El jueves de la pasada semana se levantó el secreto del sumario de la pieza separada de la denominada ‘Operación Flotador’, por la que se investiga un presunto delito de malversación, y que precipitó la detención, por unas horas, del exjefe del Servicio de la Inspección Técnica de Actividades, ahora portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Crispín, y los técnicos de este departamento V.P., J.V.G., J.A. y J.V.C., por el uso irregular que durante varios años habrían dado a la partida de 300 euros que percibían cada dos años para renovar su uniforme laboral.
Tras levantarse el secreto del sumario es constante el goteo informativo, donde se va dando cuenta de diversos aspectos del sumario. Ante esta situación, el portavoz socialista, Francisco Crispín, se ha visto forzado a realizar algunas puntualizaciones, ante lo que él califica de «especulaciones en prensa». En este sentido, el edil socialista señala: «Dado que no cesan las especulaciones en prensa, he decidido salir al paso y aclarar algunas cosas, de momento, que completaré mas adelante, una vez que concluya este increíble proceso judicial».
Mas adelante, Crispín recuerda que «la denominada ‘Operación Flotador’, a la que constantemente se vincula este asunto, como una pieza separada, es evidente que nada tiene que ver con la compra de vestuario de los trabajadores del Ayuntamiento». «De la misma forma —agrega el edil socialista—, este asunto que afecta a los 5 Ingenieros del Ayuntamiento de Sagunto, para los medios, solo es relevante que esté implicado el actual concejal y Portavoz del PSOE, yo mismo, y que lo está porque es Ingeniero de Actividades como sus otros 4 compañeros implicados. No por mi labor como político, ni actual ni en el pasado». Como se recordará, Francisco Crispín fue presidente de la Comisión Gestora Municipal del Ayuntamiento de Sagunto en la legislatura que finalizó en 1987, así como diputado provincial.
Centrándose en los motivos que originan esta investigación de la UDEF, el portavoz socialista resalta: «en primer lugar, recordar que los hechos sobre lo que se inicia este procedimiento, se corresponden con las distintas interpretaciones, en la compra del vestuario de los inspectores de calle, del actual concejal delegado de Personal, respecto de la que históricamente se ha venido aplicando por el Ayuntamiento durante varias corporaciones anteriores, durante décadas».
Asimismo, califica de sorprendente que solo se haya denunciado el caso de los cinco inspectores de actividades: «sorprendentemente, solo se ha denunciado a los Inspectores de Actividades, los 5 Ingenieros, cuando existen otras unidades a las que se ha dotado de su reglamentario vestuario, por el mismo procedimiento». «Tengo que decir —asevera—, que los afectados son personas a las que conozco muchos años, a alguno de ellos más de 30, y de las que puedo garantizar que siempre han demostrado una conducta sin tacha. Son además grandes profesionales».
A la pregunta de: «¿porqué entonces estamos en esta situación…?», el portavoz socialialista habla de mala intención: «Ha habido, en su génesis, una fuerte carga de mala intención por parte del denunciante material, actual Concejal de Personal y Transparencia, Sergio Moreno, que comentaré, y la oportunidad que aprovechó, cuando la UDEF viene a Sagunto a buscar , al parecer ‘Caza Mayor’, como se desprende de la denominada ‘operación Flotador’, que evidentemente se refiere a algo grande y presumiblemente relacionado con el agua».
Según explica ahora Crispín, Sergio Moreno Indicó a los agentes de la UDEF que: «en Actividades se estaban produciendo, a su juicio, graves irregularidades». Coinciden estas manifestaciones de Crispín con lo recogido en el sumario, donde se relata que esta investigación se inicia tras la toma de declaración por parte de los agentes de la Policía Nacional, al concejal de Transparencia Sergio Moreno, de ADN Morvedre, la marca blanca de Podemos. Es el testimonio del edil 'podemita' el que alerta de estas presuntas irregularidades, relativas a diversos aspectos relacionados con la gestión del Ayuntamiento. Según la jueza instructora, estas presuntas irregularidades consistían: «en el abono de facturas emitidas por tiendas de ropa con cargo al Ayuntamiento, comercios en los que se venden trajes de vestir, ropa y artículos deportivos de marca, no correspondiéndose ésta con la adecuada ropa de trabajo que la Corporación debe facilitar a aquellos trabajadores que prestan servicios en puestos que impliquen un desgaste de prendas superior a lo normal o requieran especiales medidas de seguridad y protección».
El portavoz socialista, Francisco Crispín, en sus manifestaciones, asocia las declaraciones de Sergio Moreno ante la UDEF a una vendetta política: «Conviene decir que este concejal, señor Moreno, se encuentra denunciado por mí y a la espera de juicio, por unas manifestaciones calumniosas hacia mi persona, vertidas en las redes sociales el pasado 11 de Julio de 2016, que constituyen un delito de calumnias e injurias. La querella la presenté ante el Juzgado de Instrucción de Sagunto el pasado 16 de Diciembre de 2016». «No hay que especular demasiado —continua—, para pensar que a la animadversión política demostrada hasta ahora por ADN morvedre, Podemos, hacia mi partido, el PSOE, y su portavoz, se suma la personal. El afán de venganza por la citada querella interpuesta por mí. Al parecer, suficiente para que este personaje intente ensuciar la buena imagen de un colectivo de Ingenieros de Actividades, funcionarios ejemplares, por el mero hecho de que yo formo parte de ese colectivo de personal técnico».
Sobre los supuestos artículos que se han adquirido con dinero público, tales como ropa de mujer o munición, Crispín es absolutamente categórico: «Efectivamente, se ha dicho de todo: que se han facturado al ayuntamiento, balones de futbol, ropa de bebe, ropa de mujer, armas, munición y otros disparates. Tengo que afirmar con rotundidad que es falso». Además de negar la mayor, Francisco Crispín explica: «El ayuntamiento no ha pagado esos artículos, que yo sepa, sino la ropa que utilizan los inspectores de Actividades, así como los inspectores de Urbanismo, que, según el convenio, debe financiar el Ayuntamiento. Así consta en el artículo 29 del vigente convenio de relaciones Laborales, según consta en las facturas presentadas y aprobadas por el Ayuntamiento desde el año 2002, cada dos años y por un importe de 300 euros», concluye.
