El grupo municipal de Esquerra Unida presentará esta tarde, en el pleno municipal ordinario de agosto que se celebra en septiembre, una moción para «declarar al municipio de Sagunto como Municipio insumiso y opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social».
Asimismo, en la moción presentada se propone solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de España: «su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles». Es esta misma línea se plantea también a la misma institución ministerial «la derogación inmediata con carácter retroactivo de la 'Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local' para legislar en su lugar una nueva normativa enfocada al desarrollo de la economía local».
La moción propuesta el grupo municipal de EU, también propone solicitar del Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociaciones del TTIP y el TISA (Acuerdo Multilateral para la Liberalización y Privatización de Servicios Públicos), y la no ratificación del CETA (Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE). Ingualmente, se trasladará al Ministerio de Economía, de acuerdo con la moción, que no se incluyan en ningún futuro tratado disposiciones del tipo ISDS de comercio o inversiones, y sean eliminadas de los tratados actualmente en vigor. Proponen, asimismo, que esta determinación se extienda a disposiciones sobre servicios públicos y la propiedad intelectual.
Por último, la moción de EU también plantea que se evite la participación directa o indirecta de las ETN, a través de cualquier tipo de organismo o lobbies, en los procesos reguladores o normativos de la UE y sus estados miembros en relación con temas sociales, laborales, sanitarios, medioambientales o cualquier otra materia. Los entes reguladores públicos podrán en todo caso establecer consultas no discriminatorias con organizaciones democráticas de la sociedad civil.
Si la moción sale adelante, se dará traslado, de todo los acuerdos que recoge, al Gobierno de la nación al de la Generalitat y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y del Parlamento Europeo.
