Los concejales de Esquerra Unida en el ayuntamiento de Sagunto han registrado, ante los tribunales, el anuncio de un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Junta de Gobierno de conceder la gestión del servicio de socorrismo de tres de las playas de la ciudad de Sagunto a una empresa privada. Este trámite legal evita que, mientras se prepara el texto del recurso, la decisión de externalizar el socorrismo en Santo prescriba legalmente, además de abocar a juicio la decisión tomada por el equipo de gobierno.
El portavoz de la formación en Sagunto, Fernando López-Egea, ha manifestado su convencimiento total en que los jueces darán la razón a los planteamientos de Esquerra Unida. «La ley de Régimen local, en su artículo 22, apartado f, explica que es el pleno quien tiene la competencia municipal para la aprobación de la forma de gestión de los servicios y los expedientes de municipalización» afirma el líder comunista.
Según defiende López-Egea el artículo anteriormente citado demuestra que si bien la Junta de Gobierno es el órgano competente para determinar como van a ser las licitaciones de obras y servicios, es el pleno quien ha de determinar cuáles de estos servicios pasan a la Junta para ser gestionadas directamente y cuáles van a ser llevadas por empresas privadas. Y según recuerdan, Esquerra Unida, y posteriormente otras formaciones, han llevado al pleno varias mociones aprobadas por la mayoría democrática, donde se ordenaba que el servicio fuera gestionado, como ha pasado durante la última década, de manera pública.
Desde la formación se pone en duda que el Partido Popular no conociera este hecho y se apunta a un «afán privatizador». Estas insinuaciones están basadas en lo que denomina «respuestas confusas» que ha dado el equipo de gobierno cuando se les ha referido al tema. «Nos han llegado a insinuar que con la nueva legislación de ayuntamientos puede darse la circunstancia de que este servicio no sea ya municipal, sino que dependa de la autonomía, pero lo cierto es que si de verdad creyeron eso tampoco podrían haberlo llevado a la Junta de Gobierno porque no sería competencia suya» explica López-Egea.
Para los comunistas también es una excusa del PP el hablar de las llamadas leyes de racionalización que impedía la contratación de personal, «esa era una ley de acompañamiento a los presupuestos en la que lo que se decía en realidad es que la administración local no debía generar más gasto, y no puede considerarse un gasto nuevo un servicio que tiene consignación presupuestaria durante los últimos diez años» apuntan.
En EU se insiste en que la competencia para decidir como se gestionan los servicios no ha sido modificada ni por reales decretos ni por la última reforma legal de la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la ley de régimen local, así que, por lo tanto, las decisiones del pleno son en este caso vinculantes, y la gestión directa del servicio un mecanismo legal debidamente recogido en nuestra legislación.
