Después de la «decepcionante» reunión de ayer entre el comité de empresa de Lafarge y el conseller de Economía, el nacionalista Rafael Climent, los representantes de los trabajadores han participado esta mañana en la reunión mantenida entre la empresa y el alcalde de la ciudad, que estaba acompañado por la concejala de Presidencia y diputada autonómica, Teresa García.
Efectivamente, ayer fue convocada la dirección de Lafarge para asistir esta mañana a una reunión con el alcalde de la ciudad, Francesc Fernández, y la concejal de Presidencia y diputada autonómica, Teresa García. La presencia de una representación del comité de los trabajadores de la factoría, que no estaba prevista, ya que han acudido invitados por la dirección de la fábrica, no ha sentado bien a la delegación municipal, pues los dos representantes del Gobierno de Sagunto han mostrado su disconformidad, según ha confirmado a este periódico el presidente del Comité de Empresa de Lafarge, Félix Vélez.
Las mismas fuentes han indicado que la representación del Gobierno municipal de Sagunto ha variado su posición respecto al convenio firmado entre la empresa y el consistorio, ya que se ha pasado de decir que no es legal, ha reconocer su plena legalidad, sin embargo, ahora se esgrime que es «inaplicable». Este cambio se ha producido tras conocerse el contenido del informe sobre esta materia que los propios trabajadores de la compañía encargaron a un bufete madrileño especializado en minas.
Tanto el alcalde, Francesc Fernández, como la edil de Presidencia, Teresa García, han reiterado en esta reunión que están dispuestos a que se facilite el permiso de ocupación de monte público, que como es conocido expira en diciembre de 2017, a cambio de que la empresa renuncie a sus derechos de extracción en Las Margas y la zona norte. Sobre esta cuestión, el presidente del comité de empresa de Lafarge, Félix Vélez, que ha calificado la propuesta de «chantaje», ha resaltado que la primera autoridad local ha sido muy determinante al afirmar que la cementera ocupará «las Margas por encima de su cadáver». Tampoco ha quedado claro si el Ayuntamiento de Sagunto facilitaría la ocupación del Piñal en el supuesto de que renunciara a Las Margas y la zona norte, ya que, según Vélez, los representantes municipales han barajado esa posibilidad en condicional: «podría ser el Piñal».
Lo que si que han dejado bien claro desde el Gobierno local es que cuando se renueve el permiso de ocupación de monte público por parte de la Generalitat, que es la que tiene las competencias, automáticamente tendrá que protegerse toda la montaña del Romeu. Según el presidente de la representación social, lo que pretende el Gobierno local es «poner fecha de caducidad a la actividad de Lafarge», que se vería reducida a lo que pudiera extraer en su actual ubicación, lo que podría suponer el cierre de la factoría no más tarde de diez años, que es el tiempo que podría seguir trabajando con las reservas existentes y el actual nivel de producción.
El representante de los trabajadores, Félix Vélez, también ha explicado que el Gobierno local ya les ha adelantado que continuará solicitando prórrogas a la Generalitat para evitar pronunciarse, alegando que está negociando con la empresa un nuevo convenio. Es decir, que el Ayuntamiento tiene la intención de dilatar en el tiempo este proceso todo lo que sea necesario hasta forzar a la multinacional a renunciar a los derechos adquiridos en Las Margas y la zona Norte. Vélez ha indicado, asimismo, que el Ayuntamiento no se va a pronunciar a favor de la ocupación de monte público, pero tampoco quiere hacerlo en contra porque, además de que incumpliría el convenio, dejaría vía libre a la Generalitat, que es la competente, para que dictaminase. El presidente del comité ha señalado, igualmente, que la empresa no renunciará a los derechos que tiene adquiridos y reconocidos en el convenio firmado con el Ayuntamiento en 2013, que fue aprobado por el pleno municipal por 18 de los 25 concejales.
