Según nota informativa difundida por el TSJCV, la titular de Instrucción 4 de Sagunto investiga al exalcalde y a 11 concejales y exconcejales de las dos últimas legislaturas por presuntos delitos de cohecho y prevaricación. En el marco de esta investigación se encuadra el registro realizado esta mañana por la UDEF, siguiendo órdenes de la magistrada, en varias dependencias municipales y en las oficinas de seis empresas.
Efectivamente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunto ha coordinado hoy una operación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino. Durante toda la mañana, indica la nota oficial, y en el marco de la “Operación Flotador”, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado, por orden de la instructora, tres sedes municipales en Sagunto y Puerto de Sagunto, las oficinas de Agua de Valencia en Sagunto y en la capital y las sedes de otras cuatro empresas.
La causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación se inició en agosto de 2015 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual diputado del PP en las Cortes Valencianas. Según explica el comunicado oficial difundido por el TSJCV, el Juzgado investiga a 12 personas físicas, concejales y exconcejales, y 6 personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.
La diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.
En el marco de estas diligencias se ha desarrollado la operación de hoy encaminada a asegurar pruebas con la intervención de expedientes y contratos bajo sospecha. La causa continúa secreta.
