La concejal de Compromís per Sagunt, Teresa García, ha hecho pública la intención de la empresa Lafarge de solicitar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para poder realizar su actividad extractiva en una nueva zona del término municipal de Sagunto. Más concretamente, la cementera, ha solicitado este cambio en unas 260 hectáreas que pertenecen a las montañas de L'Hostalera, Capellades y Fontanelles, a tan solo 1,2 kilómetros de la urbanización El Perejil, unos terrenos municipales que figuran como suelo no urbanizable protegido.
«Lo que más llama la atención es que Lafarge presenta esta solicitud el 17 de abril y este tema se ha tratado en la comisión informativa de Urbanismo de hoy y se va a llevar al próximo pleno municipal lo que demuestra que el ayuntamiento ha puesto todos sus medios para que la empresa tenga todos los informes preparados para la última sesión plenaria de la legislatura», asegura la edil.
Como ha informado García, Lafarge, que hasta 2018 realizará su actividad extractiva en la cantera del Salt del Llop en la Montaña de Romeu, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Sagunto para reservarse una zona de El Piñal para continuar con esta actividad, reserva que la empresa mantendrá a pesar de la solicitud que ha realizado en la otra zona de 260 hectáreas, según apunta la nacionalista.
«Lafarge demuestra que es una auténtica depredadora del territorio, algo sin parangón en nuestra ciudad con el impacto paisajístico que puede causar y con un impacto visual importante ya que la cantera se verá desde la carretera A-23, desde la N-225, que es la vía que comunica Algar del Palancia con la Vall d'Uxó y desde los municipios de Les Valls», afirma la edil.
Para poder llevar a cabo esto, como ha apuntado la nacionalista, la empresa utilizará un nuevo instrumento urbanístico creado por la Generalitat Valenciana como es la Actuación Territorial Estratégica (ATE), una herramienta con la que, según García, se elimina la competencia municipal en algunos casos de modificaciones de PGOU ya que se tramita directamente con la administración autonómica.
«No entendemos el porqué Lafarge ha pedido al ayuntamiento un dictamen favorable para llevar a cabo esta tramitación cuando podría habérselo saltado. En el caso de que se apruebe en el pleno del martes, esto ataría las manos al consistorio para que futuras corporaciones podamos recurrir. Se trata de una cacicada como una catedral por parte del señor Muniesa, algo que no podemos permitir porque va en contra del interés general y coarta los derechos del ayuntamiento», ha confirmado García quien ha adelantado que, en el caso de aprobarse, recurrirán y están dispuestos a ir a los tribunales.
Propuesta de retirada del punto
Asimismo, el portavoz de Compromís, Quico Fernández, ha adelantado que su propuesta en la comisión informativa de Urbanismo de dejar este asunto sobre la mesa solamente ha recibido el apoyo de Esquerra Unida (EU) mientras que sobre el fondo de la cuestión se ha mostrado a favor el PP, en contra Compromís y EU, y se han abstenido PSPV-PSOE e Iniciativa Porteña (IP). «Esto es una agresión contra los vecinos y contra el territorio que se realiza con la complicidad del PP, PSPV-PSOE e IP», han afirmado desde esta formación.
Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunto, Paco Villar, ha informado a este rotativo de que la petición realizada por Lafarge «se ciñe solamente a la zona que marca el convenio que se firmó y que fue apoyado por una gran mayoría del pleno puesto que lo votó a favor el equipo de gobierno junto al PSPV-PSOE e IP». El concejal del PP, además, ha señalado que con esta iniciativa la cementera podrá abandonar la Montaña de Romeu para permitir su mejora y ampliación como paraje natural, pero manteniéndose la viabilidad de la empresa y de los puestos de trabajo de la misma.
Finalmente, según fuentes técnicas, la ATE cuenta con cinco pasos de los cuáles tres son de competencia municipal mientras que los otros dos son autonómica. Así pues, el inicio del procedimiento lo tiene que realizar el consistorio para, posteriormente, la conselleria hacer una evaluación medioambiental. Este trámite finalizaría con una apertura de información pública municipal, la aprobación provisional que realizaría el ayuntamiento, y la aprobación definitiva que sería competencia de la Generalitat Valenciana.
