Los grupos municipales han aprobado esta mañana, por unanimidad, iniciar las acciones legales para la defensa de los intereses del ayuntamiento de Sagunto en el tema del deslinde del Malecón, que puede suponer a las arcas municipales una indemnización de 100 millones de euros. Las acciones se toman tras una moción presentada al pleno por el grupo municipal de Compromís quien ha afirmado públicamente que se reserva la posibilidad de presentar, de forma paralela, sus propias acciones legales, contra los responsables políticos cuyas decisiones están dejando al ayuntamiento como máximo responsable de una situación que la institución no ha provocado. En todo caso, y a pesar que Compromís ha sido quien ha presentado la moción, las acciones que se incluyen en la misma han sido puestas en consenso no sólo con el resto de grupo sino también con los servicios jurídicos del consistorio, el despacho de abogados Cuatrecasas Gonçalves Pereira.
El informe jurídico de este prestigioso bufete recomienda principalmente dos vías: la interposición de un nuevo recurso contencioso-administrativo independiente frente al acuerdo aprobatorio del deslinde y el inicio de una acción declarativa frente al Ministerio de Medio Ambiente, y resto de partes implicadas. Estas acciones implicarían buscar tanto la redefinición de los límites de la parcela que reclama PROSAGUNSA, habida cuenta de que no se han tenido en consideración las reclamaciones de la empresa pública COFIVACASA sobre los mismos terrenos, y buscar que se restaure la responsabilidad del Estado sobre unos terrenos que, décadas después y con una reclamación millonaria sobre ellos se quieren entregar al ayuntamiento.
No obstante según Quico Fernàndez, ponente de la moción, existen al menos dos vías más que el ayuntamiento puede emplear, por lo que se ha dado permiso a Cuatrecasas para que abra todos los procedimientos que considere necesarios.
Además el ayuntamiento de Sagunto, instará al Ministerio de Hacienda que ordene a COFIVACASA a reclamar su propiedad, con la finalidad ñunica de restituirla al patirmonio público y no para obtener un beneficio económico. Para el portavoz de Compromís «esta es una de las claves de este despropósito, porque el Estado afirma ser propietario de una parcela y su demanda no ha sido tenido en cuenta». Fernàndez ha asegurado que hay que defender con todas las opciones posibles una situación que ha comparado con «un asedio al ayuntamiento».
Los nacionalistas se guardan para sí la posibilidad de tomar medidas legales más contundentes, citando incluso la vía penal, contra los responsables del deslinde, que afirman ha contravenido todo lo demostrado por los técnicos del ayuntamiento y ha sido tomado por «cargos políticos con criterios políticos», algo que ha sido contestado con una llamada a la prudencia por parte del concejal de presidencia, Sergio Muniesa, quien ha pedido que cualquier acción de los grupos de oposición sea consensuada con los servicios jurídicos del ayuntamiento para evitar que entorpezcan otras acciones legales, cuando no directamente se vuelvan como un boomerang contra los intereses del ayuntamiento. Muniesa ha recordado que el equipo de gobierno ha actuado con toda la transparencia en este caso, y ha pedido el mismo tratamiento por parte del resto de la oposición.
El resto de grupos de la oposición han mostrado también todo su apoyo ante un proceso que muestra demasiadas zonas oscuras, como puede ser el hecho de que mientras que el ayuntamiento aún no ha sido notificado del deslinde de la parcela del Malecón reclamada por PROSAGUNSA, la empresa ya lo ha presentado ante los tribunales con un escrito que no tiene ningún registro de salida ni entrada. Todos los portavoces han coincidido en señalar que el ayuntamiento no ha hecho nada malo, puesto que ni fue quien subastó los terrenos, ni pudo más que declarar dotacional unos terrenos que no podían tener muchos más usos al estar dentro del dominio público-terrestre, y que ahora se pretenden hacer expropiables por parte del ayuntamiento.
