López Egea, portavoz municipal de EU
El portavoz de la formación de izquierdas calificaba de «nefasta» la labor desempeñada en este primer año por el nuevo director general de la compañía. A este respecto recordaba que el representante de esta organización política en el consejo de administración de la sociedad, Miguel Ángel González, había pedido el cese del director general en el último consejo y que se nombrara un nuevo gerente «verdaderamente profesional y que contara con el apoyo y reconocimiento de la mayoría del consejo, circunstancia que no concurre en este caso, —agrega— puesto que todos sabemos de qué forma entró este señor, amigo de Pilar Fernández, en la SAG». López Egea fue más allá, al señalar que, si en estos momentos Enrique Catalá cuenta con el respaldo de la mayoría del consejo de administración, que ostenta el PP y SP, «sería inevitable su relevo a partir de la próxima legislatura si se produjera un cambio en el equipo municipal de Gobierno».
En cuanto al pacto con el anterior gerente para rescindir su relación laboral con la SAG y evitar de esta forma un nuevo revés en los tribunales, el portavoz de EU baraja tres escenarios distintos y costes muy diferentes para la empresa. En el primer supuesto, López Egea, indica que si el 1 de agosto de 2009, que es cuando inició su actividad el director general, se hubiese aplicado el contrato-relevo que se había acordado con el anterior gerente, el coste en el período comprendido entre 1-08-2009 y 30-07-2010 habría sido de 73.000 euros, es decir un 78% para Enrique Catalá y el 22% restante para Burdeos.
El segundo supuesto que baraja EU, se sitúa en el 11 de noviembre de 2009, fecha en la que se produjo el fallido acto de conciliación, después de que la empresa despidiera a Burdeos. Con respecto a esta cuestión, López Egea recuerda que los informes jurídicos de la SAG «advertían con mucha claridad que el despido del anterior gerente tendría pocas posibilidades de prosperar y Pilar Fernández, en lugar de hace caso a los asesores de la empresa, optó por cambiar de abogados». El portavoz de EU dice que si en el acto de conciliación se hubiese pactado el despido, como van a hacer ahora, el coste, entre los salarios de tramitación, la indemnización de 45 días por año y la nómina del director general, habría alcanzado la cifra de 156.000 euros.
En el tercer escenario, y, lógicamente, el más caro, que es por el que ha optado el consejo de administración de la empresa de limpieza, López Egea baraja cifras de 266.000 euros, que desglosa en los siguientes términos: «el sueldo de Enrique Catalá desde el 1 de agosto de 2009 hasta el 30 de julio de 2010, que es de unos 72.000 euros. A eso hay que añadir todos los salarios de un año de José María Burdeos, es decir el mismo período que Catalá, cuyo importe se eleva a unos 79.000 euros. Además, unos 77.000 euros por indemnización, a razón de 45 días por año y otros 18.000 euros de finiquito. A esto hay que agregar los gastos de la minuta de los abogados externos, que no será menor de los 20.000 euros. Estamos hablando de 266.000 euros, que son unos 44 millones de pesetas».
Con todos estos datos, el portavoz de Esquerra Unida no duda en calificar la gestión de «pésima, lesiva y muy perjudicial para los intereses de la empresa municipal» Por último, López Egea, señala que si se hubiese respetado el contrato relevo pactado con el anterior gerente: «nos habría costado lo mismo que se le va a indemnizar y hubiésemos tenido en la empresa a esta persona a tiempo parcial hasta su jubilación».
