«Consideramos que este es un acto claramente hostil y como ya hemos comentado antes de clarísima discriminación hacia los porteños. Por ello, desde SP, adoptaremos todas las medidas necesarias encaminadas a que se vuelvan a celebrar Plenos en El Puerto» con estas palabras—extraídas del comunicado que anoche preparó la Junta de Iniciativa Porteña y cuyo texto íntegro pueden leer en el documento adjunto al pie de esta noticia—el portavoz de SP, Manuel González, mostraba el malestar del entorno segregacionista tras la sentencia del Tribunal Supremo que pone fin a la celebración de plenos municipales en el Puerto de Sagunto.
Al igual que hiciera el alcalde Alfredo Castelló ayer, los segregacionistas han culpado a los miembros del Bloc Nacionalista Valencià—impulsores del recurso—de la pérdida de lo que consideran «un derecho adquirido de los ciudadanos porteños». Los miembros de IP-SP aseguran que la celebración de plenos fuera de la casa consistorial es algo que sucede en otros municipios sin que se produzcan problemas, citando expresamente los casos de L'Eliana y Burjassot, donde incluso recuerdan que gobierna el Bloc, y que han realizado sesiones plenarias reivindicativas fuera de la sede consistorial.
Los segregacionistas advierten que es discriminatorio que no se celebren plenos en El Puerto, «puesto que se aleja la administración más cercana de la mayor parte de la población», y por ello advierten que ya no se negociará ninguno de los grandes temas, como la estabilidad municipal o la aprobación de los presupuestos, con el PP a menos que se acepte el traslado de la sede consistorial hasta Sagunto. Los segregacionistas consideran que esta opción no tendría coste alguno, puesto que se podrían utilizar las oficinas de la Gerencia, permitiría un ahorro importante «puesto que el grueso de los políticos, funcionarios y ciudadanos reside en El Puerto», y no impediría que se celebraran plenos en Sagunto cada dos meses «porque nosotros no presentaríamos ningún recurso para impedirlo». Además los ediles segregacionistas consideran este traslado como una postura coherente con la defensa legal que, hasta ahora, ha hecho el Ayuntamiento. «Durante el juicio, en su defensa legal de la celebración de Plenos, el Ayuntamiento ha defendido que esta medida era esencial para acercar la admistración a los ciudadanos. Pues si tanto les importa lo lógico es traer los plenos al núcleo más habitado de la ciudad» han declarado.
