El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia ha fallado a favor de los intereses del ayuntamiento de Sagunto, al desestimar el recurso presentado por Estacionamientos de Transports Ciutat de Sagunt S.L.U., concesionaria del parking de camiones de la ciudad que reclamaba al consistorio saguntino casi 950.000 euros en concepto de «reequilibrio económico de la concesión por infrautilización del aparcamiento de camiones».
Durante el litigio, la empresa reclamaba al ayuntamiento esta cantidad al considerar que el consistorio no había sido suficientemente contundente sancionando a los camioneros que aparcaban en lugares no habilitados para este fin, concretamente la empresa aseguraba que en el término municipal de Sagunto «se ha convertido en práctica habitual de los camioneros estacionar en las zonas cercanas y no habilitadas»; algo que consideraban que explicaba el bajo nivel de ingresos de la infraestructura que, según reconocían, sólo estuvo al nivel de ingresos previstos durante los primeros meses de explotación, más concretamente de septiembre a diciembre de 2012, y dejó de cubrir costes a partir de enero de 2008.
Por este motivo los responsables de la concesionaria intentaron hacer valer los mecanismos legales que establecen que la administración pública ha de garantizar que la concesionaria mantenga el nivel de equilibrio presupuestario que se estableció cuando se acordó la construcción del parking. Sin embargo el juzgado estima que el descenso de ingresos es debido a la crisis económica algo que considera «no constituye un riesgo imprevisible», sino «parte del riesgo y ventura de la actividad», señalando además que «es un hecho notorio que las crisis económicas han sido ciclícas y no constituyen una realidad inesperada» y «más aún cuando en el 2007—año en el que arrancó la explotación—ya se visualizaba la actual». La concejal de patrimonio Laura Cassans ha mostrado su satisfacción ante la sentencia asegurando que el ayuntamiento puso todo de su parte para que la concesionaria pudiera hacer frente a un servicio al que finalmente renunció de forma unilateral. Según recuerda el ayuntamiento incluso accedió a la ampliación del tiempo de explotación cinco años más, permitiéndoles llegar hasta los 25 años de exclusividad para lograr que pudieran hacer más rentable el servicio, además considera probado que no es verdad que hubiera dejación de funciones en la persecución de infractores puesto que «se aprobaron ordenanzas para regular las zonas de aparcamiento».
