Begoña Cortijo
Por su parte, el representante de UGT, Enrique Torres, se muestra categórico al afirmar que «la reforma es un ataque en toda regla a los derechos adquiridos desde la creación del Estatuto de los Trabajadores». Asimismo, reitera el dirigente ugetista que esta reforma: «va más encaminada a la destrucción del empleo, que a la de su fomento».
Más adelante, Begoña Cortijo ha señalado que las relaciones laborales no son las responsables de la destrucción de empleo y sí el sistema productivo: «si fuera realmente la normativa laboral el problema, no habría una tasa del 13% de desempleo en Euskadi y de un 31% en Andalucía. Tendrá algo que ver el modelo productivo, que se ha desarrollado de forma desigual en nuestro país». La dirigente intercomarcal de CC.OO. Ha advertido que el escenario que se pretende crear con estas medidas es «una redistribución injusta de la riqueza, ya que quieren emplear con bajos salarios y sin redes de protección social».
El secretario de Acción Sindical de UGT, Enrique Torres, destaca, de la nueva regulación laboral, que trata de «limitar la intervención de los poderes públicos, ampliar las causas justificativas para la modificación de las condiciones de trabajo y reducir los derechos de participación, información y consulta de los trabajadores sobre estas iniciativas empresariales». Agrega, además, que «se desnaturaliza el procedimiento de modificación de las condiciones de trabajo pactadas en convenio, para las que se requería antes el acuerdo, en congruencia con la legitimidad pactada inicialmente, para ser ahora algo usual que pueda justificarse con cualquier causa por banal que fuese. En conclusión, —añade— se ahonda en el desequilibrio de la relación laboral, abonando y fortaleciendo la posición de superioridad del empresario frente al trabajador».
La representante de CC.OO. ha reiterado que la recién aprobada reforma laboral «destruirá empleo, favorece la temporalidad y el despido libre». Asimismo, ha insistido en que «la reforma laboral será más perjudicial en los territorios más débiles y el País Valenciano lo es, puesto que tenemos salarios más bajos, menor protección social, mayor precariedad y más paro». Por otro lado, ha señalado, en clara referencia al Gobierno del PP de la Generalitat Valenciana, que: «aquellos que no han sabido administrar y gestionar los recursos públicos, no están legitimados para imponer sacrificios y ajustes».
Profundizando en esta línea argumental, Begoña Cortijo ha resaltado: «Aquí nadie responde del desgobierno y de la dilapidación de nuestros recursos en grandes eventos y fastos ruinosos, ni en el Gobierno valenciano ni en las entidades financieras que han exprimido nuestros ahorros y riqueza, generada a golpe de esfuerzo en la economía productiva».
