El sindicalista Juan Miguel calomarde
En dicho pleno, al respecto de este asunto, hubo una serie de intervenciones desde el público, por parte de CC.OO. lo hizo el secretario general de la sección sindical, que rechazó el nuevo organigrama y por otro lado, lo defendió Francisco Crispín, como funcionario al que se habían asignado más competencia en su puesto de Jefe de Inspección Técnica.
Este acuerdo se publicó en el BOP el 27 de enero de 2010. Dentro del plazo, el 1 de marzo, CC.OO. presentó alegaciones contra la aprobación inicial del organigrama pidiendo la anulación del acuerdo plenario, «y en todo caso que se estudie en profundidad dentro del organigrama del catálogo de puesto de trabajo el Ayuntamiento que era inminente su elaboración». Recuerda Calomarde que este cambio de organigrama se realizó con la «excusa de la descentralización de servicios», pero a pesar de que el propio concejal de Actividades, Manuel González (SP) «reconoció que la descentralización iba a tardar, se empeñó en aprobar el organigrama».
Como ya manifestaron en las alegaciones, para CC.OO. este procedimiento empieza «viciado, dado que se promueve por el propio Jefe de Inspección Técnica de Actividades, por medio de un informe firmado de 12 páginas de 4 de septiembre de 2009, donde entre otras cosas hace un repaso interesado de todos los puestos de trabajo, autoarrogándose en su propia jefatura las competencias ampliadas, permiténdose incluso hacer un organigrama donde se coloca él mismo como responsable de los servicios técnicos del departamento en su totalidad…», según figura en la cuarta alegación.
Sigue explicando Calomarde que la Corporación municipal rechazó las alegaciones (en el pleno del día 29 de abril de 2010) que habían sido presentadas por CC.OO. y por el Jefe de Área de Actividades como persona perjudicada y se aprueba definitivamente el nuevo organigrama, publicándose en el BOP el 25 de mayo pasado y a partir de entonces se abre un período de dos meses para ir a los tribunales, cosa que ya han hecho desde el sindicato. «Como desde CC.OO. consideramos que este es un tema de justicia social y de posible trato de favor, donde insistimos ha primado más el interés personal en vez del interés general de los servicios, por ello hemos presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Valencia».
Apunta el líder sindical que desde CC.OO. tienen confianza que se resuelva «a nuestro favor porque las pruebas que aportamos son determinantes, especialmente el propio informe interesado del funcionario que se beneficia de todo esto, que no es otra persona que el que ocupa el puesto de trabajo de la Jefatura de Inspección Técnica de Actividades».
