El director de la SAG en su despacho
En segundo lugar, aclaran desde la SAG, que respecto a la presunta documentación que la empresa parece haber recibido por parte de los trabajadores y emitida por el INSS, la realidad es que desde un primer momento la Empresa, y con el ánimo de agilizar el proceso para que los trabajadores implicados pudieran jubilarse parcialmente, se marcaron unas directrices hacia los propios trabajadores de consulta al INSS que la «sección sindical de CC.OO. desautorizó, motivo por el cual la situación se ha paralizado hasta que hoy en la reunión de la Secretaria Intercomarcal de CC.OO. Begoña Cortijo con el alcalde y la dirección de la SAG ha autorizado a la Empresa a que haga aquello que llevamos dos meses aconsejando, y que como ya se ha mencionado fue en su momento desautorizado por quien ahora nos autoriza».
Rechazan desde la empresa que sea cierto que cuando el IPC «baja al conjunto de trabajadores se les baja el sueldo». En ese sentido señala Catalá, que sin perjuicio de que habrá que atender a lo que establezcan los convenios colectivos de aplicación una vez se alcance el deseable acuerdo entre las partes negociadoras, «únicamente hemos atendido en base a nuestra responsabilidad como gestores de la Empresa», y dado el contexto económico de crisis y especialmente los ámbitos referidos a corporaciones locales, y en concreto al carácter municipal de la Sociedad Anónima de Gestión, y las previsiones del Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, así como el mandato del artículo 22 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, relativo a los gastos de personal al servicio del sector público, «que establece que no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, aconsejan mantener las retribuciones de todo el personal de la SAG en los mismos valores que se percibieron en 2010, ya que de lo contrario la situación y perspectivas económicas de la Empresa podrían verse dañadas, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma».
Por último, señala el director de la SAG , que respecto de la «amenaza de huelga» en la semana fallera en la recogida de basura y limpieza viaria, «en donde el conjunto de ciudadanos se verían afectados de forma irracional, entendemos que no es el procedimiento oportuno ni existen argumentos o razones objetivas al respecto».
