El próximo sábado 18 de noviembre, el Ayuntamiento de Sagunto participará en la manifestación por una financiación e inversiones justas que tendrá lugar en Valencia, que partirá a las 18 horas desde la explanada del MUVIM en la calle Guillem de Castro y en la que también participarán sindicatos y miembros de la patronal empresarial. Así lo ha hecho saber el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, en la rueda de prensa celebrada hoy en el consistorio a la que ha asistido una representación de algunos de los grupos políticos que se adscribieron al manifiesto aprobado en el pasado pleno municipal,que fueron Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre, Iniciativa Porteña, PSPV-PSOE y Ciudadanos, así como el edil no adscrito, José Vicente Muñoz.
Fernández ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que participe en esta manifestación de toda la sociedad civil a reivindicar esta justa financiación e inversiones. «Es una postura de consenso y unidad a la que se han podido adherir todos aquellos que han querido, y quien no lo ha hecho está en su legítimo derecho y evidentemente también deberá de dar las explicaciones pertinentes», ha declarado el alcalde. Ha destacado esta unidad desde la diversidad «porque pensamos que tiene que ser un acto de unidad sin lemas partidistas ni consignas ni símbolos que sean ajenos a este espíritu de unidad que se resume en el eslogan Tots a una veu, que está en el himno de todos los valencianos y valencianas, en lo que estamos de acuerdo que son las cuestiones fundamentales».
El manifiesto, que ha procedido a leer Fernández, defiende que este año la ciudadanía valenciana recibe 237 euros por habitante menos que la media del Estado o 839 menos que la ciudadanía de la autonomía mejor financiada, lo que equivale a un 10% y un 29% menos de recursos respectivamente, lo que supone la causa fundamental de los mayores déficits presupuestarios de la ciudadanía valenciana, generados año tras año, a pesar de gastar menos que la media de las comunidades. A esto se suma la infrainversión, lo que supone que la discriminación alcanza los 1.600 millones de euros, solo comparándose con la media.
Por tanto, según el manifiesto, la autonomía valenciana se encuentra en una situación «insólita» ya que la renta per cápita es 12 puntos inferior a la media, lo que supone, según Fernández, «ser una autonomía más pobre que la media del Estado, pero en cambio continuamos aportando al fondo de solidaridad, que no discutimos su existencia, pero pensamos que los valencianos y valencianas tenemos que ser receptores y no contribuyentes. En una política básica de solidaridad, tal y como apunta la Constitución, los más pobres deben recibir y los más ricos contribuir y nosotros somos los únicos que siendo más pobres seguimos aportando, cosa que no es solo una singularidad en España, sino que también se ve en el conjunto de Europa».
El manifiesto continúa afirmando que estas cifras significan que la ciudadanía valenciana se ve obligada a hacerlo todo con menos recursos económicos. Ya en 2013 la Comisión de Expertos nombrados por Les Corts Valencianes para el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómico señaló que el problema de desigualdad y menor financiación recibido por la Comunidad Valenciana se remonta al inicio de los sistemas de financiación autonómico de la década de los ochenta.
El actual manifiesto por una financiación justa que han secundado más de 600 entidades valencianas, al cual siguieron los acuerdos conseguidos por unanimidad en Les Corts Valencianes, datados en febrero y abril de 2017, que denunciaban la marginación de la ciudadanía valenciana en materia de financiación e inversiones, exige una reforma inmediata del sistema de financiación que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas la autonomías; un reparto de las inversiones y una ejecución que atienda a una programación racional que acabe con el déficit inversor en la Comunidad Valenciana, que compense en todo caso la insuficiencia inversora en los últimos años y dedique una cantidad de recursos ajustada a nuestro peso poblacional y, por último, el reconocimiento del déficit de financiación acumulado directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación, y el establecimiento de mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores.
