La Delegación Local de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Sagunto, ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Sagunto solicitando un informe detallado del coste económico que supuso la celebración del pleno extraordinario y urgente celebrado el pasado día 9 de junio de 2014 en el que se debatió, a propuesta de EU y Compromís, instar al Gobierno de España a convocar la celebración de un referéndum sobre el modelo de Estado entre Monarquía y República, así como la devolución del importe cobrado por la asistencia a ese pleno extraordinario como muestra de compromiso ético con los ciudadanos en tiempos de crisis.
«Para regenerar la democracia no se requiere utilizar el pleno con fines partidistas o electoralistas. El ciudadano necesita, hoy más que nunca, políticas que mejoren su situación de desempleo, de austeridad; en lugar de generar gastos innecesarios para debatir asuntos que no son de competencia local», ha afirmado el delegado Local de UPyD en Sagunto, Bernardo Bartolomé.
UPyD en Sagunto exige al equipo de gobierno local y a todos los representantes del consistorio a cumplir sus compromisos y asumir la responsabilidad por sus actos, devolviendo el importe cobrado por la asistencia a ese pleno extraordinario e instando al «cese de esta práctica política de escaparate» para que «el dinero de los contribuyentes revierta en beneficio de los ciudadanos, y no a brindis al sol que no conducen a ninguna parte».
Bartolomé entiende que «los políticos deben regirse por el principio de la prudencia en la gestión de los recursos públicos, orientando su práctica por los valores de la austeridad, eficiencia, equidad y eficacia. Los miembros de la corporación municipal deben ser conscientes de que los actos realizados en el ámbito de sus responsabilidades tiene consecuencias económicas. Resulta ineludible, por tanto, asumir el resultado de las acciones y omisiones de cada cual, entre las que se incluye la reparación del eventual daño causado».
El delegado de la formación magenta concluyó definiendo el ayuntamiento como «la institución más importante de representación ciudadana y no debe desgastarse en debates banales que desvíen la atención del resto de graves problemas de nuestros conciudadanos y, mucho menos, se utilice para generar un gasto superfluo celebrando Plenos totalmente estériles y prescindibles».
