Los ediles y el diputado de EU en la rueda de prensa que dieron en el Centro Cívico
Que el Gobierno valenciano haya sido «intervenido de facto» por el Gobierno central, para Blanco, quien está gobernando en estos momentos en la Comunitat es Rajoy. «De facto hemos perdido todo tipo de autonomía fruto del despilfarro, de la mala gestión, de la ruina a la que el PP de Zaplana Camps y ahora Fabra ha llevado a la Comunitat Valenciana, a la situación en la que no puede asumir los vencimientos con los bancos ni los pagos de facturas a proveedores, es incapaz de atender sus obligaciones».
Asegura el diputado que en 2012 vencen préstamos de la Generalitat por más de 4.000 millones de euros, y con un presupuesto de 13.000 millones euros va a ser imposible hacer esos pagos. Ha recordado Blanco que el Consell, no ha cesado de renegociar la deuda dejando lel pago para el futuro, «pero el futuro ya está aquí, y ahora tenemos que empezar a pagar las deudas que Zaplana asumió con su política de gastos para obras faraónicas y las de Camps. Pero ahora los bancos no renegocian deuda con la Generalitat que está calificada como bono basura, por lo que ha tenido que salir el Gobierno central al rescate». Lo que considera este diputado más grave, para la clase trabajadora son las medidas de recorte que en su opinión van a «agravar la crisis, van a aumentar el paro, van a degradar los servicios públicos y van a suponer un drama social para los valencianos».
En cuanto a los efectos de los recortes, ha enumerado este parlamentario, la falta de calefacción en colegios y la amenaza de cortar la luz por impago de la factura, el recorte de gastos en limpieza, el cierre de plazas hospitalarias «y se dice que hospitales públicos de construcción reciente van a ser vendidos a la empresa privada, o el caso que no hay ni para sellos en los juzgados». Las causas de esta situación son para EU, el fracaso de una política neoliberal, el fracaso particularmente acentuado en España y en la Comunitat, de la burbuja inmobiliaria que fue promovida del PP y del PSOE. También por el despilfarro en grandes eventos en obras faraónicas en fastos, «a mayor gloria del gobernante de turno y en este caso de Camps que llevó este fenómeno al paroxismo».
Abundando en las cuentas subraya el diputado de EU que el presupuesto de este año, a pesar de que se han recortado los sueldos de los funcionarios y trabajadores públicos, se han consignado 240 millones de euros para grandes proyectos. Como ejemplo de esa «nefasta política» señala los 300 millones de euros en el aeropuerto sin aviones de Castellón que cuesta 300.000 euros al mes de mantener y que la Ciudad de las Artes y las ciencias —sin finalizar—lleva 1.300 millones de inversión.
Blanco califica el modelo económico «de desarrollo insostenible vinculado al urbanismo salvaje y al despilfarro de grandes eventos, como dos fenómenos muy ligados a la corrupción y, al margen de las actitudes personales, este es un modelo que favorece la utilización de las instituciones para el lucro privado».
Denuncian desde EU, las consecuencias de la política que se está llevando para afrontar esta situación y critican a Fabra y a Rajoy, porque no tocan los intereses de los poderosos. «No se atreven con los bancos no se atreven con la iglesia, no se atreven con los beneficios empresariales de las grandes multinacionales, no se atreven a reponer el impuesto de patrimonio, que grava a propiedades superiores a 700.000 euros. No tocan los intereses de los poderosos, pero si atacan los derechos laborales y sociales de la mayoría y desmantelan el estado del bienestar con una política clasista, orientada a sacar beneficio de la crisis. Sube los impuestos a las rentas de trabajo por encima de las rentas de capital, y ha congelado el salario mínimo interprofesional, por primera vez en la historia».
Este decreto del Consell Valenciano supone, a juicio de Blanco, un «brutal ataque» a los derechos salariales de los empleados públicos. Profesionales de la sanidad puede ver recortados sus sueldos hasta en 570 euros y profesionales de la enseñanza pueden perder hasta 300 euros mensuales y trabajadores temporales de la administración pueden ver reducida su jornada y salario en un tercio, pasando a cobrar 700 euros «y eso es una vergüenza. Y lo peor de todo esto, es que está orientado a criminalizar lo público a estigmatizar a los trabajadores del sector público, para intentar dividir a la clase trabajadora y considerar privilegios lo que son derechos». Además de anunciar despidos, se hace un recorte presupuestario en sanidad de 440 millones de euros, entre otras.
«No son recortes temporales»
Sostiene este diputado que las medidas se plantean como temporales pero no lo son, porque el decreto «no recoge que se vaya a recuperar el poder adquisitivo, ni que los interinos de educación que despidan el 30 de junio vayan a ser contratados y lo peor, no sabemos si ésto es el primer hachazo». Entienden en EU que es su obligación plantear alternativas, favorecer la movilización social y concienciar a la gente de que hay que responder «con contundencia a estas agresiones, porque pueden venir más».
En ese sentido la campaña esta orientada: a la defensa de lo público, por otro modelo de política económica, planteando sus alternativas, que van por el recorte de gasto superfluos, por la exigencia de la devolución de los pagos indebidos como las obras de Calatrava. A nivel estatal proponen «derogar el concordato y otras subvenciones a la iglesia católica y recortar privilegios, y eso se hace a través de una reforma fiscal que grave a las grandes fortunas, que establezca un impuesto sobre los beneficios de la banca y que cambie la tributación de las Sicaps, y luchar contra el fraude fiscal a través del cual, se podrían conseguir los recursos necesarios para hacer las políticas fiscales que necesita la sociedad española, creando además una banca pública, entre otras medidas alternativas que consideramos posibles».
