Delegados de los sindicatos CCOO y UGT del Camp de Morvedre y Alto Palancia ocuparán esta mañana, desde las 11 horas, las sedes del INSS de Sagunto y Puerto para rechazar la propuesta del Ejecutivo de retrasar de forma obligatoria la edad legal de jubilación a los 67 años, que consideran injusta e innecesaria. Este acto de protesta se llevará a cabo simultáneamente en todo el país señalan fuentes sindicales.
Los sindicatos están dispuestos a buscar alternativas y propuestas que «no pasen por un recorte injustificado de los derechos de los trabajadores», pero han advertido al Gobierno que irán «aumentando gradualmente» las movilizaciones según evolucionen las negociaciones con la patronal y el Gobierno.
En tal sentido manifiestan los sindicatos que el Gobierno ha abordado la situación de crisis económica por la que atraviesa España, utilizando de «forma indebida el sistema público de pensiones» para reducir el déficit, congelando las pensiones para 2011, y ha intentando «imponer una reforma que pone en riesgo no sólo el consenso nacido del Pacto de Toledo en 1995, sino también los derechos y expectativas de los actuales y futuros pensionistas». La intención del Gobierno de retrasar hasta los 67 años la edad legal de jubilación ha contado siempre «con la radical oposición de los sindicatos».
A juicio de CCOO y UGT la prolongación de la edad de jubilación es una medida «injusta e innecesaria», que pone en riesgo el consenso social y político que desde hace más de 15 años ha acompañado a las sucesivas reformas del sistema público de pensiones. Y añaden que los sindicatos «somos los más interesados en preservar la viabilidad futura del sistema público de pensiones. Son los trabajadores y trabajadoras los principales beneficiarios de unas prestaciones que con sus cotizaciones durante toda la vida laboral han merecido. Y son ellos los que más deben velar por mantener y mejorar los niveles de protección social en el futuro ante los retos demográficos y financieros que se le presentan al sistema».
UGT y CC.OO. están dispuestos a buscar alternativas y propuestas que no pasen por un recorte «injustificado de los derechos y expectativas de los actuales y futuros pensionistas». Y declaran que van a trabajar con decisión y firmeza para sacar adelante sus propuestas en la mesa de negociación. Porque no hacerlo conllevaría «el riesgo del debilitamiento y de la insuficiencia de nuestra protección social, y caminar hacia un sistema con mayor peso de los sistemas de capitalización individual».
Tanto CCOO como UGT están dispuestos a buscar alternativas y propuestas que no pasen por reducir o eliminar ni derechos actuales ni expectativas de derecho de los trabajadores. Con este fin han insistido en que frente a la «obsesión del Gobierno» por actuar única y exclusivamente sobre el gasto de las pensiones, recortando sustancialmente las prestaciones, «es necesario avanzar en tres escenarios alternativos» que ayudarán a racionalizar el debate sobre las pensiones y garantizar su viabilidad futura:
«Desvincular la reforma del sistema público de pensiones del origen y desarrollo de la crisis financiera y económica».
«Hace falta una reforma equilibrada que preserve las características básicas del sistema, de reparto, contributivo, redistributivo entre territorios y niveles de renta, y fundamentalmente solidario. Hay que incrementar los ingresos, aumentando las bases de cotización máximas y mínimas, vinculadas estas últimas al crecimiento del SMI; incrementando las aportaciones públicas al sistema y mejorando las bases de cotización en los regímenes especiales».
Y «mejorar las pensiones implica actuar sobre el mercado de trabajo y la creación de empleo, de mejor calidad, con mayor tasa de actividad femenina y menor tasa de desempleo juvenil».
Los sindicatos están dispuestos a buscar alternativas y propuestas que «no pasen por un recorte injustificado de los derechos de los trabajadores», pero han advertido al Gobierno que irán «aumentando gradualmente» las movilizaciones según evolucionen las negociaciones con la patronal y el Gobierno.
En tal sentido manifiestan los sindicatos que el Gobierno ha abordado la situación de crisis económica por la que atraviesa España, utilizando de «forma indebida el sistema público de pensiones» para reducir el déficit, congelando las pensiones para 2011, y ha intentando «imponer una reforma que pone en riesgo no sólo el consenso nacido del Pacto de Toledo en 1995, sino también los derechos y expectativas de los actuales y futuros pensionistas». La intención del Gobierno de retrasar hasta los 67 años la edad legal de jubilación ha contado siempre «con la radical oposición de los sindicatos».
A juicio de CCOO y UGT la prolongación de la edad de jubilación es una medida «injusta e innecesaria», que pone en riesgo el consenso social y político que desde hace más de 15 años ha acompañado a las sucesivas reformas del sistema público de pensiones. Y añaden que los sindicatos «somos los más interesados en preservar la viabilidad futura del sistema público de pensiones. Son los trabajadores y trabajadoras los principales beneficiarios de unas prestaciones que con sus cotizaciones durante toda la vida laboral han merecido. Y son ellos los que más deben velar por mantener y mejorar los niveles de protección social en el futuro ante los retos demográficos y financieros que se le presentan al sistema».
UGT y CC.OO. están dispuestos a buscar alternativas y propuestas que no pasen por un recorte «injustificado de los derechos y expectativas de los actuales y futuros pensionistas». Y declaran que van a trabajar con decisión y firmeza para sacar adelante sus propuestas en la mesa de negociación. Porque no hacerlo conllevaría «el riesgo del debilitamiento y de la insuficiencia de nuestra protección social, y caminar hacia un sistema con mayor peso de los sistemas de capitalización individual».
Tanto CCOO como UGT están dispuestos a buscar alternativas y propuestas que no pasen por reducir o eliminar ni derechos actuales ni expectativas de derecho de los trabajadores. Con este fin han insistido en que frente a la «obsesión del Gobierno» por actuar única y exclusivamente sobre el gasto de las pensiones, recortando sustancialmente las prestaciones, «es necesario avanzar en tres escenarios alternativos» que ayudarán a racionalizar el debate sobre las pensiones y garantizar su viabilidad futura:
«Desvincular la reforma del sistema público de pensiones del origen y desarrollo de la crisis financiera y económica».
«Hace falta una reforma equilibrada que preserve las características básicas del sistema, de reparto, contributivo, redistributivo entre territorios y niveles de renta, y fundamentalmente solidario. Hay que incrementar los ingresos, aumentando las bases de cotización máximas y mínimas, vinculadas estas últimas al crecimiento del SMI; incrementando las aportaciones públicas al sistema y mejorando las bases de cotización en los regímenes especiales».
Y «mejorar las pensiones implica actuar sobre el mercado de trabajo y la creación de empleo, de mejor calidad, con mayor tasa de actividad femenina y menor tasa de desempleo juvenil».
