El pleno se ha vuelto a celebrar en Puerto de Sagunto
Finalmente el Ayuntamiento de Sagunto se acogerá a la iniciativa del Ejecutivo nacional, que permite adquirir un crédito bancario para pagar las facturas pendientes de sus proveedores devolviéndolo en un período de 10 años y al cinco por ciento de interés. La medida permitirá saldar de un plumazo los cerca de dos millones de euros que debe el consistorio a sus proveedores, pero, a cambio incluía la presentación de un duro plan de ajuste que limite los gastos municipales y asegure la sostenibilidad del Ayuntamiento.
Entre las medidas que implican este plan se encuentra la creación de una servicio tributario municipal que centralice todos los cobros a la vez que persigue el fraude, la no reposición de bajas entre el funcionariado —se prevé que en los próximos seis años se eliminen al menos 30 puestos de trabajo por este procedimiento— o la revisión de los servicios externalizados para saber si se pueden asumir a menor coste desde el propio Ayuntamiento, pero también una subida generalizada de la tasas municipales para aumentar su llamado «grado de cobertura». De esta manera, según desveló el edil Sergio Muniesa las tasas deportivas han de subir hasta el 50% de su coste, actualmente está en el 20, el Mercado se disparará hasta el 90% para llegar a la autogestión, y el precio público de las entradas a los actos culturales ha de llegar al 50%.
El plan ha sido duramente criticado por prácticamente toda la oposición municipal, pero a la hora de la verdad sólo han votado en contra los concejales de Esquerra Unida. Su portavoz Fernando López-Egea ha considerado significativo que el gobierna permita a los ayuntamiento endeudarse «para pagar a los proveedores, pero no para mantener servicios», que imponga un crédito que supone un 5% de interés «sin dejarnos elegir un prestámo más ventajoso», y que sólo lo conceda a cambio de severos recortes «al igual que hace el FMI».
Egea ha considerado que existían otras vías, como el préstamo ICO, pero en vez de eso ha realizado un plan que «sólo propone subidas a los impuestos de los ciudadanos, sin tener en cuenta ni el IPC, ni la situación de las familias».
SP ha sido la formación que más receptiva se ha mostrado ante la llegada de un plan sin el cual, según ha destacado, «muchos comerciantes se quedarían sin cobrar». El portavoz Manolo González ha defendido que «en contra de lo que dice Egea» el plan sólo dice que se ha de subir la cobertura de la tasa y que eso implica que se puedan buscar fórmulas para que los parados no paguen, o abonen precio reducido, mientras que los que más tienen más abonen.
Desde el Bloc se ha lamentado que el plan presentado por Muniesa «esté consagrado a una subida de ingresos con más impuestos y presión fiscal». La edil del Bloc ha explicado que a pesar de que su formación ha participado activamente en introducir medidas en el proyecto del plan, como la nueva tasa para cajeros automáticos que se encuentren en la calle, la revisión de la externalización y la introducción de medidas para evitar que la revisión catastral triplicara el impuesto de lBI, su formación no podía aprobar ante la poca precisión que tenía un plan que afectará al consistorio durante 10 años, y cuya última versión habían recibido hora y media antes de que se iniciara el Pleno. Garcia también ha destacado que el desfase de dos millones se ha producido por no haber presentado un presupuesto municipal desde el año 2009.
En similares términos se ha expresado Nuria Hernández, quien suele ocuparse del área económica en el Grupo Municipal Socialista. La edil socialista ha asegurado que en su grupo se apoya «el espíritu básico del texto, que es pagar a los proveedores puesto que el que ha hecho el trabajo ha de cobrar, pero también somos conscientes de que nos va a salir muy caro».
Hernández ha asegurado que el plan de ajuste «tiene muy buenas intenciones, pero no debe limitarse a que se reduzca sólo a subir los impuestos y las tasas, ha de recudicrse los costes, y a no cubrir plazas de funcionarios», y que, tras cinco años de gobierno popular, en el PSOE «no nos fiamos de este equipo de Gobierno viendo los cinco años. No nos gustaría hacernos cómplices porque aprobarlo nos obliga a que cada vez que quiera subir las tasas no haya más remedio que aprobarlas». Aún así el grupo municipal socialista ha defendido que si bien no podía apoyarlo tampoco vetarlo, puesto que era importante pagar a los proveedores.
