El alcalde de la ciudad Francesc Fernández y la primer teniente de de alcalde, Teresa García, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para informar sobre una sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV en la que el alto tribunal valenciano viene a dar la razón a los demandantes, entre ellos: Compromís, la Asociación de vecinos Tres Barrancos, la Plataforma Ciudadana por la Protección d la Montaña del Romeu y el Centro de Estudios del Camp de Morvedre. La sentencia, que no es firme, será recurrida en casación por la multinacional cementera, según ha confirmado esta misma mañana el director de la planta de Sagunto, Miguel Ángel Urbano.
El fallo judicial deja sin efecto varias resoluciones de la Conselleria de Infreaestructuras, Territorio y Medio Ambiente, entre ellas la de fecha 28.5.2012, que acordó revocar la resolución denegatoria de la DIC de fecha 20.5.2010, declarando la validez y eficacia de esta resolución. Al mismo tiempo, condena en costas a la administración demandada, hasta un máximo de 2.000 euros.
Tanto el alcalde de la ciudad, como la primer teniente de alcalde, han mostrado su satisfacción por este triunfo en la vía de los tribunales. Sobre esta cuestión, Teresa García resumía el fondo del asunto: «El dictamen de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) es negativo, por tanto, el antecedente urbanístico precedente para cualquier ampliación de cualquier actividad en una zona de monte público es negativa, dice que no se puede hacer. Por tanto, es muy positivo porque la DIC es negativa». Por su parte, Francesc Fernández recordaba lo ocurrido con este tema en tiempos del tripartito de progreso, es decir, entre 2003 y 2007: «En tiempos del tripartito, cuando nosotros teníamos la delegación de Urbanismo, Lafarge presentó una declaración de interés comunitario, sin avisar, como siempre. Entonces, nosotros estábamos tramitando la declaración de la montaña del Romeu como Paraje Natural Municipal, que estaba en fase muy avanzada. Ahí fue cuando nosotros emitimos un informe desfavorable a la DIC, que en el caso del Ayuntamiento de Sagunto era orientativo. pero la Generalitat, del Partido Popular, con la legislación sancionada por el PP, emitió una DIC negativa, aún de forma más contundente que el propio Ayuntamiento. El problema se plantea porque los de Lafarge fuerzan posteriormente para que figurara como si esa DIC no se hubiera presentado y porque a nosotros y a otras entidades, no nos dejaron intervenir como parte.»
Futuro de la factoría
En el transcurso de la rueda de prensa ofrecida por estos dos destacados miembros del nuevo Gobierno de Sagunto, se ha tratado sobre la renovación de la ocupación de monte público que expira en diciembre de 2017. Como ya ha venido informando este periódico, la empresa cementera ha solicitado una ampliación de 24 años y 11 meses, para hacer coincidir en el tiempo la autorización de monte público con los permisos de minas para extraer caliza.
Tanto el Alcalde de la ciudad, Francesc Fernández, como Teresa García, han reiterado su disposición a impedir que la ocupación de monte público vuelva a ser ampliada. Han señalado que van ha solicitar a la Generalitat una prorroga en el plazo para presentar las alegaciones, que inicialmente finaliza el día 19, y si la autoridad autonómica concede esta ampliación de plazo, se trabajará de forma más concienzuda en las alegaciones que se van a presentar contra la ampliación del permiso de ocupación de monte público solicitada por la compañía. El alcalde ha recordado que se trata de una ampliación sobre otra ampliación que ya fue concedida. En este sentido ha indicado que si en su día se le autorizó a continuar por otro periodo de tiempo, «no pueden pretender ahora una nueva ampliación».
Si la empresa cementera no dispone de permiso para la ocupación de monte público, no podrá continuar con su actividad extractiva, es decir, no podrá suministrarse de caliza desde la cantera del Salt del Llop para asegurar la continuidad de la actividad fabril en la planta de Sagunto. Sobre esta cuestión, Teresa García ha indicado que la empresa es la que debe de garantizarse la materia prima para asegurarse la continuidad de la actividad, dando a entender que si a partir de 2017 no se puede extraer la piedra de la cantera del Romeu y no busca fuentes alternativas de suministro, se verá obligada a cerrar. En este sentido ha recordado Fernández que la otra cementera del municipio, la ubicada junto a Fertiberia, no necesita de ninguna cantera para poder desarrollar su actividad. Lo que sí han dejado claro tanto Fernández como García, es que la multinacional cementera es la responsable última de conseguir el abastecimiento alternativo a las cantera del Romeu para proseguir con su proceso de fabricación y conservar los puestos de trabajo, indicando que no se puede supeditar la viabilidad de una empresa a la progresiva eliminación de una montaña, cuyo daño es «irreversible».
Convenio regulador
Por su parte, el director de la planta de Sagunto, Miguel Ángel Urbano, ha dejado muy claro en rueda de prensa que tanto la cementera como el Ayuntamiento se deberán acoger a lo pactado en el convenio suscrito entre ambos, que fue aprobado por el Ayuntamiento de Sagunto con el voto a favor de 18 de los 25 ediles de la Corporación. Este acuerdo no fue respaldado por Compromís, ni por Esquerra Unida. Urbano ha recordado que dicho convenio se deberá cumplir de acuerdo con lo que marca la ley y, en este contexto, ha indicado que desde el Consistorio se debe favorecer que la empresa pueda conseguir la prórroga solicitada para continuar ocupando el monte público, porque así está estipulado en dicho documento.
