El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel Sánchez expresa en una nota de prensa que el pasado martes, en el pleno municipal ordinario de septiembre, se hizo evidente «la división existente en el Equipo de Gobierno», ante la moción presentada por los segregacionistas, para la reversión de la gestión pública del servicio del agua potable. Según explica González «los concejales de EU y ADN mostraron en la votación de esa moción, su disconformidad con su socio en el Equipo de Gobierno, Compromís, pues votaron a favor de la propuesta de Iniciativa Porteña, mientras que los nacionalistas se opusieron».
Para el portavoz de IP, este hecho «no puede pasar desapercibido, puesto que estos dos grupos representan la mayoría en la Junta de Gobierno Local y por lo tanto, tienen suficiente fuerza como para dejarle claro al alcalde quien manda en ese órgano decisorio». Prosigue relatando González que «EU planteó que necesitaba más de dos meses para realizar el estudio de costes de esa reversión, planteamiento que compartió ADN. Sin embargo, Compromís votó en contra también de esa propuesta, algo inconcebible en un gobierno pues demostraron una total falta de cohesión».
González recuerda que con anterioridad a la entrada de los miembros de EU en el equipo de Gobierno, Francesc Fernández declaró que «si desde EU querían que la gestión del agua volviera a lo público, solo tenían que pedirlo. Pues bien, ahora lo han pedido y las respuesta del alcalde ha sido que no. Esta es la lealtad que tiene el señor Fernández, que pretende dejar claro quien manda, dejando a los concejales de ADN-EU como sus socios serviles a los que maneja a su antojo».
Por último, el representante de IP pide coherencia al grupo municipal de EU y les recuerda que su partido abandonó el gobierno municipal en el año 2006 ante la privatización del servicio del agua municipal llevada a cabo por Compromís PP y PSOE. «Ahora Guillermo Sampedro, portavoz de EU, tiene ante sí la oportunidad de realizar ese estudio de reversión y francamente creo que como mínimo le debería dar esa satisfacción a sus bases. No hacerlo, demostraría el grado de entrega que tienen los concejales de EU hacia Francesc Fernández».
Rescate del servicio
Sobre la recuperación de la gestión municipal del servicio integral del agua potable, desde IP dan a conocer públicamente algunos aspectos de los estatutos de la empresa mixta Aigües de Sagunt y citan el Artículo 37 que habla del Rescate del servicio, y dice así: «El ayuntamiento podrá antes de expirar el plazo de duración de la empresa, adquirir la participación del socio privado, abonando a éste las siguientes cantidades»:
a) «El valor contable de sus acciones, que será fijado pericialmente por tres facultativos expertos, a nombrar uno por cada una de las partes y el tercero de común acuerdo; en caso de no conseguirse el citado acuerdo, actuará como tercer perito la persona que designe el registro mercantil».
b) «Una cantidad igual a la inversión aportada y no recuperada por el socio privado, más la estimación de beneficios que el socio dejaría de percibir al adelantarse la fecha de extinción de la sociedad». Asimismo, el Ayuntamiento de Sagunto habrá de liberar y cancelar los avales y garantías que hayan prestado los accionistas a favor o por cuenta de la empresa.
El acuerdo municipal declarando el rescate, será vinculante para el socio privado.
Desde la organización segregacionista prosiguen informando de lo que decían los informes económicos —el 13 de febrero de 2009— cuando se constituyó la empresa Aigües de Sagunto.
Los informes económicos y jurídicos, se realizaron por parte de los servicios jurídicos municipales, el secretario de la Corporación y también por parte del Consell Jurídic que elaboró un informe interpretativo sobre el canon que había abonado Aguas de Valencia.
Al respecto de esos informes y de la opinión del Consell Jurídic, opinan desde la entidad segregacionista que n el hipotético caso de que no se hubiera constituido la empresa en aquella fecha, «el Ayuntamiento hubiera tenido que asumir las siguientes cantidades: 12.052 .569 euros por el canon aportado por la empresa. A esa suma habría que sumar un 4% por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con lo que el total por estos dos conceptos sumaría 12.534.672 euros». A la cantidad citada hay que añadirle, la garantía contractual constituida que sumaba 140.000 euros más», Afirma González.