Entre las medidas que implican este plan se encuentra la creación de una servicio tributario municipal que centralice todos los cobros a la vez que persigue el fraude, la no reposición de bajas entre el funcionariado —se prevé que en los próximos seis años se eliminen al menos 30 puestos de trabajo por este procedimiento— o la revisión de los servicios externalizados para saber si se pueden asumir a menor coste desde el propio Ayuntamiento, pero también una subida generalizada de la tasas municipales para aumentar su llamado «grado de cobertura». De esta manera, según desveló el edil Sergio Muniesa las tasas deportivas han de subir hasta el 50% de su coste, actualmente está en el 20, el Mercado se disparará hasta el 90% para llegar a la autogestión, y el precio público de las entradas a los actos culturales ha de llegar al 50%.
El plan ha sido duramente criticado por prácticamente toda la oposición municipal, pero a la hora de la verdad sólo han votado en contra los concejales de Esquerra Unida. Su portavoz Fernando López-Egea ha considerado significativo que el gobierna permita a los ayuntamiento endeudarse «para pagar a los proveedores, pero no para mantener servicios», que imponga un crédito que supone un 5% de interés «sin dejarnos elegir un prestámo más ventajoso», y que sólo lo conceda a cambio de severos recortes «al igual que hace el FMI».
Egea ha considerado que existían otras vías, como el préstamo ICO, pero en vez de eso ha realizado un plan que «sólo propone subidas a los impuestos de los ciudadanos, sin tener en cuenta ni el IPC, ni la situación de las familias».
SP ha sido la formación que más receptiva se ha mostrado ante la llegada de un plan sin el cual, según ha destacado, «muchos comerciantes se quedarían sin cobrar». El portavoz Manolo González ha defendido que «en contra de lo que dice Egea» el plan sólo dice que se ha de subir la cobertura de la tasa y que eso implica que se puedan buscar fórmulas para que los parados no paguen, o abonen precio reducido, mientras que los que más tienen más abonen.
Desde el Bloc se ha lamentado que el plan presentado por Muniesa «esté consagrado a una subida de ingresos con más impuestos y presión fiscal». La edil del Bloc ha explicado que a pesar de que su formación ha participado activamente en introducir medidas en el proyecto del plan, como la nueva tasa para cajeros automáticos que se encuentren en la calle, la revisión de la externalización y la introducción de medidas para evitar que la revisión catastral triplicara el impuesto de lBI, su formación no podía aprobar ante la poca precisión que tenía un plan que afectará al consistorio durante 10 años, y cuya última versión habían recibido hora y media antes de que se iniciara el Pleno. Garcia también ha destacado que el desfase de dos millones se ha producido por no haber presentado un presupuesto municipal desde el año 2009.
En similares términos se ha expresado Nuria Hernández, quien suele ocuparse del área económica en el Grupo Municipal Socialista. La edil socialista ha asegurado que en su grupo se apoya «el espíritu básico del texto, que es pagar a los proveedores puesto que el que ha hecho el trabajo ha de cobrar, pero también somos conscientes de que nos va a salir muy caro».
Hernández ha asegurado que el plan de ajuste «tiene muy buenas intenciones, pero no debe limitarse a que se reduzca sólo a subir los impuestos y las tasas, ha de recudicrse los costes, y a no cubrir plazas de funcionarios», y que, tras cinco años de gobierno popular, en el PSOE «no nos fiamos de este equipo de Gobierno viendo los cinco años. No nos gustaría hacernos cómplices porque aprobarlo nos obliga a que cada vez que quiera subir las tasas no haya más remedio que aprobarlas». Aún así el grupo municipal socialista ha defendido que si bien no podía apoyarlo tampoco vetarlo, puesto que era importante pagar a los proveedores.
