La UGT-PV denuncia otro recorte más para la «maltrecha aplicación» de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, debido, por un lado por el boicot no declarado por la Generalidad desde su inicio y, por otro, como consecuencia del recorte de los Presupuestos Generales del Estado para este año, ya que según afirman, «dejarán de invertirse 25 millones de euros de los 283 que han desaparecido de dichos presupuestos, lo que afectará a 25.000 valencianos y valencianas con necesidad de atención que no recibirán ayuda por parte del Estado». Para UGT ésta es otra muestra de lo que las cuentas del Estado traen para la Comunidad Valenciana en 2012, «más recortes, más desprotección social y menos atención a los que más lo necesitan».
Según la Organización sindical han analizado los presupuestos presentados y ven una «clara vulneración» respecto a la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en la que en la memoria económica de la misma «figuraba el compromiso de al menos hasta que la Ley fuera implantada en su totalidad, en el año 2015, el Estado se comprometía a aportar una cantidad anual para el nivel acordado, cantidad que vemos como en estos presupuestos pasan de 283 millones de euros a cero, por tanto este año el gobierno no realizará ninguna aportación a este nivel con la grave repercusión que esto supone para los beneficiarios de este derecho subjetivo».
Por otra parte, resaltan desde UGT que les llama poderosamente la atención que las cifras estatales para la atención a la dependencia «bajan de forma importante respecto al año pasado» incluso el número de beneficiarios presupuestados, situación que consideran del todo «inadmisible puesto que si bien el año pasado los beneficiarios con derecho a prestación se estimaron en 1.092.872 para este año se ha presupuestado en 790.000 beneficiarios, llamando más si cabe la atención el argumento esgrimido por el Imserso, en el descenso de los beneficiarios debido al ritmo desigual de gestión de las Comunidades Autónomas en el proceso de valoración de las solicitudes recibidas y en el reconocimiento de las prestaciones».
Para la UGT-PV es evidente que aplicar la Ley de la Dependencia «es una inversión rentable, tanto desde un punto de vista social, como económico. Además cabe destacar que esta ley es un derecho, de la misma manera que lo es el derecho a la educación o la sanidad, que también se han visto recortadas en los Presupuestos en un 21% y en un 13%, respectivamente. Todo ello, a pesar de que el Partido Popular votara a favor de la aprobación de la Ley en el Parlamento hace ya cinco años, aunque a tenor por lo visto en los Presupuestos ese voto ha servido para poco».
El sindicato considera que la aplicación de la Ley de la Dependencia «mejora la calidad de vida de quienes no pueden valerse por sí mismos y posibilita al mismo tiempo la creación de miles de puestos de trabajo. «Pero el Gobierno a través de sus presupuestos para este año, ha decidido que tiene otras prioridades y desde luego no es el desarrollo y aplicación de la Ley de la Dependencia, este Gobierno contempla la ley como un gasto social y no como una inversión social que bien aplicada podría ser generadora de empleo».
Afirman desde la organización sindical que durante años, por la «mala aplicación de la ley», todavía a día de hoy, siguen «sin resolverse más de 32.000 solicitudes que siguen en el limbo», esperando a que se les resuelva su expediente y que ahora con este recorte se va a «endurecer más el acceso al derecho a la protección» en situación de dependencia, esto va a suponer que no se resuelvan expedientes y que la «demora en las resoluciones sea de más tiempo».
Si en el mes de diciembre se anunciaba que la aplicación de la ley a los dependientes moderados quedaba paralizada, «ahora con la supresión del nivel acordado, todavía se estancará más si cabe la aplicación de la ley, además durante el mes de marzo la Conselleria de Justicia y Bienestar Social tenía que haber pagado los atrasos de los expedientes de retroactividad y a fecha del mes de abril todavía no ha pagado a las personas en situación de dependencia», resaltan desde el sindicato.
Concluyen desde UGT-PV, asegurando que no sólo «se incumple» la norma que establece que el plazo de resolución de las Comunidades Autónomas no debe exceder de los seis meses, sino que incluso se «avala por la vía presupuestaria este incumplimiento, reduciendo drásticamente el número de beneficiarios». A fecha de 3 de marzo, y según los datos publicados por el Imserso el total de personas beneficiarias y con derecho a prestación en el País Valenciano asciende a 44.380, por lo que va a resultar bastante difícil que entren en el Sistema de Atención a la Dependencia nuevos dependientes, «si antes de haber recorte presupuestario siempre se ha mantenido un desfase entre el número de dictámenes y las personas beneficiarias con prestaciones. Este recorte va a suponer que crezca todavía más el número de personas que no van a ser atendidos en la Comunidad Valenciana».
