La supresión en 2012 de las pagas extraordinarias de la plantilla municipal en Sagunto —una decisión que se tomó respaldada por los mecanismos de ajustes presupuestarios establecidos en el Real Decreto Ley 20/2012— acabará en los tribunales. La medida forma parte de un acuerdo estatal suscrito por los principales sindicatos que operan en la función pública, al considerar ilegal que se suprimiera el importe íntegro de la paga, cuando el decreto se aprobó en el segundo semestre del año.
De esta manera los sindicatos han comenzado ya a trabajar en la presentación de conflictos colectivos, a nombre de los trabajadores que están en régimen laboral, es decir trabajadores municipales que desempeñan su labor sin tener una plaza fija de funcionarios, puesto que estos son los que tienen un plazo menor para reclamar la devolución de sus pagos— los funcionarios pueden esperar hasta cuatro años— aunque se tiene el convencimiento de que una sentencia positiva para estos trabajadores se haría inmediatamente extensiva al resto de la plantilla, funcionarios incluidos. Además del conflicto presentado se está poniendo a disposición del resto de trabajadores del ayuntamiento no afiliados a ningún sindicato, un modelo de reclamación para que puedan rellenarlo y sumarse al conflicto, ya que consideran que las autoridades laborales agruparán estas reclamaciones particulares con las ya presentadas al proceder todas del mismo ayuntamiento.
Desde Comisiones Obreras, sindicato encargado de llevar la acción judicial al ser el sindicato con más representación en el ayuntamiento de Sagunto, Juan Miguel Calomarde ha mostrado su total confianza en que el ayuntamiento deberá devolver la parte recortada con retroactividad de la paga de los funcionarios, lo que según sus cálculos vendría a suponer unos 400 euros por trabajador lo que vendría a suponer cerca de 230.000 euros. Su confianza está respaldada por una serie de sentencias judiciales que han ido anulando la retroactividad en la aplicación del decreto de ajuste presupuestario.
De hecho Juan Miguel Calomarde ve tan claro el resultado judicial que asegura no entender «la cerrazón de la concejal de personal del ayuntamiento a devolver el dinero que retuvo a sus trabajadores», palabras textuales del líder sindical que asegura que «Sagunto es uno de los pocos municipios de nuestro entorno que no ha devuelto aún ese dinero a los funcionarios». Según explica la delegada de personal se escuda «en un informe de la asesoría judicial municipal, Cuatrecasas Ibérica, que interpreta que el ayuntamiento hizo bien en suprimir la totalidad de la paga, pero sin embargo hay un informe del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana que da la razón a nuestros postulados, así como la jurisprudencia que demuestra que tenemos razón y no se podía aplicar de forma retroactiva el recorte».
Calomarde ha resaltado que los sindicatos aún confían en una salida negociada al conflicto, pero afirma que no están dispuestos a permitir que se dilate «artificialmente» una situación, en su opinión, tan clara cuando existen unos plazos legales para reclamar «que se van agotando a medida que se deja pasar el tiempo en discusiones estériles».
