Los jueces de Sagunto se sumarán el próximo día 12 a las protestas contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial paralizando la actividad de los juzgados locales de doce a una de la tarde. Se esperan concentraciones para protestar tanto por el nuevos sistema de tasas judiciales, que creará una justicia para ricos a la que no podrán acceder el grueso de la ciudadanía según denuncian sus opositores, como por otros aspectos más concretos que alterarán, también radicalmente, la actividad diario de magistrados y los fiscales, grupo que también participará en el paro.
Los funcionarios se sumarán durante su almuerzo
La concentración contará además con el apoyo de los funcionarios de los juzgados, a los que el sindicato CSI-F ha convocado a participar de 12:30 a 13:00 aprovechado la media hora que tienen para almorzar.
Según el Presidente Provincial de Justicia del sindicato CSIF, Jordi Cascant, los funcionarios judiciales valencianos ya han protagonizado muchas protestas por los recortes de derechos que están sufriendo, y que incluyen, según denuncian, aspectos tan graves como la disponibilidad geográfica obligatoria que permite a la administración ordenar el desplazamiento de cualquier funcionario judicial a cualquier punto de la Comunidad Autonóma Valenciana, con el perjuicio que eso conlleva para la vida familiar, además de un trastorno económico considerable; pero en esta jornada quieren, aprovechando el tirón mediático que siempre tiene una huelga organizada por jueces, sumarse al paro para mejorar la visibilidad de sus protestas.
Cascant ha asegurado que se manifestarán por las tasas judiciales, que en sus propias palabras «van a afectar a todos los ciudadanos porque suponen una barrera infranqueable para muchos ciudadanos que no podrán acceder a un derecho básico como es la justicia», por los recortes de derechos y la puesta en peligro de sus puestos de trabajo puesto que, según denuncia, no sólo harán falta menos
funcionarios si se producen menos juicios, sino que se van a externalizar servicios que ahora mismo son gratuitos para el ciudadano, para que pasen a manos de la iniciativa privada, que los hará de pago. En este sentido Cascant habla del anteproyecto que prepara el ministro de Justicia español Alberto Ruiz Gallardón, que contempla que los temas de registro, como puede ser una fe de vida, o el libro de familia, pasen a manos de la gestión de los registradores de la popiedad, cuya actividad ha bajado tras la crisis inmobiliaria y ahora podrán cobrar por estas gestiones.
Los funcionarios se sumarán durante su almuerzo
La concentración contará además con el apoyo de los funcionarios de los juzgados, a los que el sindicato CSI-F ha convocado a participar de 12:30 a 13:00 aprovechado la media hora que tienen para almorzar.
Según el Presidente Provincial de Justicia del sindicato CSIF, Jordi Cascant, los funcionarios judiciales valencianos ya han protagonizado muchas protestas por los recortes de derechos que están sufriendo, y que incluyen, según denuncian, aspectos tan graves como la disponibilidad geográfica obligatoria que permite a la administración ordenar el desplazamiento de cualquier funcionario judicial a cualquier punto de la Comunidad Autonóma Valenciana, con el perjuicio que eso conlleva para la vida familiar, además de un trastorno económico considerable; pero en esta jornada quieren, aprovechando el tirón mediático que siempre tiene una huelga organizada por jueces, sumarse al paro para mejorar la visibilidad de sus protestas.
Cascant ha asegurado que se manifestarán por las tasas judiciales, que en sus propias palabras «van a afectar a todos los ciudadanos porque suponen una barrera infranqueable para muchos ciudadanos que no podrán acceder a un derecho básico como es la justicia», por los recortes de derechos y la puesta en peligro de sus puestos de trabajo puesto que, según denuncia, no sólo harán falta menos
funcionarios si se producen menos juicios, sino que se van a externalizar servicios que ahora mismo son gratuitos para el ciudadano, para que pasen a manos de la iniciativa privada, que los hará de pago. En este sentido Cascant habla del anteproyecto que prepara el ministro de Justicia español Alberto Ruiz Gallardón, que contempla que los temas de registro, como puede ser una fe de vida, o el libro de familia, pasen a manos de la gestión de los registradores de la popiedad, cuya actividad ha bajado tras la crisis inmobiliaria y ahora podrán cobrar por estas gestiones.