Según la Organización sindical han analizado los presupuestos presentados y ven una «clara vulneración» respecto a la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en la que en la memoria económica de la misma «figuraba el compromiso de al menos hasta que la Ley fuera implantada en su totalidad, en el año 2015, el Estado se comprometía a aportar una cantidad anual para el nivel acordado, cantidad que vemos como en estos presupuestos pasan de 283 millones de euros a cero, por tanto este año el gobierno no realizará ninguna aportación a este nivel con la grave repercusión que esto supone para los beneficiarios de este derecho subjetivo».
Por otra parte, resaltan desde UGT que les llama poderosamente la atención que las cifras estatales para la atención a la dependencia «bajan de forma importante respecto al año pasado» incluso el número de beneficiarios presupuestados, situación que consideran del todo «inadmisible puesto que si bien el año pasado los beneficiarios con derecho a prestación se estimaron en 1.092.872 para este año se ha presupuestado en 790.000 beneficiarios, llamando más si cabe la atención el argumento esgrimido por el Imserso, en el descenso de los beneficiarios debido al ritmo desigual de gestión de las Comunidades Autónomas en el proceso de valoración de las solicitudes recibidas y en el reconocimiento de las prestaciones».
Para la UGT-PV es evidente que aplicar la Ley de la Dependencia «es una inversión rentable, tanto desde un punto de vista social, como económico. Además cabe destacar que esta ley es un derecho, de la misma manera que lo es el derecho a la educación o la sanidad, que también se han visto recortadas en los Presupuestos en un 21% y en un 13%, respectivamente. Todo ello, a pesar de que el Partido Popular votara a favor de la aprobación de la Ley en el Parlamento hace ya cinco años, aunque a tenor por lo visto en los Presupuestos ese voto ha servido para poco».
El sindicato considera que la aplicación de la Ley de la Dependencia «mejora la calidad de vida de quienes no pueden valerse por sí mismos y posibilita al mismo tiempo la creación de miles de puestos de trabajo. «Pero el Gobierno a través de sus presupuestos para este año, ha decidido que tiene otras prioridades y desde luego no es el desarrollo y aplicación de la Ley de la Dependencia, este Gobierno contempla la ley como un gasto social y no como una inversión social que bien aplicada podría ser generadora de empleo».
Afirman desde la organización sindical que durante años, por la «mala aplicación de la ley», todavía a día de hoy, siguen «sin resolverse más de 32.000 solicitudes que siguen en el limbo», esperando a que se les resuelva su expediente y que ahora con este recorte se va a «endurecer más el acceso al derecho a la protección» en situación de dependencia, esto va a suponer que no se resuelvan expedientes y que la «demora en las resoluciones sea de más tiempo».
Si en el mes de diciembre se anunciaba que la aplicación de la ley a los dependientes moderados quedaba paralizada, «ahora con la supresión del nivel acordado, todavía se estancará más si cabe la aplicación de la ley, además durante el mes de marzo la Conselleria de Justicia y Bienestar Social tenía que haber pagado los atrasos de los expedientes de retroactividad y a fecha del mes de abril todavía no ha pagado a las personas en situación de dependencia», resaltan desde el sindicato.
Concluyen desde UGT-PV, asegurando que no sólo «se incumple» la norma que establece que el plazo de resolución de las Comunidades Autónomas no debe exceder de los seis meses, sino que incluso se «avala por la vía presupuestaria este incumplimiento, reduciendo drásticamente el número de beneficiarios». A fecha de 3 de marzo, y según los datos publicados por el Imserso el total de personas beneficiarias y con derecho a prestación en el País Valenciano asciende a 44.380, por lo que va a resultar bastante difícil que entren en el Sistema de Atención a la Dependencia nuevos dependientes, «si antes de haber recorte presupuestario siempre se ha mantenido un desfase entre el número de dictámenes y las personas beneficiarias con prestaciones. Este recorte va a suponer que crezca todavía más el número de personas que no van a ser atendidos en la Comunidad Valenciana».
