El desafío del Ayuntamiento de Sagunto a la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana ya ha tenido sus primeras consecuencias. La Abogacía del Estado ha presentado un recurso por lo contencioso administrativo contra el consistorio saguntino por la exhibición de la bandera republicana durante algunos minutos tanto en el palacio consistorial como en la Tenencia de Alcaldía de Puerto de Sagunto.
En dicho recurso, al que ha tenido acceso la Agencia Efe, se cita que la denuncia realizada contra el consistorio saguntino es por «exhibir la bandera republicana y mantenerla en la sede consistorial». Asimismo, Sagunto no ha sido la única localidad contra la que se ha presentado dicho recurso puesto que la Abogacía del Estado lo ha interpuesto, por los mismos hechos, contra el Ayuntamiento de Silla.
Cabe recordar que fue el propio plenario, tras la presentación de una moción por parte del grupo municipal de Esquerra Unida (EUPV), el que aprobó la exhibición de la bandera tricolor para conmemorar el 86 aniversario de la II República, acto que, además, estaba incluido dentro del programa de eventos que se va a llevar a cabo en la capital del Camp de Morvedre durante las próximas semanas para recordar esta efeméride, actos organizados por la propia EUPV y el Partido Comunista de Sagunto.
De este modo, la exhibición de la bandera republicana ha sido secundada por los concejales de EUPV, Roser Maestro y José Vicente Muñoz, y de ADN Morvedre, Pablo Abelleira y María Giménez, en el balcón del Ayuntamiento de Sagunto mientras que los ediles Guillermo Sampedro y Mónica Caparrós, también de EUPV, han hecho lo propio desde la Tenencia de Alcaldía de Puerto de Sagunto.
Así pues, como se refleja en el recurso presentado contra estos consistorios, el uso de la bandera republicana «vulnera el principio de neutralidad y objetividad que debe regir toda actividad de una administración pública, especialmente si tenemos en cuenta que, en este caso, se utiliza un edificio para exhibir una bandera que refleja una ideología que choca con lo establecido en la Constitución».
Ya advirtió de este hecho el pasado lunes el propio delegado de gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, quien, a modo de prevención, envió una circular a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales en la que exponía la normativa y la jurisprudencia sobre el uso de las enseñas oficiales. Como conclusión de esta misiva, Moragues advertía que «en caso de que se produjera una infracción a lo establecido en dicha normativa, esta Delegación de Gobierno acudirá directamente a la vía judicial, a fin de restablecer la legalidad vigente», como así ha sucedido apenas unas horas después de la exhibición de la bandera republicana en los consistorios de Sagunto y de Silla.
Como se informaba en esta carta remitida a las administraciones locales y provinciales: «La utilización de una bandera no constitucional vulneraría el principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las administraciones públicas»; y es que en la Constitución Española, en su artículo 4, donde se regula el uso de las banderas en las instituciones oficiales, cita textualmente que «la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales».
