En la Comisión de Hacienda que ha tenido lugar esta semana para analizar diversos asuntos que se tratarán en la próxima sesión del Consorcio de Residuos al que pertenece el municipio de Sagunto se ha tomado el acuerdo de trasladar la petición de bonificar a los autónomos y pymes que se han visto obligados a cerrar durante la pandemia, frente al anuncio del consorcio de residuos Palancia Belcaire de aplazar al último trimestre del año el cobro de la tasa de valorización y eliminación de residuos.
En este sentido, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa, recuerda que: «Ya advertimos hace unas semanas, cuando el consorcio anunció su planteamiento de retrasar el pago a los afectados, que no era más que un timo para los vecinos hablar de aplazar el pago cuando se puede bonificar. Es una medida la propuesta por el consorcio a todas luces insuficiente porque un aplazamiento supone tan solo retrasar el problema unos meses, porque el desembolso finalmente hay que hacerlo igual y para nada supone un alivio para las familias y empresas afectadas por esta tasa».
El edil popular considera que las empresas y autónomos que durante la pandemia y el cierre de actividad no han podido trabajar, tampoco deberían pagar: «Somos de la filosofía de quienes por culpa de esta crisis no han podido trabajar no se les cobre íntegramente una tasa vinculada a una actividad que ha estado cerrada, como si nada hubiera pasado. No se pueden escudar en que el servicio de eliminación se ha seguido prestando con normalidad, cuando autónomos, comerciantes y pymes han estado cerrados, y eso ya es excepcional. Si realmente se quiere colaborar a la recuperación de los sectores productivos y mostrar de una forma real esa sensibilidad que manifiestan, no hay excusa para aceptar la propuesta».
Finaliza el concejal del PP en el consistorio saguntino señalando: «nuestra propuesta se ha acordado trasladarla al Consorcio, para que estudie bonificar el recibo de tratamiento de residuos por el periodo que se han visto obligados al cierre y no un simple traslado del periodo de pago que propone. Entendemos que es una cuestión de justicia y de poner los mecanismos necesarios para que, bien mediante una bonificación o una línea de subvención, se dé respuesta a una situación generada por la excepcionalidad y por el tiempo que ha durado ésta».