El Concejal Juan Carlos Requena ha afirmado que en su grupo municipal «no nos vamos a quedar callados ante el deterioro creciente de los servicios que presta el Registro Civil y que afectan no sólo a Sagunto, sino a toda la amplia zona que abarca en su servicio las oficinas que están en nuestra ciudad. Es evidente que se trata de una maniobra premeditada para justificar su privatización. Y privatización significa buscar rentabilidad, ganancias en un servicio que ahora es gratuito y lo es desde hace 150 años, que se venía realizando de forma cercana, pública y eficaz, hasta que llegó el PP con la intención de pasarlo a manos privadas».
Según Requena, «en el Pleno de mayo del 2013 ya manifestamos nuestro rechazo a transferir su gestión a los Registradores de la Propiedad y Notarios, a la vez que instábamos a la Generalitat a que dotara al Juzgado de Sagunt de los recursos económicos y personales necesarios, a efectos de que el servicio del Registro Civil se preste en condiciones adecuadas para que los ciudadanos , en consideración al significativo número de usuarios existente, sean debidamente atendidos sin verse obligados a realizar colas, de madrugada, para la obtención de un número que permita realizar cualquiera de las gestiones que allí se realizan, algo –sostiene Requena-, que no sólo no se ha solucionado, todo lo contrario ha empeorado la situación, por más buena voluntad que pongan los funcionarios que prestan servicio en nuestro Registro de Sagunto».
«Desde el Grupo Socialista en Les Corts vamos a pedir la comparecencia de Castellano para que explique la situación concreta de este servicio esencial. Sabemos que en toda la Comunidad el estado del servicio es insostenible, que se está permitiendo de forma consciente su máximo deterioro, al no dotarlo de personal necesario ni estar implantando la vía telemática, tal y como se prometió en su momento» asegura.
«Cabe recordar –afirma el concejal socialista-, que el Registro Civil ha sido un servicio público y gratuito para todos los ciudadanos desde 1870 y que fue modernizado en el año 2011 con la digitalización de todos los libros del registro desde el año 1950, lo que supuso una inversión de 129 millones de euros, mejorando la calidad de este servicio que, en la actualidad, es – o era-, uno de los mejor valorados dentro del Administración de Justicia. Ahora, tras la inversión pública, se pretende transferir a los Registradores de la Propiedad y el mantenimiento del coste del servicio directamente en bolsillo del ciudadano, pretensión que rechazamos, a la vez que exigimos que siga siendo un servicio público y de calidad».