Prosiguen desde IP señalando que, los daños y perjuicios que se le irrogen al contratista, incluidos los beneficios futuros, que se pueden derivar de la memoria de la empresa mixta elaborada por el Ayuntamiento de Sagunto para adjudicar el contrato al socio privado, Aguas de Valencia, hay que sumar la indemnización por daños y perjuicios derivados de la paralización injustificada del contrato, que solo por el interés legal del dinero aportado con el canon y la parte del capital social aportado, supone 707.454,58 euros.
Por último, la empresa recupera el capital social correspondiente a la adquisición del 49% de las acciones de la empresa, que supone 1.715.000 euros más.
«A pesar de todos estos costes, hay que recordar que EU votó en contra de la creación de la empresa, lo cual hubiera supuesto la entrada más que segura en una batalla judicial de elevadísimo coste para el Ayuntamiento», apunta el portavoz segregacionista.
Por ello aclara González que aunque los segregacionistas votaron siempre en contra de la privatización del servicio del agua potable, si embargo modificaron el voto «en el pleno de febrero del 2009 en el que teníamos como opción la puesta en marcha de la empresa o el pago por parte del ayuntamiento de Sagunto, de una indemnización millonaria cuyos datos ya he descrito anteriormente».
Datos a tener en cuenta
Recuperar la gestión del servicio del agua, en la actualidad sigue siendo costoso a juicio de la organización porteña. No obstante, consideran que resultaría más fácil económicamente que en el año 2009 y explican que:
Anualmente se están amortizando 501.388 euros del canon del agua y 35.000 euros del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Aclaran que estas amortizaciones están recogidas en las memorias económicas y son cargadas en los recibos del agua potable (350.972 de canon y 24.500 de ITP) y de alcantarillado (150.316 y 10.500).
«Estas cantidades se abonan con un interés equivalente al euribor a 12 meses. En total por intereses del canon y el ITP suponen 35.764 euros». Prosigue González informando que por otro lado, el Ayuntamiento participa el 51% del capital social de la empresa mixta mediante aportaciones no dinerarias (derecho concesional). Dicho 51% del capital social asciende a 1.785.000 euros y se amortizan linealmente en los 25 años de vida de la empresa. «Las cantidades a aportar por este concepto son cargadas en los recibos del agua (49.980 euros/año) y alcantarillado (21.490 euros al año), lo cual suma 71.380 euros/año».
Para Manuel González, uno de los motivos del encarecimiento del agua, «sin ninguna duda, ha sido la amortización e intereses de todas estas cantidades. No obstante, al llevar seis años constituida la empresa, en el supuesto de recuperar el servicio habría que restar a los cálculos del año 2009 todo el capital amortizado, más de 2 millones del canon con sus correspondientes intereses y 428.000 euros del capital social», afirma.
Sostiene el representante de IP que los cálculos del lucro cesante de aquella época, se hicieron sobre la base de una empresa rentable con gran incremento de altas provenientes de los sectores a urbanizar, «previsiones que no se han cumplido, con lo que la empresa ha registrado pérdidas hasta el último año en el que presentó un balance ligeramente positivo». Por ello, a la hora de recuperar el ayuntamiento el servicio del agua — aclara González— que el lucro cesante no debería ser un obstáculo ya que nada tiene que ver con el que se presuponía en los cálculos del año 2009. «No obstante, la remunicipalización del servicio integral del agua potable, seguirá teniendo un coste enorme para las arcas municipales».
«Uso político de aquella decisión»
Opinan desde Iniciativa Porteña que durante estos años, la empresa mixta «no ha funcionado tan bien como se pronosticaba, y los recibos del agua han ido subiendo de forma exponencial».
También resaltan los segregacionista que además han ido apareciendo nuevas tasas, como la de las bocas de incendio que han generado mucha polémica. Pero al parecer a los responsables de IP les molesta las declaraciones de EU, «porque han cargado contra el resto de partidos por la privatización del servicio, aprovechado su condición de ser los únicos que no aprobaron la creación de la empresa mixta (lo cual, a tenor de los números me parece una tremenda irresponsabilidad)».
Por último añade González que en sus programas electorales, «EU dice: estudio para la recuperación del servicio integral del agua, y poder establecer tarifas proporcionadas, lejos de la lógica de las empresas privadas basadas en la mercantilización de este servicio y la búsqueda de beneficios». Y ADN realiza la propuesta en su programa de: «remunicipalización del servicio de agua. Se iniciará el proceso de volver a la gestión pública del agua», concluye.
