La nueva ley de régimen local que aplicará en España el gobierno central, la que limitará las competencias que adopten los ayuntamiento del país no sólo puede suponer un cambio radical al actual mapa de servicios y beneficios que disfruta en la actualidad el ciudadano saguntino según alertan los concejales de la coalición Compromís en el ayuntamiento de Sagunto, sino que, siempre según la información aportada por la concejal nacionalista Teresa Garcia, pone en riesgo de desaparición 148 empleos directos en la ciudad de Sagunto.
Y es que según se informó ayer en rueda de prensa, la nueva ley contempla que «para trabajar en la administración local se ha de haber obtenido la plaza de funcionario», palabras textuales de la concejal Teresa Garcia, una medida que envuelve en la incertidumbre a las 148 personas que actualmente se encuentran trabajando en el ayuntamiento en régimen laboral. Garcia ha solicitado un urgente pronunciamiento del alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, o en su defecto del concejal de presidencia para que aporten tranquilidad a estos trabajadores.
Los miembros de Compromís también advierten que aunque se salve el requisito de haber obtenido plaza, los trabajadores siguen estando en riesgo ante el anuncio de que la nueva ley contempla el traspaso a la Generalitat de los servicios no esenciales, que desaparecerán si el gobierno autonómico decide no destinarles presupuestos. En esta situación estarían situados, siguiendo las informaciones de Compromís, las áreas de la Mujer (concejalía de igualdad), Juventud, Mayores, Drogodependencia y toda atención médica que no sea primaria y dependa del ayuntamiento (como por ejemplo el consultorio de Almardà). La escuela taller o el área de promoción económica si bien no pasan a manos de la Generalitat han de ser suprimidas si no alcanzan el equilibrio económico. Pero si los nacionalistas advierten de peligro grave en algún servicio local estos son el gabinete psicopedagógico puesto a disposición de los alumnos de la ciudad, y el conservatorio municipal, dos entidades a las que, según Garcia, la nueva ley pone al borde de la desaparición.
Los servicios esenciales, como la limpieza de las calles, no se libran tampoco de la nueva ley puesto que no podrán incurrir en déficit, dejando sólo dos opciones: o privatización del servicio o un aumento de tasas hasta que se alcance el 100% del coste real del servicio.
Teresa Garcia ha pedido la elaboración de un informe sobre las consecuencias en el personal de la nueva ley, así como informes del Secretario y del interventor sobre los efectos de la nueva ley, así como una reunión de la junta de Portavoces. Garcia recuerda que el PP está en minoría y no puede actuar unilateralmente en este asunto. «Compromís no permitirá que desmonten una estructura municipal fruto de 30 años de esfuerzos» ha advertido.
