La decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de no admitir el último recurso de casación presentado por la abogada de la Generalitat Valenciana supone una importante victoria para ArcelorMittal que consigue así que el Jurado Provincial de Expropiaciones ponga precio a los terrenos de la Gerencia. Este hecho, que puede parecer un asunto ajeno a la realidad local, puesto que se trataba de un litigio entre la multinacional y la Generalitat Valenciana, ha vuelto a disparar las alarmas en círculos políticos municipales, ante lo que puede ser el inicio de una nueva indemnización millonaria por temas urbanísticos.Un Largo Conflicto
Los hechos se remontan a cuando la Generalitat Valenciana presentó su proyecto de la Ciudad de las Artes Escénicas que incluía una reserva de suelo que afectaba a la Gerencia y parte del polígono Ingruinsa. Esta reserva bloqueó cualquier obra o explotación en los terrenos, lo que llevó a ArcelorMittal, propietaria de la Gerencia, a solicitar a la Generalitat que expropiara los terrenos y le pagase por los mismos. Tras dos años sin respuesta del gobierno autonómico los abogados del gigante del acero pidieron la expropiación forzosa, que debía valorar el llamado justiprecio. Sin embargo el citado jurado consideró que la valoración no era procedente, lo que llevó a ArcelorMittal a iniciar un largo proceso judicial que finalizó con la citada no admisión del último recurso que le quedaba a la Generalitat.
Los hechos se remontan a cuando la Generalitat Valenciana presentó su proyecto de la Ciudad de las Artes Escénicas que incluía una reserva de suelo que afectaba a la Gerencia y parte del polígono Ingruinsa. Esta reserva bloqueó cualquier obra o explotación en los terrenos, lo que llevó a ArcelorMittal, propietaria de la Gerencia, a solicitar a la Generalitat que expropiara los terrenos y le pagase por los mismos. Tras dos años sin respuesta del gobierno autonómico los abogados del gigante del acero pidieron la expropiación forzosa, que debía valorar el llamado justiprecio. Sin embargo el citado jurado consideró que la valoración no era procedente, lo que llevó a ArcelorMittal a iniciar un largo proceso judicial que finalizó con la citada no admisión del último recurso que le quedaba a la Generalitat.
Mientras el tema estaba en los tribunales el Ayuntamiento de Sagunto acordó, en una decisión discutida en su momento, hacerse con los terrenos de la Gerencia que la Generalitat se había comprometido a pagar. Y la fómula elegida fue la de autorizar un PAI en la zona del Borde Sur que, lógicamente, afectaba a los terrenos de Arcelor, con lo que el consistorio reparceló la zona otorgando a la siderúrgica una parte del suelo.
A pesar de que ha de ser ahora cuando el jurado provincial fije el precio de los terrenos de Arcelor, las previsiones no son nada halagüeñas, puesto que si la empresa ICONSA consiguió en esa misma zona una indemnización de tres millones de euros por la expropiación de una parcela de 7.000 metros cuadrados, Arcelor cuenta con 50.000 metros cuadrados de terreno afectado, a los que hay que sumar el valor de los 15.000 metros cuadrados edificados en la Gerencia. En todo caso se abre ahora una larga batalla legal en la que hay que dilucidar si el valor del justiprecio es el mismo que el de los terrenos que se le asignaron a la compañía en el PAI del Borde Sur, o si la indemnización sólo puede ser monetaria, que es lo que pretende la empresa y que sería el peor de los escenarios posibles.
La voz de alarma la ha dado en esta ocasión el portavoz del Bloc, Quico Fernàndez, quien ha denunciado que el Gobierno de Castelló conoce desde antes de navidad este hecho pero no ha informado de ello a la oposición. Fernàndez ha denunciado que lo que considera «un proyecto improvisado», refiriéndose a liberar la Gerencia, va encaminado a «arruinar a la ciudad con otra indemnización millonaria», que según recuerda, «ha servido para que la Gerencia siga siendo un espacio semiabandonado que ya no ha de pagar la Generalitat».
