Sergio Muniesa
La liquidación de este empréstito, más los intereses correspondientes, con un tiempo de amortización de una década, no va a suponer ningún esfuerzo extraordinario para el Consistorio saguntino, que vaya a alterar drásticamente el equilibrio de sus cuentas. Sin embargo, el programa de ajuste que lo acompaña es el instrumento más adecuado para justificar ante la ciudadanía subidas de impuestos, revisión al alza de precios públicos y la congelación de la plantilla municipal, que por las bajas vegetativas, es decir, jubilaciones de empleados públicos, se puede reducir significativamente la nómina municipal en el período de dos lustros, que es la duración del plazo de aplicación.
El concejal de Hacienda, el popular Sergio Muniesa, explica que el plan de ajuste «dicta subidas tributarias, supresión de exenciones y de bonificaciones voluntarias». Por lo que al incremento de los tributos se refiere, no parece que en este capítulo se vaya a mejorar mucho la recaudación, habida cuenta de que la mayoría de ellos ya se aplican, prácticamente, en los niveles máximos que permite la legislación. Por ejemplo, no se estima procedente aumentar el impuesto de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, la contribución de los solares, porque el gravamen se encuentra en el 29%, cuando el máximo permitido es del 30%. Algo similar sucede con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica o con el Impuesto de Actividades Económicas, cuyos coeficientes de aplicación han sido actualizados con efectos del primero de enero de 2012.
Licencias de obras más
caras para particulares
Entre los impuestos que sí van a subir, cabría destacar la actualización de los módulos, para obra menor, del Impuesto de Construcción y Obras (ICIO), carga impositiva que incidirá directamente sobre los particulares. Una de las razones por las que se quiere gravar las obras de reforma es porque se trata de la única posibilidad de aumentar los ingresos por esta vía, dado que el sector de las promociones inmobiliarias está bajo mínimos.
Este programa de ajuste también contempla la eliminación de las bonificaciones a jubilados y pensionistas, en cuanto a la tasa de basura se refiere, que asciende a 41.680 euros en una década. De lo que se trata, según la planificación aprobada por el PP, gracias a la abstención del PSOE, Bloc y SP, es de ir reduciendo esa cifra un 10% cada año, hasta eliminarlo en el período del Plan de Ajuste.
Sobre la eliminación de estas ayudas a los jubilados, el responsable de las finanzas municipales, Sergio Muniesa, lo justificaba en los siguientes términos: «el Plan de Ajuste dice que no tiene cabida, y la intención es ajustarlo, si hay posibilidad, en otra línea, bien directamente por algún tipo de beca o subvención a través de otros departamento, como Servicios Sociales, o si fuera directamente por Hacienda, estudiando los criterios».
Ajustar servicios al coste real
No es la primera vez que el PP propone incrementar, hasta aproximarlas al coste real, algunas tasas de Deportes y del Conservatorio, pero siempre se ha encontrado con el rechazo de la oposición municipal. Curiosamente, la abstención del grueso de la oposición va a posibilitar que se ponga en marcha un plan de ajuste que regule estos desequilibrios. Es por este motivo por lo que el Gobierno local trataba de convertir esa tasas en un precio público, porque se trata de la prestación de un servicio que jurídicamente debe ser un precio público y no una tasa.
En este sentido el edil de Hacienda, Muniesa, indicaba: «En el sector privado del municipio hay gimnasios que prestan servicios idénticos a los que pueda estar prestando el Ayuntamiento, por ejemplo, entrenamiento personalizado. La idea es que el Consistorio debe prestar un servicio en igualdad de condiciones, porque no podemos generar competencia desleal a gente que presta un servicio con arreglo a unos costes. Si hacer esa prestación de servicio nos cuesta 10, la tasa debe valer 10, el Ayuntamiento no gana, pero no puede perder, no puede ser que si ese servicio cuesta 10 al usuario, el municipio lo ofrezca por 1, mientras que el gimnasio privado debe seguir haciéndolo por 10. Eso es competencia desleal. Las piscinas son un servicio que presta el Ayuntamiento y que debe seguir haciéndolo porque no hay piscinas privadas».
La ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, publicada en el BOE núm. 90, del 15 de abril 1989, establece las diferencias entre la tasa y el precio público. Para distinguir una y otra modalidad tributaria se pueden utilizar los supuestos de la contratación de un vado permanente y de la utilización del gimnasio municipal.
En el caso del vado, se utiliza dominio público, que es la parte de la calle que queda libre de ocupación y, al mismo tiempo, un servicio, como es el de la grúa, que, encima, no se puede contratar con ninguna empresa privada. En cuanto al gimnasio, se emplea el dominio público, al ocupar sus instalaciones y se disfruta del servicio de monitores o entrenadores. Sin embargo, esta actividad también se presta, al mismo tiempo, por entidades privadas con ánimo de lucro que hay en el municipio. Por tanto, el caso del vado ha de ser una tasa y el del gimnasio un precio público.
No obstante, Muniesa aclara que siempre se deben de hacer excepciones, puesto que a determinados segmentos de población hay que facilitarles la práctica del deporte. En este caso concreto, el edil de Hacienda cita al colectivo de la tercera edad: «es muy difícil que los mayores vayan a un gimnasio, por eso se les puede ofertar deportes de mantenimiento con unas determinadas características, y para eso está el servicio público. Y si hay gente que no puede permitirse pagar el precio público por cuestiones económicas, existirá un sistema de becas».
El IBI se doblará en 10 años
Otro pilar incluido en el plan de ajuste, es el aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI, más conocido como la contribución urbana. Este tributo se doblará en Sagunto en el transcurso de esta próxima década, mientras que el coste del IPC apenas se incrementará un 30%. A este respecto cabe señalar que la revisión del valor catastral del total de los inmuebles y del suelo del municipio se aprobarán en junio y entrarán en vigor en 2013. Esa subida del valor catastral se prorrateará, aplicando un aumento progresivo del 10% anual, hasta el año 2022 que ya habrá alcanzado el 100% del aumento. Según el concejal de Hacienda, eso supone que una vivienda que venía pagando entre 250 y 270 euros anuales, tendrá un incremento de 20 a 25 euros al año, sin subir por parte del Ayuntamiento el tipo impositivo que se viene aplicando desde hace años y que es del 0,834. Es decir, la vivienda que ahora paga 270 euros de IBI, según el cálculo de la revisión catastral, en 2022 pagará 540 euros, o sea, el 100% más.
