Los grupos políticos muestran su división ante la postura que ha de tomar el ayuntamiento ante el conflicto

Los despidos de la cementera vuelven a cuestionar el futuro de la explotación de la cantera del Romeu

Miércoles, 20 Junio 2012 02:00

Imagen aérea de la cantera de Romeu que explota Lafarge
Imagen aérea de la cantera de Romeu que explota Lafarge
La explotación de la montaña Romeu ha vuelto a primer plano del debate político municipal tras la decisión de la cementera Lafarge de despedir, alegando necesidades productivas, a los 12 trabajadores que la justicia le había obligado a readmitir recientemente por despido nulo tras el juicio de Eurocen. La cementera tiene aún pendiente la firma del convenio de explotación de la montaña de Romeu, un convenio del que sólo se han aprobado sus bases, y que se vendió como una necesidad imperiosa para poder mantener todos los puestos de trabajo de la planta saguntina, algo que ha quedado en entredicho tras la decisión de despedir a 20 trabajadores, entre los que se encontraban los citados doce.

Entre las voces más críticas se encuentra la del grupo municipal de Bloc-Compromís, formación especialmente sensibilizada con la explotación del paraje de la montaña Romeu. Los nacionalistas recuerdan que las labores incineradoras de Lafarge son, según la información que manejan, altamente contaminantes lo que les lleva a afirmar que «de una empresa que tiene el cinismo de organizar mesas de sostenibilidad jornadas de seguridad y charlas sobre el cáncer, no nos extraña el comportamiento con los trabajadores despedidos, hacia los cuales queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad».


La edil Teresa Garcia llama a la reflexión «sobre las condiciones del diálogo que el Ayuntamiento establece con Lafarge, las cuales no pueden hacerse desde el punto de vista de la colaboración, sino de la exigencia en el cumplimiento de las obligaciones que reiteradamente incumple: ha despedido a los trabajadores con malas prácticas (lejos de la responsabilidad social de la que tanto alardea); solicitó una DIC para ampliar el ámbito de extracción de  la montaña de Romeu, mientras se sentaba a dialogar con el ayuntamiento; no ha invertido ni un euro en la restauración de Salt del Llop; en 2009 y a petición del BLOC se actualizó el pago correspondiente por el cánon de la explotación de Salt del Llop, el cual llevaba años sin abonarse, etc....». Garcia va más lejos al asegurar: «De sobra conocemos la hipocresía con la que procede, sus malas artes y el modo tan perverso con el que utiliza la propaganda para someter voluntades y por eso fuimos el único partido que votó en contra del convenio con Lafarge, el cual nos parecía falaz y perjudicaba no solo a los trabajadores, si no, al interés general del municipio».

Esquerra Unida también se suma a las críticas recordando que Lafarge «fue condenada por cesión ilegal de trabajadores, uno de los delitos más graves de la legislación laboral, que conlleva, incluso, responsabilidad penal» y habla de actitud  «chulesca» al despedirlos tres días después. Para EU «este comportamiento de Lafarge, ninguneando al Ayuntamiento, no es nuevo para el alcalde, que siempre se ha caracterizado por mantener una actitud sumisa con esta empresa, como ya ocurrió ante la denegación por parte de Consellería de la Declaración de Interés Comunitario, solicitado por Lafarge». En este sentido Esquerra Unida hace un llamamiento público al Alcalde, Alfredo Castelló, para que obligue a Lafarge a respetar al Ayuntamiento,  y que sea el primero que se plante contra los despidos y en defensa de los trabajadores.

Pero si los trabajadores despedidos esperan conseguir un apoyo, fuerte y efectivo, del consistorio deberán intensificar su actividad puesto que el resto de grupo municipales, que suman mayoría en el hemiciclo, muestran su solidaridad con los los trabajadores pero una postura mucho más tibia a la hora de criticar a la empresa. En este sentido, desde el PSOE, José Luis Chover ha explicado que su partido está con las familias de los despedidos, pero recuerda que es un asunto más de sindicatos que de partidos, y que no pueden opinar sobre un convenio que aún no existe. En el PP Alfredo Castelló asegura que confía en la necogiación entre empresa y trabajadores, haciendo de paso un llamamiento a «no politizar los temas», mientras que en SP, Manuel González, espera que los trabajadores tomen algún tipo de medida, pero recuerda que es la ley quien regula los despidos, y considera que el tema de la explotación de la cantera salvaría más empleos que los destruidos hasta ahora por la empresa.

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Modificado por última vez en Miércoles, 20 Junio 2012 02:00

 

 

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