Los grupos municipales de Esquerra Unida, Bloc-Compromís y PSPV-PSOE presentarán al Pleno Municipal que se celebrará mañana una moción conjunta, en la que se pedirá la derogación del Decreto-Ley 1/2012 de la Generalitat Valenciana—precisamente el Decret con las primeras medidas de la llamada austeridad presupuestaria del gobierno autonómico—el apoyo a las movilizaciones que se convoquen contra este decreto, así como la dimisión del Conseller José Manuel Vela, al que consideran responsable de la «elaboración y ejecución de los presupuestos en las últimas legislaturas».
Para los tres partidos firmantes, el Consell de la Generalitat pretende «ahorrar más de 1.000 millones de euros de la forma más sencilla: recortando salarios y servicios», y recuerdan que el «despilfarro de los recursos públicos» no lo han provocado los trabajadores y por lo tanto consideran injusto que ahora se pretenda salir de la situación «perjudicando principalmente a los más débiles», y acusa al gobierno valenciano de haber «dilapidado los recursos públicos con una política clientelar basada en los grandes eventos, la especulación urbanística y la privatización de los servicios públicos».
Además el texto de la moción considera que las medidas aprobadas «no pretenden racionalizar, ni ordenar, las administraciones públicas, ni el sector público, sino más bien, quieren hacer caja a costa de echar mano de los salarios de los trabajadores y trabajadoras». Los firmantes consideran las medidas del Consell «el mayor ataque de la historia» al sector público, y denuncian que incluyen el despido de hasta un 25% del personal interino del sector público, despidos que, según apuntan, en algunos casos serán definitivos y en otros sólo se harán sólo para ahorrarse así las vacaciones de verano.
La moción apuesta por reducir la deuda eliminado los grandes eventos que no den dinero, buscando alternativas de uso a las grandes infraestructuras ruinosas que ha construido el Consell durante estos años, y acabando de una vez por todos los sobrecostes de los edificios emblemáticos. También piden que se apliquen medidas fiscales que graven la especualción, y recuperar los impuestos para las clases más altas como el impuestos de donaciones, sucesiones y partrimonio.
Para los tres partidos firmantes, el Consell de la Generalitat pretende «ahorrar más de 1.000 millones de euros de la forma más sencilla: recortando salarios y servicios», y recuerdan que el «despilfarro de los recursos públicos» no lo han provocado los trabajadores y por lo tanto consideran injusto que ahora se pretenda salir de la situación «perjudicando principalmente a los más débiles», y acusa al gobierno valenciano de haber «dilapidado los recursos públicos con una política clientelar basada en los grandes eventos, la especulación urbanística y la privatización de los servicios públicos».
Además el texto de la moción considera que las medidas aprobadas «no pretenden racionalizar, ni ordenar, las administraciones públicas, ni el sector público, sino más bien, quieren hacer caja a costa de echar mano de los salarios de los trabajadores y trabajadoras». Los firmantes consideran las medidas del Consell «el mayor ataque de la historia» al sector público, y denuncian que incluyen el despido de hasta un 25% del personal interino del sector público, despidos que, según apuntan, en algunos casos serán definitivos y en otros sólo se harán sólo para ahorrarse así las vacaciones de verano.
La moción apuesta por reducir la deuda eliminado los grandes eventos que no den dinero, buscando alternativas de uso a las grandes infraestructuras ruinosas que ha construido el Consell durante estos años, y acabando de una vez por todos los sobrecostes de los edificios emblemáticos. También piden que se apliquen medidas fiscales que graven la especualción, y recuperar los impuestos para las clases más altas como el impuestos de donaciones, sucesiones y partrimonio.
