Según explica Sergio Moreno concejal de Personal y Regimen Interior, la actuación origen de la Sentencia se deriva de la contratación administrativa para actividades docentes de los profesores y monitores de la Universitat Popular para el curso 2012/2013, aprobada por la Junta de Gobierno Local de 11 de octubre de 2012. «Hasta ese año el Ayuntamiento de Sagunto venía contratando a los trabajadores directamente, mediante contrato laboral, si bien a la vista de la prohibición de incorporar nuevo personal contenida en la Ley de Presupuestos para el año en cuestión, que sólo exceptuaba supuestos excepcionales restringido a sectores prioritarios o que afectaran a los servicios públicos esenciales, el anterior equipo de gobierno decidió cambiar de criterio y contratar administrativamente el servicio al amparo del artículo 304 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que respaldaba esa alternativa».
Añade Moreno, que tanto la Sentencia del Juzgado de lo Social como la del Tribunal Superior de Justicia concluyen que en la prestación del servicio por los profesores y monitores de la Universitat Popular objeto de la controversia, concurren las notas típicas de laboralidad previstas en el artículo 1.1 del Estatuto de los trabajadores, y ello sin perjuicio de lo dispuesto por las normas presupuestarias que lo que establecen es la contención del gasto en un momento de crisis económica, «pero no sirven para modificar la naturaleza jurídica de una relación para ahorrar costes sociales en perjuicio de los derechos laborales y de seguridad social; y con independencia de que los servicios no tengan la consideración de esenciales conforme al artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local». Subraya este concejal que en atención al fallo, «el Ayuntamiento de Sagunto deberá proceder a ingresar las cuotas a la Seguridad Social del personal que prestó servicios para la Universitat Popular en el curso en cuestión. Cuotas que rondan la cuantía de 64.000 euros».
Cabe recordar que el actual equipo de gobierno apostó desde el curso pasado (2015-2016) prestar el servicio nuevamente por gestión directa.
El concejal de Personal recuerda: «Como ya manifestamos en su día los grupos de la oposición, los sindicatos, las trabajadoras y trabajadores y el conjunto de la ciudadanía, el gobierno del Partido Popular, en el año 2012, decidió contratar a los profesores de la Universidad Popular de una forma que no procedía, el primer año gracias a algunos informes y al plan de racionalización presupuestaria, podría ser ¨justificada de cierta forma¨ su decisión, pero no los siguientes, donde la Seguridad Social dijo claramente: “si el Ayuntamiento quería seguir prestando el servicio debía de hacerlo de manera directa” a lo que el Partido Popular hizo oídos sordos».
Prosigue Moreno responsabilizando a la «mala gestión del Partido Popular y su afán de privatizar servicios nos va a costar a los ciudadanos unos 64.000 euros del primer curso a los que muy probablemente habrá que añadir 2 cursos más donde estaríamos hablando de más de 240.000 euros; hasta que el actual gobierno decidió el año pasado gestionar de manera directa a través de una bolsa, dando la oportunidad a todo el mundo como debe ser y así lo ha ratificado el TSJ».
Concluye el responsable municipal de Personal afirmando que el actual equipo de Gobierno han apostado por la gestión directa de los servicios públicos «como ya hemos hecho además de la Universidad Popular, con el servicio de salvamento de playas, la Escola d’Estiu o el Campus Delfín, ya que creemos que son más eficientes y con mayores garantías para las trabajadoras y trabajadores».
