Rafa Garzó y López Egea
«El Partido Popular ha demostrado seguir una política de privatización de servicios que funcionan en el municipio. Para ellos sobra sector público cuando, en realidad, lo que sobran son políticos como Alfredo Castelló y sus secuaces que convierten derechos sociales de la ciudadanía en beneficios para unos pocos al otorgar servicios públicos al mejor postor», explicaba Garzó.
Y es que, este año, la contratación del personal de la UP como se venía haciendo desde hace más de dos décadas, a través de contratos temporales, podría variar tras la aprobación, en diciembre del pasado año, de un Real Decreto que expone que «durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal salvo casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales».
Para López-Egea la contratación del personal de la UP podría encontrarse dentro de estas excepciones si el Consistorio se acogiera a un informe llevado a cabo por la Dirección General de Políticas Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que se realizó por una petición de la Diputación de Barcelona tras unas dudas surgidas con la nueva normativa vigente. «Este informe apunta dos conceptos que consideramos bastante importantes: que este Real Decreto no impone un limite a la contratación de personal laboral y que se trata de una directriz orientativa y no de una prohibición absoluta», explicaba el portavoz de EU.
Según este informe facilitado por esta fuerza política, que también han hecho llegar a sindicatos y al Secretario del Consistorio, «el concepto prioritario tiene que ser determinado por la administración competente» por lo que se trata, como informa este escrito, «de un concepto político y no legal». «Con este informe en la mano — afirmaba López-Egea — se deja claro y nítido que se puede continuar con la UP como se venía haciendo hasta ahora porque los servicios públicos pueden seguir gestionándose desde lo público aunque la intencionalidad del PP sea la privatización».
