivo. Retoma el proceso de dialogo en la mesa de la función pública. Y lo que es fundamental, refuerza el papel de la negociación colectiva sectorial y defiende que la reforma parta del principio de respeto a la autonomía de los interlocutores sociales para gestionar la negociación colectiva».
Varios asuntos
Begoña Cortijo, informó a los miembros del Consejo de las últimas novedades respecto al Cubrimiento de las vías del AVE, indicando que se está estudiando la posibilidad de realizar un convenio entre administraciones para desarrollar este proyecto y para ello se están manteniendo reuniones con ADIF, Ministerio de Fomento y Generalitat Valenciana. El objetivo, según Cortijo, es conseguir llegar a un acuerdo tripartito donde se establezcan tanto la superficie a cubrir como el coste y su financiación. «Por el momento, las conversaciones mantenidas parecen que van por buen camino para conseguir que el proyecto de cubrimiento de las vías acabe satisfactoriamente». Asimismo comento Cortijo la reunión que CC.OO. mantuvo en el Ministerio de Fomento para «garantizar las condiciones de expropiación de las empresas afectadas por las vías, consiguiendo el compromiso de que se nos dará toda la información para evitar que haya empresas que aprovechen la expropiación para propiciar un cierre patronal injustificado. Además, también se nos garantizó que seguirá adelante la construcción de la conexión con el Cantábrico para el tráfico de mercancías».
En referencia a la remodelación del paseo marítimo, la secretaria general de la Ejecutiva Intercomarcal, señaló que «no se puede ser optimista». En el mes de noviembre se les comunicó a los concesionarios de las instalaciones (Casino, Plenamar, Lonja, Cruz Roja y pistas de tenis) la obligatoriedad de derribo por haber finalizado los periodos de concesión y, «ante esto, los empresarios de estas edificaciones solicitaron al CES que se pidiese a Costas la paralización de los derribos». Al respecto, en el Consejo Económico y Social, Comisiones planteó la conveniencia de que durante los dos meses que tenían de plazo para ejecutar los derribos se miraran las posibilidades de llegar a un acuerdo con Costas para consensuar un proyecto de remodelación en el paseo marítimo y, que en ese caso se mantuvieran las edificaciones, pero siempre con un proyecto establecido que además recogiera ese empleo y generará una reactivación del sector en el futuro. Añade Cortijo, que con ese planteamiento se acudió al Ministerio de Medioambiente, a la que también acudió CC.OO. como representante del CES. En la reunión con el Director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar «se transmitió la petición de paralizar los derribos hasta que existiera una alternativa de remodelación del paseo con nuevas concesiones, convertir el malecón en una zona verde con conexión con la zona del pantalán». Pero todas las expectativas, de retomar las inversiones del Ministerio y poder recuperar la zona del malecón de Menera junto a un nuevo paseo marítimo, «se vieron frustradas» con la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia donde se reconocía los derechos de propiedad al grupo PROSGUNSA. Con dicha sentencia, según la secretaria intercomarcal «el futuro del frente litoral de la Ciudad se ha visto gravemente perjudicado, ya que, según han manifestado los propietarios del malecón su intención es la de construir un hotel y viviendas particulares. En definitiva, los intereses urbanísticos han conseguido paralizar un proyecto que, en su primera propuesta, contemplaba una inversión de 20 millones de euros».
En el ámbito de la acción sindical de la Unión, Begoña Cortijo hizo una mención especial a la sentencia favorable dictada por el Juzgado de lo Social ante la demanda presentada por los trabajadores de EUROCEN por «cesión ilegal» de trabajadores contra la empresa Lafarge. Este hecho motivó una serie de reuniones con los grupos políticos del Ayuntamiento de Sagunto donde se trató el redactado final del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa cementera, «donde es nuestra intención que se recoja con claridad el compromiso de la empresa al mantenimiento de la plantilla mientras se siga extrayendo materiales en nuestro municipio». CC.OO. entiende, y así lo ha señalado, que la «plantilla de LAFARGE engloba a estos trabajadores que han ganado el reconocimiento en el juzgado. Todos los grupos políticos han estado de acuerdo en recoger en el convenio el mantenimiento de la plantilla, lo que es un reconocimiento a la lucha sindical y al esfuerzo de todos los trabajadores de Lafarge», concluyen en su comunicado.
