La nueva Ley aprobada por el PP y Compromís impide la segregación de El Puerto
En la primera parte de las alegaciones presentadas indican que se denuncia el vergonzoso «silencio administrativo» en el que se ha enrocado la Generalitat desde el 2 de junio de 2008, fecha en que fue remitido el expediente de segregación a la Dirección General de Cohesión Territorial. «Este largo periodo de tiempo en el que no se ha emitido pronunciamiento alguno ha sido aprovechado, no obstante, por la Generalitat para gestar y lanzar su nueva Ley de Régimen Local, una norma ad hoc cuya finalidad no es otra que impedir a toda costa la creación de nuevos municipios, entre ellos y muy especialmente el de El Puerto».
El escrito de alegaciones recuerda que el expediente de segregación de El Puerto cumple con todas y cada una de las exigencias que marcaba la normativa vigente en el momento de su tramitación y presentación. También llaman la atención sobre el hecho de que la gran mayoría de los municipios actualmente constituidos como tales en la Comunidad Valenciana no satisface los requisitos que, según la nueva ley, deben concurrir para merecer esta consideración. Sin embargo, otras opiniones cuestionan que efectivamente el segundo expediente pudiera cumplir todas las exigencias establecidas por la normativa anterior, habida cuenta de que existen dudas razonables de que no se pueda acreditar el respaldo al expediente de la mayoría de los vecinos de la parte del término que se quiere segregar. Es decir, que no tenga las firmas suficientes.
Mas adelante, añade la nota remitida por IP/SP que «toda la segunda parte del texto presentado consiste en una exposición pormenorizada de cómo la Ley de Régimen Local está vulnerando, por un lado, la Carta Europea de Autonomía Local y, por otro lado, hasta 6 principios jurídicos recogidos en la Constitución Española, a saber: 1) principio de igualdad; 2) principio de legalidad y jerarquía normativa; 3) principio de interdicción de la arbitrariedad; 4) principio de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación; 5) principio de seguridad jurídica; y 6) principio de autonomía local».
Concluye el comunicado señalando que «en Iniciativa Porteña consideramos que con la aplicación de la nueva ley —y sobre todo con la implementación del carácter retroactivo de su disposición transitoria segunda— la Generalitat podría estar saltándose los principios que consolidan un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular, hecho de extrema gravedad que con estas alegaciones queremos evidenciar».
Antecedentes
El pasado 30 de junio, este periódico publicaba en su edición impresa una información sobre la nueva Ley Valenciana de Régimen Local que titulaba «Con la entrada en vigor de la nueva norma valenciana, la segregación de El Puerto no tiene ninguna viabilidad». En esa noticia se ponía de relieve que, el 24 de junio el DOCV publicaba la nueva Ley Valenciana de Régimen Local y que tras la entrada en vigor de la nueva normativa, las escasas posibilidades que había para que El Puerto se pudiera constituir en un municipio independiente de Sagunto, todavía se veían más reducidas, hasta el punto de que algunos requisitos de la nueva norma no se cumplen en ningún caso. En este sentido se citaba el artículo 9, sobre creación de un municipio por segregación de parte del territorio de otro u otros, que establece como condiciones a cumplir: «Que dichos núcleos estén separados por una distancia mínima de 3.000 metros de suelo no urbanizable en el momento de iniciarse el procedimiento» y «que los principales núcleos de población de los municipios resultantes se encuentren a una distancia superior a 5.000 metros en línea recta o existan entre ellos obstáculos naturales o artificiales que contribuyan a su aislamiento respectivo».
Sin embargo, el miembro del comité asesor de IP/SP, Ramón García Ortín, en un artículo de opinión publicado en El Económico el pasado 20 de julio rebatía la información publicada y se preguntaba en su titular: ¿Inviable o más cerca? De esta forma trataba de restar veracidad a lo publicado por este periódico el 30 de junio, indicando que: «el hacer semejante afirmación resulta al menos precipitado, pues no toma en consideración el último apartado del mismo artículo, el 9.3, que dice: «En todo caso la resolución que se adopte se basará en una valoración global de las condiciones establecidas en el apartado primero, teniendo en todo caso una especial relevancia las argumentaciones de orden histórico y cultural que puedan efectuarse». En todo el contenido del artículo en ningún momento, Ramón García, insertaba crítica alguna contra el Partido Popular y Comprimís, que son las dos fuerzas políticas que aprobaron la ley en el Parlamento Valenciano.
El 29 de julio de 2010 la edición impresa de este periódico titulaba: «El procedimiento de segregación tendrá que «ajustarse a la nueva Ley» todavía más restrictiva que la anterior». En esta información se indicaba que la norma, que se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana el pasado 24 de junio, además de ser más restrictiva, se aplica con carácter retroactivo, según figura en la segunda disposición transitoria que textualmente señala: «Los procedimientos relativos a la constitución y modificación de estatutos de mancomunidades de municipios y los relativos a la alteración de los términos municipales, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se ajustarán a lo dispuesto en esta ley». De hecho el pasado 5 de agosto se realizó, en cumplimiento de esta normativa, un pleno municipal extraordinario para volver a ratificar la posición de la Corporación, contraria a la segregación.
Señalar por último que en la edición impresa del pasado 10 de agosto, este periódico publicaba una entrevista con el diputado de Esquerra Unida en la Cortes Valencianas, Lluis Torró, en la que aseguraba que «impedir la segregación del Puerto ha pesado de forma determinante a la hora de poner los condicionantes en la ley».
