El Pleno del ayuntamiento de Sagunto ha aprobado esta tarde por unanimidad presentar alegaciones ante las nuevas condiciones de uso del llamado metro cúbico que se están preparando desde la Confederación Hidrográfica del Júcar. El consistorio saguntino considera que el texto que si bien el texto que se está preparando reconoce los derechos adquiridos por Sagunto, por lo que se garantiza su suministro de agua, se teme principalmente por la posibilidad de que la puesta en marcha de la desaladora de la ciudad acabe perjudicando los intereses del municipio.
Y es que el plan que prepara la CHJ sigue garantizado 12 Hectómetros cúbicos por año para el consumo urbano, y 5 más para uso industrial, que salen del caudal de aguas superficiales del Júcar; sin embargo en el texto presentado se menciona, de manera ambigua según se conisdera desde el ayuntamiento, la posibilidad de que una vez los municipios dispongan de desaladoras estas se conecten a la red de suministro para proceder a sustituir, en parte o en su totalidad, el agua del Júcar por la que se produzca en la planta. Este hecho preocupa al ayuntamiento de Sagunto primero porque no se especifica si la citada conexión ha de ser pagada por el municipio, por los ayuntamientos situados en el área de influencia de la desaladora, o si el coste se repartirá entre todos los usuarios de la red, puesto que al fin y al cabo todos pueden beneficiarse de esta nueva planta; y segundo porque el coste del agua desalinizada puede ser hasta tres veces mayor, según se apuntan desde varias formaciones, que el coste actual del metro cúbico. El texto también abre la puerta a proceder a sustituir el actual cauce en parte por el agua del Palancia.
El consistorio, en toco caso, pedirá a la confederación que aclare estos aspectos y abra la posibilidad a repartir los costes de la desaladora.
Una espada de Damocles de 37 millones de euros
Una vez más en el ayuntamiento de Sagunto la unanimidad de voto no significó, ni mucho menos, ausencia de conflictos. El punto se convirtió en un enfrentamiento abierto entre las fuerzas políticas, al suponer tener que devolver, dentro de 25 años, 37 millones de euros, más intereses si antendemos a lo que señaló el portavoz de Iniciativa Porteña Manuel González, primer portavoz en abordar el tema.
González señaló que la desalinizadora, que calificó como uno de los errores políticos más grandes que ha sufrido este municipio, tiene una capacidad nominal de producción de 22.000 metros cúbicos al día, cuando el consumo de la ciudad se sitúa en 20.000 metros cúbicos, por lo que el portavoz segregacionista se teme que se pueda sustituir todo el agua del metro cúbico por set infraestructura, de la que volvió a pedir más información a Aquamed sobre su estado.
Desde Compromís Quico Fernández volió a recordar que el ayuntamiento decidió dejar de tomar agua del llamad Canal de Soneja que afirmó «no costaba dinero a los ciudadanos», e incluso apuntó a la posibilidad de recuperador de cara a ayudar a la agricultura.
Sin embargo la principal influencia de Fernández en el debate fue el ser el primero en recordar que la desaladora se construyó para abastecer el fallido proyecto de Parc Sagunt que recordó que fue anunciado, a bombo y platillo, «como un polígono que iba a crear 30.000 empleos sin despeinarse».
Desde el Partido Popular, por su parte, se recordó que no fue el PP quien puso sobre la mesa la posibilidad de instalar una desaladora en Sagunto, es más Sergio Muniesa recordó que el PP votó en contra del convenio que acordó su construcción. «Se aprobó por mayoría absoluta del equipo de gobierno de aquella legislatura y en ese momento se creó una hipoteca cuyo coste intentamos ahora diluir» explicó Muniesa.
Pronto todos los grupos empezaron a cruzar acusaciones sobre las responsabilidades de una desaladora a todas luces sobredimensionada. En su segunda intervención, González llegó incluso a cuestionar la existencia de informes técnicos que acreditaran la necesidad de esta desaladora, llegando afirmar que su construcción no fue nada más que una decisión política, refiriéndose al Partido Soclalista Obrero Español que tras alcanzar La Moncloa optó por paralizar el llamado Plan Hidrológico Nacional, para sustituirlo por las llamadas desaladoras.
Esta acusación hizo que el portavoz socialista, José Luis Chover, saliera a defender que la instalación no fue un error, ni un capricho político, sino una decisión tomada entorno a los «informes técnicos con las previsiones de crecimiento», según ha defendido el portavoz socialista, esta medida significaba que, pasara lo que pasara, «se garantizaba el suministro de agua de la ciudad»,recordando que no existen precedentes en el que la sequía ha restringido el suministro a la ciudad desde los canales habituales, y que si la población no lo notó fue porque se reabrieron pozos cercanos al municipio.
