El Ayuntamiento de Sagunto ha sufrido un nuevo revés judicial que le lleva irremediablemente a soportar una nueva indemnización, cercana, en este caso, a los 5 millones de euros. Se trata de la expropiación de los terrenos situados entre la rotonda de la Barca, el vial internúcleos y Ciudadmar, que figuraban originariamente en el planeamiento como un equipamiento escolar, y que tiene una extensión de unos 12.935 metros cuadrados.
Según ha informado en rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Francesc Fernández, en la legislatura 2003-2007, cuando el actual presidente de la Corporación era concejal de Urbanismo y Gloria Calero la alcaldesa de la ciudad, se llegó a un acuerdo con los propietarios de dicho terreno, para que el municipio no tuviera que afrontar ninguna expropiación, es decir, a coste cero para la administración local. El acuerdo alcanzado consistía, básicamente, en ubicar en una parte del terreno todos los derechos urbanísticos del propietario, dejando libre el resto del suelo. Si este pacto entre municipio y propiedad se hubiera mantenido, el Ayuntamiento no se habría visto ahora condenado a expropiar el suelo por un importe de 3.806.168,60 euros, que es el justiprecio que fijó el Jurado Provincial de Expropiaciones de Valencia, más los intereses correspondientes, que, al final, elevan la cifra a cerca de 5 millones de euros.
Este acuerdo, suscrito entre el tripartito y la propiedad, fue descartado por el Partido Popular y Segregación Porteña, llegándose incluso a dejar que el expediente de la modificación del planeamiento caducara en la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat. Tanto PP como SP aprobaron en el pleno del 30 de diciembre de 2009 las bases particulares de programación del fallido Borde Norte, donde se incluyeron los derechos urbanísticos de la parcela objeto de litigio. Al aceptar el Ayuntamiento de Sagunto la caducidad del expediente, por entender que la alternativa del Borde Norte era mejor, y al fracasar esta segunda actuación urbanística, donde los propietarios ejercieron una fuerte oposición, el Ayuntamiento se quedó completamente al descubierto, lo que ha derivado en este fallo judicial de proporciones millonarias para las arcas del consistorio.
El presidente de la Corporación, Francesc Fernández, ha responsabilizado al PP e IP de este fallo judicial, que es consecuencia de la renuncia al acuerdo alcanzado entre el tripartito y la propiedad. Fernández ha calificado de «absolutamente irresponsable» la actuación de populares y segregacionistas. El Ayuntamiento tendrá que hacer frente a esta expropiación con cargo a los presupuestos de 2016, para lo que, probablemente, tendrá que recurrir a un crédito. Fernández ha destacado que, como norma general, se suele hacer frente a esta clase de indemnizaciones con cargo al Patrimonio Municipal de Suelo, sin embargo, el alcalde ha señalado que el anterior equipo de Gobierno ha dejado sin fondos económicos esta partida.
