Los grupos de oposición han vuelto a destacar su más firme rechazo a la privatización del servicio de socorrismo que pasa hoy un nuevo trámite, con la llegada de la propuesta de adjudicación del servicio a la mesa de contratación. Los representantes de los partidos de oposición en la mesa han refrendado un texto entregado por el portavoz socialista José Luis Chover, quien ha recordado al equipo de gobierno el doble mandato plenario para que el servicio sea público.
El escrito remitido realiza un repaso por la evolución del conflicto arrancando advirtiendo a los miembros de Partido Popular de que «en las dos últimas sesiones Plenarias se aprobó por una amplia mayoría sendas mociones que pedían expresamente que el servicio de salvamento y socorrismo para nuestras playas durante el verano de 2014 se efectuase como se había venido realizando en la última década, es decir, a través de la gestión directa del propio Ayuntamiento».
El escrito firmado por José Luis Chover desecha la excusa de que una urgencia en el plazo, ya que el equipo de gobierno ha dispuesto en su opinión, de tiempo suficiente para organizar la gestión directa puesto que ya realizó una licitación que quedó desierta en su primer intento, y en vez de ello presentaron un «nuevo pliego de condiciones de adjudicación de este servicio básico para nuestras playas, incluye un incremento de la dotación presupuestaria de más de un 35% (110.266 €) y una severa disminución de los efectivos de socorristas a contratar», lo cual lleva a los socialistas en su escrito a «sospechar que dicho pliego ha sido elaborado a medida, con el objetivo de asegurarse de que el concurso no quedaría desierto por falta de licitadores interesados, como, al parecer, así ha sido».
Para los socialistas «si las condiciones del nuevo pliego, tanto en dotación de plantilla como en presupuesto asignado, son las adecuadas para el servicio que demandan nuestras playas, deberían haberse contemplado en el primer pliego», pero en cambio la oferta pública del servicio no ha llegado acompañada de «ningún informe que justifique el cambio realizado».
